Violencia digital y escuela

Bastó una foto de perfil

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Adolescentes, desnudos falsos fabricados con inteligencia artificial y escuela, tres años después de Almendralejo

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Vista aérea de Almendralejo (Badajoz), 17 de marzo de 2021.
Vista aérea de Almendralejo (Badajoz), 17 de marzo de 2021. Imagen del municipio, sin relación con las personas implicadas en el caso. · kallerna / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Cada primer jueves de noviembre, la UNESCO celebra el Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso. Este año cae el 5 de noviembre, tres años después de que un grupo de madres de Almendralejo denunciara que circulaban montajes que simulaban desnudos de sus hijas, fabricados con inteligencia artificial. El caso sirve para preguntarse cómo intervienen las relaciones sociales en el daño que causa una imagen fabricada y quién responde por su creación y su circulación.

En septiembre de 2023, un grupo de madres de Almendralejo, en Badajoz, denunció que circulaban fotomontajes de sus hijas desnudas. Las imágenes mostraban desnudos que nunca habían ocurrido. Según los hechos que el Juzgado de Menores de Badajoz dio por probados, las personas menores de edad tomaron los rostros de las chicas de sus perfiles en redes sociales y los superpusieron, con aplicaciones de inteligencia artificial, a imágenes de otros cuerpos femeninos desnudos. Las fotos manipuladas se compartieron en dos grupos de WhatsApp. El 9 de julio de 2024 se conoció la sentencia de conformidad del juzgado, que impuso un año de libertad vigilada a quince menores, declarados responsables de veinte delitos de pornografía infantil y otros veinte contra la integridad moral. La medida incluía formación afectivo-sexual, sobre el uso responsable de las tecnologías y de sensibilización en igualdad y género. La asociación Malvaluna, que asesoró a las familias, explicó que habían aceptado el acuerdo porque evitaba a las chicas pasar por un juicio, y pidió educar en igualdad y dar una educación sexual adecuada en los centros, frente al aprendizaje a través de la pornografía, «que genera más sexismo y violencia».

Tres años después, el caso sigue siendo uno de los más conocidos en España de un fenómeno que ha dejado de ser excepcional. Este jueves, 5 de noviembre, la UNESCO celebra el Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, con el lema «La seguridad y el bienestar de todo el alumnado: de la promesa a la práctica». La edición de 2026 abre el segundo ciclo de cinco años de esta jornada y precede en dos semanas a la conferencia ministerial mundial sobre la violencia contra la infancia que se celebra en Manila los días 18 y 19 de noviembre.

La imagen y el daño

En estos casos no se parte de una foto íntima, porque bastó una foto de perfil. Aunque la imagen sea falsa, la persona reconocible en ella es real, como lo es lo que le ocurre cuando otras personas la miran.

UNICEF advirtió el 4 de febrero de 2026 que «aunque las imágenes sean falsas, el daño que causan es absolutamente real». En la misma declaración publicó una estimación. A partir de encuestas representativas a unas mil personas menores de edad usuarias de internet de 12 a 17 años en cada uno de 11 países, el proyecto Disrupting Harm, de UNICEF, ECPAT e INTERPOL, estimó que al menos 1,2 millones de niñas y niños de esos países habían sufrido en el último año la manipulación de sus imágenes para crear contenidos sexuales explícitos. En algunos de esos países la proporción llega a una de cada 25 personas menores de edad, lo que, según UNICEF, equivale a una persona menor de edad por aula, y en algunos, hasta dos tercios de las personas menores de edad dijeron temer que alguien use la inteligencia artificial para fabricar imágenes sexuales suyas.

Ese estudio no incluye a España. Una investigación reciente en institutos de Almería permite acercarse al fenómeno en un contexto escolar concreto.

Lo que contestaron 2.220 adolescentes de Almería

Verónica C. Cala y Encarnación Soriano-Ayala, de la Universidad de Almería, encuestaron a 2.220 estudiantes de 12 a 17 años de 16 institutos públicos de la provincia. Publicaron los resultados este año en Child Abuse & Neglect. El 7,4 % de adolescentes de familias de origen español y el 9,7 % de los de familias de origen marroquí dijeron haber sufrido abuso sexual basado en imágenes, que incluye la difusión sin consentimiento de imágenes sexuales propias, auténticas o manipuladas. En el caso concreto de las imágenes manipuladas o deepfakes, las cifras fueron del 1,4 % y el 3,5 %, respectivamente. Casi un tercio de la muestra había recibido además imágenes sexuales sin pedirlas, una experiencia distinta, y en el grupo de origen español era más frecuente entre las chicas que entre los chicos (35,8 % frente a 25,6 %). Cuando había abuso con imágenes, las personas responsables más citadas eran compañeros y desconocidos. En este estudio, recibir imágenes no solicitadas se asociaba con más malestar psicológico y más indicadores de riesgo suicida.

Las autoras advierten de que se trata de una encuesta en un solo momento, que permite ver asociaciones sin establecer causas. Como el origen se midió solo por el país de nacimiento del padre, las diferencias entre grupos no permiten hablar de culturas. Lo que el estudio sí permite decir es que la violencia sexual con imágenes forma parte de la experiencia digital ordinaria de muchos adolescentes, y que se reparte de forma desigual según el género y el origen familiar, sobre todo en algunas modalidades.

La mirada de los otros chicos

La socióloga británica Liz Kelly propuso en 1988 pensar la violencia sexual como un continuo. Las experiencias que viven las mujeres, del acoso cotidiano a la coerción y la agresión, están relacionadas entre sí, aunque no sean equivalentes ni lleven necesariamente de una a otra. El concepto ayuda a situar los desnudos fabricados en esa misma serie, como una forma nueva de exposición sexual no consentida, emparentada con prácticas mucho más antiguas de vigilancia y juicio sobre los cuerpos de las chicas.

La antropóloga Rita Segato ha insistido en otra dimensión. En su lectura, formulada a propósito de la violación y del mandato de masculinidad, la violencia sexual se dirige a la víctima y es a la vez un mensaje que quien agrede envía a otros hombres, ante los que demuestra su pertenencia al grupo. En Almendralejo, la sentencia recoge que las imágenes se compartieron en dos grupos de WhatsApp. No sabemos qué buscaban quienes las fabricaron y las compartieron, y la información publicada sobre la sentencia no lo aclara. Lo que la forma de circulación permite es trasladar la pregunta de Segato al caso, y preguntar qué papel tiene la mirada de otros chicos cuando la imagen de una chica conocida pasa a circular para que otros la miren. El caso no permite responderla, pero muestra por qué importa estudiar las relaciones entre quienes fabrican, reciben y reenvían.

La privacidad también depende de otras personas

Ante estos casos, el consejo más repetido a las chicas es que publiquen menos fotos. Las investigadoras Alice Marwick y danah boyd estudiaron cómo adolescentes negocian su privacidad en las redes y llamaron a ese fenómeno privacidad en red. Lo que se sabe y se muestra de alguien depende también de lo que otras personas publican, reenvían e interpretan, de modo que nadie controla del todo su propia imagen. En Almendralejo las fotos de partida eran imágenes corrientes de perfil. Pedir a las chicas que se retiren de las redes para protegerse traslada la carga a quien sufre el daño y deja sin examinar lo que otras personas hicieron con sus fotos.

Lo que puede y no puede la escuela

La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia obliga a las administraciones educativas a regular protocolos de actuación frente al acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual y otras formas de violencia, que deben aplicarse en todos los centros (artículo 34). También obliga a los centros con alumnado menor de edad a tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección (artículo 35). Contar con esa figura no garantiza una respuesta adecuada. Sara Ahmed estudió en Complaint! (2021) la distancia entre los procedimientos para presentar una queja y la experiencia de quienes los usan, a menudo un recorrido de desgaste en el que la queja acaba recayendo sobre quien la presenta. Su trabajo se centra en las universidades, y trasladarlo a un instituto es por ahora una hipótesis. Pero invita a preguntar cómo responde un centro cuando una alumna denuncia y tiene que seguir conviviendo con quienes hicieron circular su imagen, si comparten aula o pasillo.

Hay además un desajuste entre el lugar por donde circula el daño y las herramientas para detenerlo. El Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos permite pedir la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos publicados en internet sin consentimiento, pero la propia Agencia advierte de que no puede usarse cuando la difusión se produce por servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, que fue la vía en Almendralejo. Y una imagen que ha llegado a los teléfonos puede seguir en copias y capturas aunque desaparezca del lugar donde se publicó.

La UNESCO publicó el 26 de octubre una nota técnica, Connected and safe, con orientaciones para los sistemas educativos ante la violencia facilitada por la tecnología. Recuerda que alrededor de una de cada diez personas estudiantes del mundo ha sufrido ciberacoso, que en 44 países de Europa, Asia Central y Norteamérica la proporción subió del 12 % al 15 % entre 2018 y 2022, y que las chicas, el alumnado con discapacidad y el alumnado LGTBI sufren formas de daño distintas y a menudo más graves. Insiste también en que la responsabilidad es compartida, porque las empresas tecnológicas, las plataformas y los organismos reguladores deciden buena parte de las condiciones en que el daño aparece, y la escuela no puede resolver sola lo que se produce con herramientas que no controla. UNICEF, por su parte, valoraba en febrero a quienes desarrollan sistemas y aplican la seguridad desde el diseño y advertía de que demasiados modelos de inteligencia artificial se desarrollan sin salvaguardias adecuadas.

Una ley que no llegó

En marzo de 2025, el Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, tramitado por urgencia. Entre otras medidas, proponía añadir al Código Penal un artículo 173 bis que castigaba con uno a dos años de prisión a quien, sin autorización y para menoscabar la integridad moral de otra persona, difundiera imágenes o audios de voz generados o manipulados con inteligencia artificial de modo que parecieran reales, simulando situaciones sexuales o gravemente vejatorias. Si la víctima era menor de edad, la pena iba de un año y seis meses a dos años. La exposición de motivos llamaba a estos contenidos ultrafalsificaciones. El proyecto pasó más de diez meses en la fase de informe de la Comisión de Justicia y caducó el 6 de octubre de 2026, con la disolución de las Cortes para las elecciones del 29 de noviembre. Corrió la misma suerte que el proyecto de ley de gobernanza de la inteligencia artificial, como contó esta publicación el 8 de octubre. Almendralejo se juzgó con los tipos penales que ya existían, y mientras no se apruebe una regulación específica, los casos que lleguen a los juzgados tendrán que encajarse en ellos.

Hacia el 25N

Buena parte del debate público sobre la protección digital de la adolescencia se centra en restringir su acceso a móviles y plataformas o en supervisar lo que hacen. Se presta menos atención a lo que hace la gente adolescente cuando una imagen así llega a su teléfono. Quien la fabrica, quien la reenvía, quien la recibe y la borra y quien avisa a la chica no tienen la misma responsabilidad, y cada decisión puede tomarse bajo la presión del grupo, el miedo al rechazo del grupo y las jerarquías de amistad y popularidad. La antropología puede ayudar a entender las relaciones dentro de ese grupo, porque influyen en cómo circula una imagen, en las formas de humillación y en las posibilidades de detenerla.

También hay una pregunta sobre quién repara y cómo. En Almendralejo fueron las madres quienes impulsaron las denuncias, y una de ellas, Miriam Al Adib, acudió a Bruselas invitada por un eurodiputado del Intergrupo de Derechos de la Infancia del Parlamento Europeo. Su intervención invita a preguntar cómo se reparte el trabajo de acompañar y reparar entre las familias, los centros y las instituciones obligadas a hacerlo, qué parte de esa carga recae sobre las mujeres y qué lugar tienen las propias chicas en la decisión de qué reparación necesitan. Borrar una imagen de un teléfono no garantiza que deje de circular. Lo que ocurre después en el aula, en el grupo de amistades y en casa también influye en cuánto dura el daño, y exige respuestas de la escuela, las familias, la propia adolescencia y las instituciones. Los 16 días de activismo contra la violencia de género empiezan el 25 de noviembre y terminan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

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