Quince minutos en el suelo

El 21 de noviembre de 2025, a mediodía, miles de mujeres se tumbaron quince minutos en el suelo en Johannesburgo, Pretoria, Ciudad del Cabo y otros puntos de Sudáfrica mientras se leían en voz alta los nombres de mujeres asesinadas. Cada minuto representaba a una de las quince que, según la convocatoria, son asesinadas cada día en el país. La víspera, el presidente había llamado crisis nacional a la violencia de género y el feminicidio, y esa misma mañana el Gobierno anunció que los había clasificado como desastre nacional. Este 21 de noviembre vuelven a movilizarse para exigir lo que, a su juicio, aquella victoria no trajo, un plan público con presupuesto, responsables y resultados que puedan comprobarse.

La convocatoria pedía cuatro cosas. Vestir de negro en señal de duelo, no gastar dinero en todo el día, dejar el trabajo, asalariado o doméstico, y tumbarse en silencio a las doce. La organización Women For Change, fundada en 2016 por Sabrina Walter, la llamó G20 Women’s Shutdown porque caía la víspera de la cumbre del G20 de Johannesburgo, la primera celebrada en África. La dirigió a las mujeres y a las personas LGTBI y coordinó quince puntos de encuentro oficiales, entre ellos Constitution Hill en Johannesburgo, el césped de los Union Buildings en Pretoria, el paseo marítimo de Sea Point en Ciudad del Cabo y South Beach en Durban. La petición que la acompañaba reunió más de 1,1 millones de apoyos y pedía que la violencia de género y el feminicidio se declararan desastre nacional.

Antes de la huelga, el Centro Nacional de Gestión de Desastres había rechazado esa petición. Su director, Bongani Elias Sithole, respondió que la violencia de género no podía considerarse un desastre en los términos de la ley y que debía abordarse con el Plan Estratégico Nacional y las leyes ya existentes. Días después, el mismo centro cambió de criterio. El 14 de noviembre, el día en que la petición pasó del millón de firmas, el Gobierno pidió a Women For Change una reunión urgente. El jueves 20, el presidente Cyril Ramaphosa calificó la violencia de género de crisis nacional en la cumbre social del G20. En privado, según la portavoz de la organización, Cameron Kasambala, el Gobierno ya le había confirmado otra cosa. «El presidente sigue diciendo “crisis” en público, pero en nuestra reunión de ayer confirmaron que es un desastre nacional», declaró a TimesLIVE el día de la protesta. La mañana del 21, horas antes de que la gente se tumbara, el ministro de Gobernanza Cooperativa, Velenkosini Hlabisa, comunicó que Sithole la había clasificado como desastre nacional. Walter ha contado que recibió la confirmación cuando iba en coche al punto de Sea Point. El 24 la clasificación se publicó en el Boletín Oficial, al amparo del artículo 23 de la Ley de Gestión de Desastres de 2002. Un año después, Women For Change ha convocado una segunda huelga para el sábado 21 de noviembre de 2026. «En 2025 exigimos reconocimiento. En 2026 exigimos aplicación, financiación y rendición de cuentas», resume su comunicado.

Lo que da y lo que no da una clasificación

La ley sudafricana ofrece dos caminos ante un desastre. El artículo 23 permite clasificarlo, y en ese caso el artículo 26 encarga al Ejecutivo nacional que lo gestione con las leyes, los presupuestos y los planes de contingencia que ya existen. El artículo 27 permite declarar el estado de desastre nacional, que faculta al ministro responsable para dictar normas y órdenes de emergencia. La clasificación se hizo por la primera vía, y el propio ministerio precisó que la clasificación no daba acceso a poderes ni a fondos de emergencia.

La abogada Rethabile Mosese, que ha dirigido durante más de una década servicios jurídicos para supervivientes y prepara su doctorado en la Universidad de Pretoria, comparó en junio las dos vías en el blog del Centro de Derechos Humanos de esa universidad. En marzo de 2020, con la covid-19, el Gobierno publicó normas de emergencia en 72 horas. Con la violencia de género, según Mosese, el presupuesto nacional de febrero de 2026 no incluyó ninguna partida específica, y el discurso presidencial sobre el estado de la nación le dedicó 72 segundos de 100 minutos. El Consejo Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio, creado por una ley de 2024, seguía entonces sin constituirse; Ramaphosa nombró a sus miembros con efecto desde el 1 de agosto. En septiembre, el director ejecutivo de la Fundación Nelson Mandela, Mbongiseni Buthelezi, preguntaba qué había cambiado diez meses después y llamaba a los actos oficiales del Mes de la Mujer «pompa en plena crisis».

El Gobierno no se quedó quieto. En diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un programa de acción con cinco prioridades, de la prevención a la atención a las supervivientes. Ese programa se suma al Plan Estratégico Nacional 2020-2030, vigente desde hace seis años. Lo que Women For Change echa en falta es un plan de respuesta al desastre con coste y calendario. El 29 de septiembre de 2026, tras una serie de muertes de mujeres en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, Ramaphosa se dirigió al país desde los Union Buildings y admitió que el Gobierno no había hecho lo suficiente. Anunció una revisión nacional de los casos sin resolver, un plan financiado para reducir los retrasos forenses, auditorías de seguridad para las mujeres en todos los municipios y un paquete contra la violencia ligada al alcohol, la mayoría con plazos de 60 días que vencen a finales de noviembre, y un primer informe de seguimiento a los 90 días. El 21 de octubre, la revisión presupuestaria de medio año destinó, entre las partidas contra la violencia de género, 3.800 millones de rand repartidos en tres años para contratar a más de 3.500 profesionales del trabajo social. Women For Change reconoce esos compromisos en su nueva petición y responde con dos frases, «Un plazo no es una entrega. Una promesa no es protección». Lo que pide es que la Presidencia publique a más tardar el 21 de noviembre un plan de aplicación con coste completo, presupuesto propio y transparente, metas medibles, informes trimestrales y una persona responsable de rendir cuentas. Esa es la distancia que la segunda huelga pone en el centro, la que separa un programa aprobado de un plan que cualquiera pueda leer, medir y exigir.

Un desastre sin principio ni final

La ley sudafricana define el desastre de forma amplia, como un suceso repentino o progresivo, extenso o localizado, de origen natural o humano. Pero sus herramientas extraordinarias están pensadas para lo que llega, se gestiona y termina. Mosese recoge el argumento que podría dar el Gobierno, que el estado de desastre no sirve para la violencia de género porque esta es una condición estructural, sin el principio y el final de una crisis aguda. Le reconoce peso legal y añade que prueba demasiado, porque deja al descubierto que Sudáfrica no tiene ningún instrumento adecuado para las crisis crónicas que han cruzado el umbral de la emergencia, y que esa ausencia es en sí misma un fallo del legislador. La investigadora Lisa Vetten, que lleva décadas estudiando el feminicidio en Sudáfrica, advirtió en septiembre en el Mail & Guardian que esta violencia no puede abordarse como una emergencia temporal, porque es crónica y está ligada a factores sociales, económicos e institucionales.

La escritora y académica Pumla Dineo Gqola lo había planteado años antes desde otro lugar. En Rape: A South African Nightmare (2015) dedica el cuarto capítulo a lo que llama la fábrica del miedo femenino. La amenaza de violación, escribe, recuerda a las mujeres que no están a salvo y que su cuerpo no les pertenece, y termina por recortar sus movimientos, en el espacio y en la cabeza. Para funcionar, esa fábrica necesita que el agresor se sienta seguro, que la mujer se sepa vulnerable y que él consiga comunicar que puede herir o matar sin consecuencias. La misma amenaza, añade, recuerda a algunos hombres y a las personas trans que también pueden ser violados. Gqola desarrolló la idea en Female Fear Factory (2021), y en una entrevista de 2023 explicó que buscaba estrategias para trasladar el miedo de quienes lo sufren a quienes podrían ejercer la violencia. En el libro de 2015 sitúa la violación dentro del modo en que se ordenan en Sudáfrica el poder, el género y la raza, con raíces en la conquista colonial y en el apartheid. Leída desde Gqola, la categoría de desastre se queda corta para una violencia que organiza de forma persistente la vida cotidiana, y tumbarse en el suelo de Constitution Hill o en el césped de la sede del Gobierno es una manera de ocupar justo el espacio público que esa fábrica enseña a evitar.

Ese miedo volvió a hacerse visible en septiembre, con las muertes de mujeres en Ekurhuleni. A principios de septiembre, Elizabeth Moselakgomo, de 38 años, salió a correr desde su casa en Kempton Park y no volvió; su familia identificó su cuerpo días después. La policía investiga también las muertes de otras mujeres halladas en la zona desde julio. La policía ha hecho detenciones en algunos de esos casos y sigue investigando posibles vínculos. En el de Moselakgomo, nadie había sido acusado de su muerte a mediados de octubre. En esas semanas, el Mail & Guardian escribía sobre el miedo de las corredoras de todo el país.

La cifra

La cifra de las quince asesinadas al día circula con más de un origen, y seguirle la pista muestra lo difícil que es saber cuántas son. Mosese la atribuye a estudios del Consejo Sudafricano de Investigación Médica y de Gender and Firearms Studies Africa. Vetten documentó que, para el año 2023-2024, una presentación de la policía registró 5.578 mujeres asesinadas, unas quince al día, mientras que la suma de los informes trimestrales de esa misma policía daba 3.839, algo más de diez al día, y su informe anual, 3.485, algo menos de diez. Las cifras están en el Mail & Guardian del 14 de septiembre. La de 5.578 es también la que Women For Change convirtió en objeto. En abril de 2025, cuando entregó su petición en los Union Buildings, lanzó la campaña Unbury The Casket (en su web, The Unburied Casket) con un ataúd que llevaba 5.578 cuentas moradas, una por cada mujer asesinada en un año.

El informe policial del cuarto trimestre de 2024–2025 se publicó sin el desglose de delitos contra mujeres y menores, alegando anomalías importantes, como duplicaciones y totales anuales que no cuadraban con la suma de los trimestres. Durante el ejercicio 2025-2026 sus informes trimestrales salieron sin ese desglose, como documentó Daily Maverick. El de abril a junio de 2026, presentado a finales de agosto, volvió a dar un dato, 569 mujeres asesinadas según el recuento verificado, algo más de seis al día. En ese trimestre, el número total de asesinatos bajó un 5,9 % respecto al mismo trimestre del año anterior, y el Mail & Guardian tituló que las cifras caen pero las mujeres siguen siendo asesinadas.

Hay además un problema previo. Esas estadísticas cuentan mujeres asesinadas, y no todas ellas son feminicidios en sentido estricto. El derecho sudafricano no tipifica el feminicidio como delito propio y la policía lo registra como asesinato. En septiembre, tras el hallazgo de los cuerpos de Ekurhuleni, Amnistía Internacional Sudáfrica pidió que se tipificara por separado. Su directora ejecutiva, Shenilla Mohamed, argumentó que mezclarlo con los demás asesinatos oculta la violencia que suele precederlo.

El 3 de noviembre, la nota «Contar a las que faltan» describía cómo las activistas mexicanas levantan registros propios porque desconfían de los oficiales. El caso sudafricano muestra otra cara del mismo problema. En Sudáfrica el Estado cuenta, pero cuenta de varias maneras a la vez, deja de publicar sus datos y los vuelve a publicar, y la consigna de las quince al día sobrevive porque ninguna cifra oficial ha conseguido sustituirla con autoridad. Mosese añade otra distancia. Cita una investigación de Rape Crisis Cape Town Trust según la cual menos de una de cada diez agresiones sexuales denunciadas termina en condena, mientras que la Fiscalía informa de tasas de alrededor del 75 % en los casos que llegan a sentencia. Las dos cifras miden cosas distintas, y por eso, a su juicio, el sistema acaba midiendo su propia actividad, cuando la pregunta que importa es si las supervivientes están más seguras. Contar, allí, es una forma de disputar quién decide si las cosas mejoran.

Una huelga de cuidados

La forma de la protesta tiene historia. El 9 de agosto de 1956, unas veinte mil mujeres marcharon a esos mismos Union Buildings contra la extensión de los pases del apartheid a las mujeres negras, y la fecha es hoy el Día Nacional de la Mujer en Sudáfrica. El 1 de agosto de 2018, el movimiento #TotalShutdown llevó otra marcha contra la violencia de género hasta el mismo edificio y entregó al Gobierno un memorando de 24 demandas. La declaración de la cumbre presidencial que se celebró en noviembre de ese año reconoce que nació de aquella movilización, y de sus compromisos nació el Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio 2020-2030. Algunas participantes de 2025 lo vivieron como una repetición. «Me recuerda a 2018, cuando tuvimos el primer shutdown y el Gobierno empezó a escuchar», dijo una de ellas a Channel Africa, y añadió que era triste tener que volver a juntarse unos años después. El movimiento #TotalShutdown ya había pedido a las mujeres que no fueran a trabajar y no gastaran dinero. La convocatoria de 2025 dio protagonismo al cuerpo tendido en el suelo y nombró de forma expresa el trabajo doméstico.

Retirar los cuidados para mostrar cuánto vale lo que no se paga es una herramienta conocida en los feminismos, de la huelga de las islandesas de 1975 a los paros feministas latinoamericanos y al 8 de marzo. Las organizadoras de 2025 la plantearon en esos términos. Kasambala explicó que querían mostrar al Gobierno «la consecuencia de nuestra ausencia social y económica». Kearabetswe Moopelo, del New Economy Hub, pidió que se reconociera el trabajo no pagado que las mujeres llevan a la espalda y lo resumió en una frase, «si paramos, el país se para».

La forma deja, con todo, una pregunta abierta. Para una trabajadora doméstica, una cuidadora sin ingresos propios o una mujer que vive de la economía informal, dejar de trabajar un día tiene un precio muy distinto del que paga una profesional con contrato, y hay cuidados que no pueden interrumpirse sin dejar sola a otra persona. En un país donde el empleo doméstico sigue recayendo sobre todo en mujeres negras, marcado por desigualdades heredadas del colonialismo y del apartheid, esa diferencia es también de raza y de clase. La geógrafa Malaika Mahlatsi, investigadora de la Universidad de Sudáfrica, planteó otra objeción el mismo día de la huelga, en una columna de Eyewitness News. Contó que no iba a participar porque estaba agotada, defendió que quedarse al margen no era una traición y describió como una exigencia brutal pedir a las supervivientes que reabran su herida en cada movilización. Llamó a su retirada «un acto radical de autopreservación». Una participante en Johannesburgo lo dijo a Channel Africa con palabras parecidas, «somos mujeres cansadas, agotadas, que viven con miedo». Una huelga de cuidados pide a las mujeres que dejen de trabajar, y al mismo tiempo les pide otro trabajo, el de llevar el cuerpo y el duelo a la calle.

La segunda huelga cae en sábado, y la convocatoria de 2026 se apoya más en una procesión, la que irá de la Universidad de Witwatersrand a Constitution Hill, en Johannesburgo, con un ataúd sin enterrar, como el de la campaña de 2025, que según la convocatoria simboliza a las asesinadas y a las familias que todavía esperan justicia. Constitution Hill es la antigua prisión donde hoy se levanta el Tribunal Constitucional. A mediodía, las participantes volverán a tumbarse durante quince minutos.

Women For Change incluyó de forma expresa a las personas LGTBI en la convocatoria de 2025 y vuelve a hacerlo en la de 2026.

Perfiles morados

La convocatoria de 2025 se extendió sobre todo por las redes sociales. En el balance que publicó en enero en la página de la petición, Walter cuenta que una noche vio en TikTok el vídeo de una mujer que anunciaba que el 21 vestiría de negro y pondría morada su foto de perfil, y que a la mañana siguiente TikTok estaba morado, y después Instagram y Facebook. La web de la organización se cayó por las visitas, llegaron más de 15.000 mensajes y la petición, estancada desde abril en unas 150.000 firmas, pasó del millón. Todo ello ocurrió en plataformas que deciden con algoritmos de recomendación qué ve cada persona. En Sudáfrica, poner morada la foto de perfil fue la forma más sencilla de sumarse al duelo. Las mismas imágenes pueden servir para otras cosas, como contaba el 5 de noviembre «Bastó una foto de perfil» a propósito de los desnudos falsos fabricados con inteligencia artificial a partir de las fotos de unas adolescentes de Almendralejo.

Las mismas pantallas tienen otra cara. Walter escribe que la organización terminó 2024 agotada y sometida a un acoso constante, y Mahlatsi explica que llevaba más de seis meses fuera de las redes y que limitaba las noticias sobre violencia de género porque cada caso nuevo reabre las heridas de quienes la han sufrido. Entre las cosas que decidió no hacer estaba cambiar su foto de perfil en memoria de otra mujer asesinada. En su balance de enero, Women For Change anunció una línea propia de apoyo a supervivientes. La organización ya ofrece ese servicio por WhatsApp. Lo que circula por esas plataformas puede movilizar y puede herir, y la violencia que se ejerce a través de ellas es el asunto de la nota del jueves.

Femocracia y lo que viene

La académica feminista nigeriano-británica Amina Mama, una de las fundadoras de la revista Feminist Africa, describió en 1995 como femocracia, a partir del caso nigeriano, una estructura antidemocrática de poder femenino, dominada por una pequeña élite cuya autoridad venía de estar casada con hombres poderosos, con las primeras damas al frente, y que decía actuar por las mujeres corrientes sin rendirles cuentas. La Sudáfrica de 2026 está lejos de la Nigeria militar que analizaba Mama. Su distinción entre feminismo de Estado y feminismo como lucha popular sirve aun así para leer el año transcurrido. Una clasificación de desastre, un consejo nacional y un programa de acción son conquistas del movimiento, y su sentido político dependerá de los recursos, las decisiones y los controles que las acompañen. La politóloga sudafricana Shireen Hassim mostró en Women’s Organizations and Democracy in South Africa (2006) que las organizaciones de mujeres han oscilado durante décadas entre afirmar su autonomía y negociar dentro de movimientos e instituciones más grandes, y que esa tensión les ha dado influencia real. La huelga de 2026 es un episodio más de esa negociación, y su resultado no está escrito.

El plazo que Women For Change ha dado a la Presidencia vence el mismo 21 de noviembre, y los primeros de Ramaphosa, una semana después. Lo que se publique entonces permitirá medir cuánto de aquella victoria ha cambiado la respuesta del Estado. Cuatro días después de la huelga empiezan los 16 días de activismo de Naciones Unidas contra la violencia de género, que este año llevan por lema garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y acabar con la impunidad. La nota del jueves 12 seguirá en África, con la consulta que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos celebra el miércoles 11 sobre el primer estudio continental de la violencia digital contra las mujeres.

Esta nota se ha escrito desde España a partir de documentos públicos, casi todos producidos en Sudáfrica y en inglés, que hemos traducido (la convocatoria y la petición de Women For Change, el aviso del Boletín Oficial, los comunicados del Gobierno, el análisis del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria, la prensa sudafricana y la obra de autoras sudafricanas y africanas). Las declaraciones de organizadoras y participantes proceden de la prensa sudafricana y del balance publicado por Women For Change. No las hemos entrevistado, ni tampoco a las familias, y no hablamos en su nombre.