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Contar a las que faltan

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Feminicidio, datos e inteligencia artificial. Quién decide qué muertes cuentan

·AIthropology Lab
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Antimonumenta contra el feminicidio en la avenida Juárez, Ciudad de México, con cruces rosas y velas.
La antimonumenta contra el feminicidio de la avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, con las cruces rosas y las velas que colocaron las familias, el 26 de noviembre de 2019, al día siguiente de una marcha del 25N. · Thayne Tuason · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Cada 3 de noviembre, el Día de las Muertas recuerda en la Ciudad de México a las mujeres asesinadas y desaparecidas. Mientras las familias reclaman verdad y justicia, activistas de todo el continente levantan registros propios que discuten las cifras oficiales, y algunas usan ya inteligencia artificial para encontrar casos. Su experiencia muestra que contar obliga a decidir qué es violencia y quién tiene autoridad para nombrarla.

El día después del Día de Muertos, cuando en muchas casas de México se retiran las ofrendas, un grupo de familias sale a la calle con cruces que llevan nombres. Es el Día de las Muertas, que familias del colectivo Voces de la Ausencia, acompañadas por la periodista Frida Guerrera, convocaron por primera vez el 3 de noviembre de 2018. Lo hicieron para recordar a las mujeres asesinadas por razones de género y a las que siguen desaparecidas, con la consigna «no murieron, las mataron». En 2024 las familias salieron del Zócalo de la Ciudad de México y caminaron por 5 de Mayo, el Eje Central y la avenida Juárez, donde familiares de víctimas y colectivos feministas instalaron el 8 de marzo de 2019 la antimonumenta que ilustra esta nota. Siguieron por el Paseo de la Reforma hasta otra antimonumenta, en el cruce con la avenida de los Insurgentes, junto a la glorieta de Cuauhtémoc. «Es la sexta marcha que hacemos, no queremos que el feminicidio sea una tradición», decía entonces Frida Guerrera. La fecha no figura en el calendario oficial y se mantiene porque las familias vuelven cada año.

Este 3 de noviembre coincide con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Mientras allí se cuentan votos, en México las familias exigen que se investigue y se registre lo que las instituciones todavía no registran bien.

Una cifra con letra pequeña

El radar con el que AIthropology Lab abrió ayer este especial recordaba que unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024 por sus parejas u otros familiares, según la estimación que ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicaron en noviembre de 2025. Son unas 137 al día, una cada diez minutos.

La cifra tiene letra pequeña. Ese año fueron asesinadas intencionalmente unas 83.000 mujeres y niñas en todo el mundo, y la estimación de 50.000 corresponde a los casos atribuibles a parejas y familiares, alrededor del 60 %. Los asesinatos de mujeres por razones de género cometidos fuera del ámbito familiar son mucho más difíciles de identificar y de comparar entre países, y quedan fuera de esa estimación. El propio informe advierte, además, que la diferencia con los 51.100 casos estimados para 2023 se explica sobre todo porque cambió la cantidad de países que entregaron datos.

La cifra mundial más citada se parece, por tanto, más a un suelo que a un total. Mide sobre todo la violencia letal en la pareja y la familia, con las categorías que usan los Estados, que no coinciden del todo con las que los movimientos feministas llevan décadas defendiendo.

De femicide a feminicidio

En 1992, Jill Radford y Diana Russell reunieron en Femicide: The Politics of Woman Killing una serie de textos que trataban el asesinato de mujeres por ser mujeres como un hecho político, con causas y responsables que van más allá de cada agresor. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde trasladó la idea al castellano en los años noventa y le dio un alcance propio. «Feminicidio» incorporaba la impunidad, es decir, la responsabilidad del Estado que no previene, no investiga y no castiga. Lagarde lo pensó a partir de Ciudad Juárez y lo desarrolló, entre otros textos, en «Del femicidio al feminicidio», publicado en 2006. Por los mismos años, Rita Segato leyó aquellos crímenes como una escritura en el cuerpo de las mujeres, un mensaje de poder y de dominio territorial dirigido a toda la sociedad.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a México en el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, por incumplir sus deberes de prevenir e investigar los asesinatos de tres jóvenes cuyos cuerpos aparecieron en 2001 en un campo de algodón de Ciudad Juárez. La sentencia señaló también los estereotipos de género de las propias autoridades. Tres años después, en 2012, el feminicidio entró en el Código Penal Federal mexicano como delito propio.

La formulación de Lagarde abrió una disputa que sigue viva sobre qué se cuenta cuando se cuenta el asesinato de una mujer. Las definiciones legales varían entre países, y las de los colectivos feministas también. Un homicidio en la pareja se puede registrar en una estadística policial. Hablar de feminicidio obliga a preguntar, además, qué hizo o dejó de hacer el Estado.

Contar desde abajo

Mucho antes de los mapas digitales, en la Ciudad Juárez de principios de los noventa, la activista Esther Chávez Cano empezó a guardar recortes de prensa sobre las mujeres asesinadas y desaparecidas y a llevar su propio registro de casos. Su archivo, que hoy conserva la Universidad Estatal de Nuevo México, sigue siendo una fuente para quienes investigan aquellos crímenes.

Otras mujeres retomaron ese trabajo con herramientas nuevas. En Uruguay, Helena Suárez Val registra desde 2015 los feminicidios del país en una base de datos que publica en un mapa, y ha documentado lo que llama «datos discordantes», las diferencias entre los registros oficiales y lo que aparece en la prensa. En México, la ingeniera geofísica María Salguero empezó en 2016 un mapa nacional de feminicidios hecho a partir de noticias. Salguero clasifica los casos con el Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, más amplio que el Código Penal de la capital. Con esa definición, su registro contaba 104 feminicidios en la Ciudad de México en 2016, cuando el Instituto de las Mujeres de la ciudad reconocía 39. La definición decide el número. Salguero decidió que cada punto del mapa llevara el nombre de la víctima, porque, como ha repetido en entrevistas, no son cifras.

Es un trabajo sostenido de documentación y de duelo. Consiste en leer cada día noticias de asesinatos, decidir si encajan en una definición, buscar el nombre, la edad, el lugar, y volver a leer cuando aparece un dato nuevo. Se paga con tiempo propio y deja huella en quien lo hace.

La máquina que lee noticias

En agosto de 2019, Suárez Val, la investigadora Silvana Fumega y Catherine D’Ignazio, del Data + Feminism Lab del MIT, empezaron a gestar Data Against Feminicide, un proyecto que trabaja con activistas de América y de África subsahariana. Una de sus herramientas es un sistema de alertas por correo electrónico. El sistema toma noticias de archivos periodísticos. Un clasificador de aprendizaje automático selecciona las que parecen tratar de un feminicidio, agrupa las que hablan del mismo caso y las envía a cada grupo. Los grupos que lo probaron contaron que les ahorraba tiempo, y algunos encontraron cada semana casos que de otra forma no habrían visto.

La herramienta se diseñó con las activistas, y sus definiciones de feminicidio, que no son iguales en todos los países ni en todos los grupos, entraron en el entrenamiento del modelo. Al principio, el equipo pensó en un sistema que encontrara los casos, los verificara y los guardara directamente en la base de datos. Las activistas se negaron. Como explicó D’Ignazio a MIT News en junio de 2024, no querían «una automatización completa», porque ser testigas de cada caso, con la carga emocional que supone, forma parte del trabajo. La decisión final sobre si un caso es un feminicidio sigue siendo de una persona.

La documentación del proyecto recoge también un límite. En las primeras pruebas, el clasificador funcionó peor para los grupos de Estados Unidos que registran feminicidios racializados, como las muertes de mujeres negras a manos de la policía, y el equipo tuvo que desarrollar modelos específicos para esos casos. Entre las causas pesa la propia fuente. Si la máquina aprende de la prensa, aprende también qué muertes la prensa considera noticia, y la cobertura es más pobre en unas comunidades que en otras. Una herramienta así puede ahorrar horas de lectura y reproducir a la vez la invisibilidad que pretendía corregir.

D’Ignazio recogió esta experiencia en Counting Feminicide: Data Feminism in Action (MIT Press, 2024), un libro de acceso abierto sobre lo que llama ciencia de datos restaurativa o transformadora, la que usa los datos primero para reparar a las comunidades dañadas por la violencia y después para intentar acabar con ella.

Quién tiene autoridad para contar

En The Seductions of Quantification, su libro de 2016, la antropóloga Sally Engle Merry mostró que los indicadores sobre violencia de género o trata de personas deciden qué cuenta como problema, a quién se escucha y qué políticas parecen razonables. El conteo feminista de feminicidios es una disputa sobre esa autoridad. Quien define la categoría decide qué muertes aparecen, y por las que aparecen se puede reclamar justicia.

La inteligencia artificial puede ampliar la búsqueda de casos y reducir el tiempo de lectura. Las categorías, sus límites y las decisiones sobre qué se publica siguen exigiendo deliberación humana, y las propias activistas las discuten entre países. En Data Against Feminicide, lo decisivo es qué parte del trabajo queda en manos humanas, quién decide las categorías y a quién sirve el registro.

Contar también tiene riesgos. Un nombre en un mapa puede ser un acto de memoria y, a la vez, una exposición que algunas familias no desean. Los proyectos más cuidadosos lo saben y lo discuten. Esta nota no incluye nombres ni imágenes de víctimas, y en la fotografía solo aparece el memorial, con las cruces que las propias familias colocaron.

También en el norte

La falta de conteo afecta también a Estados Unidos. D’Ignazio lo recuerda al hablar de las instituciones de su propio país, que tampoco cuentan bien estas muertes. Allí, Dawn Wilcox, enfermera escolar en el área de Dallas, empezó hacia 2016 a reunir por su cuenta los casos de mujeres asesinadas por hombres, porque las estadísticas federales que encontró eran fragmentarias y anónimas. Su proyecto, Women Count USA, incluye casos de décadas anteriores y supera ya los 14.000 registros. Mientras ese país cuenta votos, ese registro sigue dependiendo del trabajo voluntario de su fundadora.

Hacia el 25N

Las familias que impulsan el Día de las Muertas reclaman verdad, justicia y reparación, exigencias que la Corte Interamericana puso en el centro con Campo Algodonero. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer presentó el 23 de octubre su Recomendación General número 41, sobre el desmantelamiento de los estereotipos de género y de las relaciones de poder que los sostienen. Durante la presentación se advirtió de que los sistemas de inteligencia artificial amplifican y reproducen esos estereotipos, y de que el género sigue en gran medida ausente de las recomendaciones sobre IA. El 25 de noviembre empiezan los 16 días de activismo de Naciones Unidas, que terminan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Registrar una muerte no garantiza que se investigue, que se repare a la familia ni que se prevenga la siguiente. La falta de registros, en cambio, dificulta exigir esas obligaciones y comprobar si las instituciones las cumplen. Saber cuántas mujeres faltan en las estadísticas es el primer paso. La pregunta que el Día de las Muertas deja para el resto de este especial es quién decide qué significa que una mujer cuente, y qué obligaciones nacen cuando, por fin, su muerte queda registrada.

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