Violencia de género

La violencia que queda fuera del registro

Tiempo de lectura: 16 min

Quién decide qué cuenta como violencia digital contra las mujeres en veinte países africanos

·AIthropology Lab
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Foto de grupo en Lusaka con carteles sobre la participación en internet.
Participantes en el encuentro «Decolonizing the Internet East Africa», que la red africana de mujeres FEMNET y la campaña Whose Knowledge? organizaron en Lusaka (Zambia) el 26 y 27 de septiembre de 2022 con feministas de África oriental. Los carteles piden recuperar y reconstruir internet «con y para todas las personas» y recuerdan el lema «nada sobre nosotras sin nosotras». La fotografía es anterior al estudio y no guarda relación con él ni con los casos que recoge. Imagen reducida de tamaño. · Namukolo Siyumbwa (Eness Photography) / Whose Knowledge? · CC BY-SA 2.0

El 3 de noviembre, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos publicó para consulta el borrador del primer estudio continental sobre la violencia digital contra las mujeres y convocó para el miércoles 11 de noviembre una sesión en línea con las dos relatoras responsables del estudio. El estudio repasa veinte países y concluye que ninguno tiene una ley específica, integral y con perspectiva de género que reconozca esa violencia en su conjunto. Casi ninguno la mide de forma sistemática, y la que se ejerce con contenidos generados con inteligencia artificial carece en todos ellos de una respuesta legal propia.

El borrador se titula Digital Violence Against Women in Africa. A Continental Study. Lo encargó la Comisión Africana, el órgano de la Unión Africana que vigila el cumplimiento de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y lo produjeron el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria y la organización Equality Now. Según el propio documento, lo compiló Sigi Waigumo Mwanzia, fundadora del Digital Rights and Freedoms Regional Hub, a partir de cinco informes regionales. Lo revisaron las comisarias Janet Ramatoulie Sallah-Njie y Ourveena Geereesha Topsy-Sonoo, relatoras de la Comisión sobre los derechos de las mujeres y sobre la libertad de expresión y el acceso a la información.

El estudio nace de dos resoluciones de la Comisión. La 522, de 2022, pidió a los Estados que ampliaran sus definiciones de violencia de género para incluir la digital, y la 591, de 2024, encargó el estudio. Una tercera, la 665, del 31 de julio de este año, prorrogó un año el plazo para terminarlo. Las aportaciones escritas se reciben hasta el 4 de diciembre, en inglés, francés o portugués y en un máximo de cinco páginas. Una de las seis preguntas de la convocatoria es si hay asuntos relacionados con los contenidos generados con inteligencia artificial, los deepfakes y las tecnologías emergentes que requieran más atención.

Un estudio hecho de informes

El método condiciona lo que el estudio puede decir, y el propio texto lo explica con franqueza. Es una síntesis de los cinco informes regionales, que combinaron el análisis de leyes, sentencias y literatura con entrevistas a organizaciones, a responsables públicos y a proveedores de internet, y en algunas regiones con grupos de discusión y encuestas a supervivientes. El estudio continental no publica los datos primarios de esos informes. Cubre de 2019 a junio de 2026 y elige cuatro países por región. En África central, Camerún, Chad, la República Democrática del Congo y Gabón; en África oriental, Etiopía, Kenia, Ruanda y Tanzania continental; en el norte, Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez; en África austral, Botsuana, Mauricio, Mozambique y Sudáfrica, y en África occidental, Gambia, Ghana, Nigeria y Senegal. Son veinte de los cincuenta y cinco Estados de la Unión Africana.

El equipo advierte que, en muchos de esos países, los datos oficiales y desglosados sobre violencia digital no existen, y que sus cifras deben leerse como indicativas de la escala del problema, sin sumarlas en una estimación continental. En sus conclusiones, el borrador afirma que aproximadamente una de cada tres mujeres encuestadas o entrevistadas ha sufrido violencia digital, aunque no explica cómo obtiene esa proporción a partir de investigaciones con muestras y preguntas diferentes. La cifra no permite estimar cuántas mujeres la sufren en el conjunto del continente. En el norte de África, las estimaciones van del 11 % al 89 %, una horquilla que el estudio atribuye a la incompatibilidad de las metodologías nacionales.

Esa ausencia de datos es uno de los hallazgos. Ninguno de los cuatro países de África oriental tiene una base de datos nacional sobre violencia de género que incluya la digital, y las estadísticas de ciberdelitos de Kenia, Ruanda y Tanzania no distinguen el sexo de quienes los sufren. Mauricio es la excepción del estudio, el único de los veinte con un sistema de seguimiento específico, basado en el panel de datos de su Consejo de Investigación e Innovación y en su equipo nacional de respuesta a incidentes informáticos. El panorama ha empezado a moverse después de que el estudio cerrara su recogida de datos. A comienzos de noviembre, la Oficina Nacional de Estadística de Kenia presentó su encuesta demográfica y de salud de 2025-2026, que incluye por primera vez un módulo sobre la violencia de género facilitada por la tecnología. Según los resultados publicados, el 26 % de las mujeres de 15 a 49 años la ha sufrido alguna vez, y maridos y parejas figuran entre quienes más la ejercen. El 3 de noviembre, «Contar a las que faltan» recordaba con la antropóloga Sally Engle Merry que quien define un indicador decide qué cuenta como problema. El estudio continental describe las consecuencias de no tenerlo. Sin una cifra de partida, escribe, los Gobiernos no pueden dimensionar el problema, asignar recursos ni medir avances, y la falta de denuncias alimenta un vacío de datos que facilita no darle prioridad.

El estudio se suma a un trabajo que organizaciones africanas venían haciendo desde antes. Pollicy, en Uganda, publicó ya en 2020 investigaciones feministas sobre la violencia en línea en cinco países del continente, y buena parte de lo que el borrador sintetiza procede del trabajo de organizaciones, periodistas e investigadoras que llevan años documentándola.

Leyes que no ven y leyes que castigan

Diecisiete de los veinte países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Protocolo de Maputo, el tratado africano sobre los derechos de las mujeres. Ninguno, según el estudio, ha aprobado una ley específica e integral sobre la violencia digital contra las mujeres. Solo Tanzania la ha incorporado a un plan nacional, sin que eso se haya traducido todavía en una ley. En todos, también en Tanzania, las supervivientes recurren a leyes de ciberdelitos, de difamación o de moral pública que les ofrecen una protección parcial y que no se pensaron para su caso.

El estudio subraya un efecto de esas leyes. En la República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Ruanda y Tanzania, los artículos sobre las buenas costumbres, las publicaciones obscenas o la decencia pública pueden aplicarse a la mujer cuya imagen íntima se difundió sin su consentimiento con la misma facilidad que a quien la difundió, también cuando la imagen se fabricó o se manipuló con inteligencia artificial. La superviviente corre así el riesgo de sufrir la agresión y después una aplicación de la ley que la sanciona a ella. Las mismas normas pueden volverse contra la expresión de las propias mujeres. El informe del norte de África cita el caso de la modelo egipcia Salma al-Shimy, condenada en primera instancia en abril de 2023 a dos años de prisión y una multa por sus propios vídeos en redes, acusada de «violar los valores familiares». En noviembre de ese año, un tribunal de apelación anuló la pena de prisión y mantuvo la multa. El borrador fecha la condena en 2024 y no recoge la apelación. En Sudáfrica, el estudio describe a presuntos agresores que usan demandas por difamación y órdenes de protección para hacer callar a quienes los denuncian. Pumla Dineo Gqola, cuya fábrica del miedo femenino aparecía el martes en la nota sobre Sudáfrica, contaba en una entrevista de 2023 que su trabajo posterior a 2015, recogido en Female Fear Factory (2021), se extendió a las contrademandas de agresores condenados.

Donde la ley existe, falla la aplicación. Según el estudio, policías y jueces desconocen con frecuencia las normas aplicables o tratan la violencia digital como un asunto privado o familiar, y las pruebas digitales se pierden, se recogen mal o no se admiten. En África occidental, según los datos que recoge el estudio, solo el 23 % de quienes la sufren denuncia, y el 78 % de quienes no lo hacen dice que no confía en el resultado.

Plataformas, pruebas y lenguas

El estudio documenta imágenes sexuales fabricadas con inteligencia artificial en las cinco regiones, dirigidas sobre todo contra mujeres con presencia pública, y ninguno de los veinte países tiene normas pensadas para ellas. Ninguno de los cuatro de África oriental contempla en sus reglas de prueba los contenidos sintéticos, y las supervivientes cuentan que no consiguen reparación por las dificultades para aportar pruebas. El documento menciona a Grok, el asistente de inteligencia artificial de X, y señala que usuarios lo han utilizado para generar imágenes de mujeres y niñas desnudas; según el mismo texto, ese uso sigue en gran medida sin regulación específica en los veinte países. En enero de 2026, tras las críticas y las investigaciones abiertas en varios países, X anunció que impediría editar con Grok imágenes de personas reales para mostrarlas con ropa reveladora, y que bloquearía la generación de esas imágenes en las jurisdicciones donde sea ilegal, una condición que devuelve la pregunta a las leyes de cada país.

El estudio atribuye responsabilidades a las empresas y a los Gobiernos. Según el borrador, las plataformas invierten en seguridad en los mercados africanos mucho menos que en los que les dan más ingresos, moderan mal o no moderan los contenidos en lenguas locales y amplifican lo que genera interacción aunque haga daño. En África occidental, según los datos que recoge el estudio, tardan una media de 72 horas en responder a una denuncia de violencia de género en línea. Los Gobiernos apenas les exigen cuentas y, en varios de los países analizados, dice el estudio, se muestran más dispuestos a regular la disidencia en internet que a frenar la violencia contra las mujeres. Entre sus recomendaciones figuran la inversión obligatoria en moderación en lenguas locales, plazos máximos de respuesta, evaluaciones del daño que causan los algoritmos a las mujeres y vías rápidas para retirar contenidos.

La lengua es una barrera que, según el estudio, suele pasar inadvertida. En Senegal, el 87 % de los materiales sobre seguridad digital está solo en francés, lo que deja fuera a un 38 % estimado de los usuarios de redes sociales que lo leen con dificultad. El documento concluye que el diseño de los sistemas de apoyo puede reproducir las desigualdades que pretende corregir, y pide que la información esté disponible en las lenguas que la gente habla en su vida diaria. La propia consulta tiene un límite parecido. La convocatoria se publicó también en árabe, pero las aportaciones solo se admiten en inglés, francés y portugués, aunque el estudio cubre cinco países donde el árabe es lengua oficial, los cuatro del norte de África y Chad, y la Unión Africana reconoce también como lenguas oficiales el suajili y el español.

Tres episodios en Kenia

Tres episodios recientes en Kenia permiten ver algunas de las tensiones que describe el estudio. El 13 de marzo, Africa Check desmintió imágenes y un vídeo generados con inteligencia artificial que mostraban a la gobernadora de Homa Bay, Gladys Wanga, en una situación falsa durante un acto religioso. Antes de abril circuló por varias redes un vídeo falso de contenido íntimo atribuido a la senadora Karen Nyamu, fabricado, según contó en The Standard la periodista Maryann Muganda, a partir de una fotografía de 2024. Nyamu era la promotora del primer proyecto de ley keniano sobre inteligencia artificial, que incluía penas de prisión para los deepfakes dañinos. En un informe que se conoció en octubre, la comisión de tecnologías de la información del Senado recomendó no seguir adelante con el proyecto porque consideró sus multas y sus obligaciones demasiado duras para un sector incipiente. El pleno no lo ha votado, y el país sigue sin una ley específica de inteligencia artificial. La respuesta puede llegar por otra vía. Un comité del Consejo Nacional de Administración de Justicia, presidido por Christine Kungu, de la federación de abogadas Fida-Kenya, ha propuesto reformar la ley de delitos sexuales de 2006 para castigar, entre otras conductas, la creación y difusión de imágenes sexuales generadas o alteradas con inteligencia artificial. La propuesta todavía tiene que pasar por el Parlamento.

El tercer episodio queda fuera del estudio. En febrero, los diarios suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten publicaron, a partir de entrevistas con más de treinta trabajadores, que empleados de Sama en Nairobi, una empresa de subcontratación que etiquetaba datos para Meta, revisaban grabaciones de las gafas inteligentes de la compañía para entrenar sus sistemas. Según esos testimonios, entre el material había escenas íntimas grabadas en casas, incluida una en la que una mujer, al parecer, no sabía que la estaban grabando. En abril, tras perder el contrato con Meta, Sama anunció el despido de 1.108 trabajadores. Las grabaciones de las gafas llegaron así a equipos subcontratados en Nairobi, que revisaban escenas íntimas de personas que podían ignorar que alguien las vería, y fueron esos trabajadores quienes, al contarlo, permitieron conocer el caso.

Lo que la definición deja fuera

Un estudio continental puede dar la impresión de describir una realidad homogénea, y el equipo lo evita de forma expresa. Los veinte países tienen sistemas jurídicos, lenguas, conectividad y conflictos muy distintos, y el texto insiste en que sus conclusiones no pueden aplicarse por igual a todos los Estados. Lo que encuentra en contextos tan distintos son mecanismos que se repiten. La violencia digital nace de las mismas normas patriarcales que la violencia fuera de la red, y la red la hace más rápida, más anónima y más difícil de borrar. El estudio documenta ciberacoso que precede a feminicidios en Kenia y Tanzania, mujeres que han tenido que mudarse en Etiopía y Sudáfrica después de que se publicara su dirección y estudiantes de Mozambique empujadas al silencio por imágenes íntimas. Habla por eso de un continuo entre lo digital y lo físico, y considera que las leyes que los tratan como fenómenos separados fallan a las supervivientes.

La definición también decide quién entra. El estudio dice guiarse por la resolución 591, examina la violencia dirigida contra mujeres y niñas y excluye expresamente de su definición a las personas trans, no binarias y de género no conforme. Esa delimitación deja fuera a las mujeres trans de una investigación dedicada a la violencia contra las mujeres, aunque el propio estudio reconoce que las personas LGTBI están entre las más expuestas. Los datos son casi inexistentes, añade, sobre las mujeres con discapacidad, las migrantes, las refugiadas o las que viven en zonas de conflicto. El 9 de noviembre, este especial se ocupó del ataque a mujeres trans y travestis en Buenos Aires. El primer estudio continental sobre esta violencia ha tenido que decidir, como todo recuento, a quién incluye, y su versión final dirá si la consulta cambia esa decisión.

Lo que viene

La Comisión prevé presentar una versión definitiva en una sesión ordinaria posterior, una vez examinadas las aportaciones. Entre sus recomendaciones figuran leyes integrales elaboradas con las supervivientes y las organizaciones de mujeres, la derogación de las normas que criminalizan a las supervivientes, formación para la policía y los jueces, datos desglosados, información en las lenguas locales y responsabilidades exigibles a las plataformas. Parte del marco regional ya existe. La Convención de la Unión Africana para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, adoptada en febrero de 2025, incluye el ciberespacio, pero necesita quince ratificaciones para entrar en vigor y a comienzos de noviembre solo constaban las de Gambia y Ghana. El 25 de noviembre empiezan los 16 días de activismo de Naciones Unidas, y la Comisión recibe aportaciones hasta el 4 de diciembre.

Esta nota se ha escrito desde España a partir del borrador del estudio, de la convocatoria de la Comisión Africana y de prensa keniana, sudafricana y sueca. La nota se basa en el borrador previo a la consulta del 11 de noviembre. Tampoco hemos entrevistado a quienes elaboraron el estudio ni a las mujeres citadas. El borrador puede cambiar tras la consulta, y las cifras corresponden a la versión publicada el 3 de noviembre.

Fuentes