Las mujeres de Irán no son un argumento

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La calle, el trabajo, la ley y la horca en el Irán de noviembre de 2026, entre un Estado que ha cometido crímenes de lesa humanidad y una guerra que bombardeó una escuela.

·AIthropology Lab

Especial «Feminismos, violencias y futuros posibles»

Aviso de contenido. La nota aborda violencia contra las mujeres, ejecuciones y la muerte de menores en un ataque.

El 10 de noviembre el poder judicial iraní anunció la detención de varias personas en la calle Iranshahr de Teherán por «promover el abandono del hiyab». Antes se habían cerrado comercios y dos librerías y se había disuelto una fiesta de Halloween. El jefe del poder judicial pidió actuar contra los «comportamientos anormales» y un diputado negó que la ley se hubiera abandonado. Cuatro días después, una crónica de AFP describía a mujeres que caminan por la misma ciudad con el pelo descubierto y con una libertad que no se veía desde 2022.

Las dos imágenes son ciertas a la vez, y ninguna de las dos es Irán. Iranshahr es una calle de librerías y cafés del centro de la capital, con una clientela joven y de clase media. Las personas detenidas no han sido identificadas y no sabemos si eran mujeres. Lo que sí sabemos es que en este mismo otoño un tribunal de Teherán ha vuelto a condenar a muerte a una activista kurda, que el Estado ha ejecutado al menos a 34 personas por el levantamiento de enero y que, en el sur del país, las familias de Minab siguen esperando que alguien responda por los misiles que cayeron sobre la escuela de sus hijos el 28 de febrero.

Esta nota intenta mirar a las mujeres iraníes de 2026 sin reducirlas al velo y sin convertir su vida en argumento de nadie. Ni del régimen, que invoca la guerra para pedir silencio sobre la represión, ni de quienes invocan la represión para justificar los bombardeos. La regla que nos hemos impuesto es sencilla de enunciar y difícil de cumplir. Cada violencia con su responsable, su fecha, su fuente y su estándar de prueba, y ninguna cifra sumada ni restada a otra.

La libertad que puede ser castigada

La tolerancia de noviembre admite varias lecturas. El 9 de septiembre, Gholam-Ali Haddad-Adel, miembro del Consejo de Discernimiento, reconoció que por las condiciones de guerra las autoridades no podían entrar en ese frente como deberían, y una semana después AP describía a dirigentes que frenaban a los sectores más duros por miedo a una reacción social en plena guerra. La tolerancia puede ser, por tanto, un cálculo del poder. Puede ser también el resultado de pugnas entre instituciones, de la incapacidad práctica de imponer la norma o, sencillamente, de una conquista. Durante cuatro años muchas mujeres han salido a la calle sin cubrirse hasta hacer inaplicable lo que la ley sigue exigiendo. Si se lee como concesión, el Estado conserva todo el protagonismo, y si se lee como conquista, lo recuperan ellas. No hay documentos que permitan zanjarlo, y conviene no atribuir al aparato estatal una estrategia que nadie ha probado.

Lo que sí está claro es que esa libertad puede castigarse en cualquier momento. La ley «de castidad y hiyab» aprobada en 2024 quedó congelada en diciembre de ese año a petición del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, pero el artículo 638 del Código Penal islámico, que castiga aparecer en público sin el hiyab exigido, sigue en vigor. Los castigos llegan de forma selectiva. A finales de septiembre un tribunal de apelación de Qom confirmó la condena a 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y los músicos que la acompañaron en un concierto grabado sin velo. El 9 de noviembre, según Iran International, la fiscalía de Teherán citó a declarar y acusó de difundir falsedades a una ginecóloga que había hablado en público del aumento de madres solteras entre las jóvenes nacidas en la década de 2000, después de que un canal afín a los Guardianes de la Revolución pidiera actuar contra ella. El Estado vigila la ropa, y también la familia, la maternidad y el ocio.

La feminista Noushin Ahmadi Khorasani, una de las impulsoras de la campaña del Millón de Firmas de 2006, publicó en mayo de 2023 un ensayo que ayuda a no tomar Iranshahr por el país. Empieza en 2017, cuando Vida Movahedi se subió a una caja de la calle Enghelab y levantó su pañuelo en un palo. Aquel gesto radical no arrastró entonces a las hijas de la clase media, y cinco años después el mismo gesto se convirtió en un levantamiento. Ahmadi Khorasani lo explica, con prudencia y sin pretender demostrarlo, mirando dentro de las familias. Una generación intermedia de madres, herida también por el velo obligatorio, había aprendido tácticas lentas y de bajo coste y protegía a sus hijas en «invernaderos» privados y semipúblicos o con planes de emigración. El hundimiento económico de la clase media, las sanciones y las elecciones de 2021 rompieron esos invernaderos y debilitaron la autoridad de los padres. La autora distingue tres fracturas, de generación, de clase y de religión. Quién puede permitirse desobedecer y quién paga el coste son preguntas que vienen de dentro del feminismo iraní, no de una advertencia metodológica escrita en España.

El trabajo que se apagó

El 8 de enero, en plena revuelta, Irán impuso el que, según el análisis técnico de Filterwatch, parece ser el apagón de comunicaciones más completo y sofisticado de su historia. Tras los ataques del 28 de febrero llegó un corte casi total que duró 88 días, hasta que el presidente Pezeshkian ordenó la reapertura y la conexión volvió en parte el 26 de mayo. Fueron unas 2.093 horas, el corte nacional más largo de la historia reciente según NetBlocks, y la red filtrada siguió activa después.

El apagón se suele contar como censura, y lo es. Para muchas mujeres fue además la pérdida de su sustento. La organización feminista Femena escribió en febrero que el corte había borrado las pocas vías que les quedaban a muchas mujeres, trabajadoras por cuenta propia y empleadas del sector tecnológico para cubrir el coste de la vida, y que se había convertido en la causa principal del hundimiento de los pequeños negocios en línea, donde trabajaban muchas de ellas. En junio publicó otro informe sobre mujeres y personas queer en el aislamiento digital, en el que describe las plataformas en línea como lugares de trabajo y también de amistad, discusión política, apoyo emocional, formación de la identidad y supervivencia colectiva, y para muchas de esas personas, uno de los pocos espacios que les dan algo de autonomía. Un negocio de ropa o de clases particulares organizado por mensajería desaparece en una semana. Una red de apoyo se rompe. Una familia no sabe si una hija detenida está viva.

El corte afecta también a la memoria. OONI y el grupo Miaan comprobaron en diciembre de 2025 que siete de diecisiete webs persas sobre derechos de las mujeres estaban bloqueadas, entre ellas Aasoo, Feminist School y We-Change, la web de la campaña del Millón de Firmas. Entrevistaron a ocho activistas, con seudónimos, que describen la pérdida de archivos y de documentación, y el estudio apunta a que las autoridades pueden estar priorizando la censura del contenido en persa, el que leen las comunidades locales. Un archivo feminista inaccesible interrumpe lo que una generación transmite a la siguiente.

Matrícula, hora y lugar

Desde fuera se suele imaginar a Irán como un laboratorio de vigilancia algorítmica, con cámaras que reconocen a cada mujer sin velo. La herramienta más conocida dice otra cosa. Según los análisis de Filterwatch de 2024, la aplicación policial Nazer solo funciona en la red nacional, exige que la policía apruebe a cada usuario y su dispositivo, detecta las VPN y pide desactivarlas, y permite a personas autorizadas denunciar un velo «inadecuado» escribiendo una matrícula, una hora y un lugar. No reconoce rostros ni está pensada para fotografiarlos. La única foto que admite es la de la matrícula. En su versión ampliada se añadieron ambulancias y categorías como «disturbios».

Esa aplicación muestra algo que el imaginario de la «IA policial» tapa. El Estado reparte el derecho a mirar entre ciudadanos acreditados, y una apreciación moral (lo que alguien considera un velo inadecuado) se convierte en un registro administrativo que dispara avisos y sanciones. Los mensajes llegan al «respetado propietario del vehículo», y desde la primavera de 2025 también a los padres, hermanos y maridos de las mujeres señaladas, según documentó el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense (NIAC). El investigador Mahdi Saremifar describe ese mismo año un sistema que, en Mashhad, Teherán, Shiraz e Isfahán, cruzaba registros civiles para enviar avisos a la persona o a su familia. El Estado escribe a la familia. No hay datos que digan si el titular del coche suele ser un hombre, y no lo afirmaremos.

Sería un error, sin embargo, concluir que en Irán no hay biometría. Una investigación coordinada por Forbidden Stories con Le Monde, Der Spiegel y ZDF reveló en marzo de 2026 que el país compró en 2019 el sistema ruso de reconocimiento facial FindFace. Varios medios afirman que se usó para identificar a manifestantes en enero, algo que nadie ha podido verificar sobre el terreno. El informe de Saremifar para el observatorio RaazNet, publicado en febrero, sostiene que identificar a la gente en la calle no exige un reconocimiento facial maduro, porque el cruce de bases de datos (identidad digital, registro de tarjetas SIM, identificadores de teléfonos, matrículas) basta para muchos fines, aunque los algoritmos sean incompletos o fallen. La misión de investigación de la ONU denunció en marzo de 2025 el uso de drones, de aplicaciones de denuncia y de un sistema de reconocimiento facial en la entrada de una universidad, y parte de la prensa lo resumió como si todo el control funcionara así. Entre lo que se anuncia, lo que se compra, lo que se instala y lo que se usa contra personas concretas hay distancias que conviene medir una a una. El mito que hay que desmontar es el de un panóptico unificado y omnisciente.

La inteligencia artificial aparece con más claridad en el otro lado de esta historia. Amnistía Internacional recordó en junio que Estados Unidos no había informado de si la selección del objetivo de Minab se apoyó en IA, y añadió que, con IA o sin ella, no se tomaron todas las precauciones factibles para evitar daños a civiles. No está acreditado que Claude interviniera en la selección de ese objetivo. Sí se ha publicado que el Mando Central estadounidense usa en esta guerra una plataforma de selección de objetivos asistida por IA, el Maven Smart System de Palantir, que funciona con Claude. Ese mismo mes, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, dijo en una entrevista con Bloomberg que desconocía cómo se habían utilizado exactamente los modelos de su empresa y si Claude había intervenido en el ataque a la escuela de Minab. Amodei sostuvo también que se respetó el principio de que un humano toma la decisión final y que ese uso no violaba las normas de la empresa. El informe de la misión de la ONU no menciona la IA. Recoge que una investigación militar estadounidense preliminar atribuyó el ataque a coordenadas generadas con datos de inteligencia obsoletos, que seguían identificando la escuela como parte de la instalación naval, y el jurista Gabor Rona ha planteado en Lawfare la posibilidad de una dependencia insuficientemente supervisada de la IA, y la diferencia entre tener un humano en el circuito y ejercer un control humano significativo. En los dos casos el discurso oficial se apoya en la misma figura, la de un humano responsable. Es el usuario autorizado que teclea una matrícula en Nazer y es el humano sin nombre que aprueba un bombardeo. Para un proyecto que estudia la relación entre antropología e IA, esa figura merece más atención que cualquier fantasía sobre máquinas que ven. Lo decimos con una advertencia: esta nota se ha preparado con ayuda de varios modelos de IA, entre ellos Claude, de Anthropic. Por ese potencial conflicto de interés, la redacción ha revisado específicamente este apartado.

Una escuela en Minab

El 28 de febrero, en las primeras horas de una ofensiva de Estados Unidos e Israel que ese mismo día mató al líder supremo, Alí Jamenei, misiles de crucero estadounidenses alcanzaron la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, en la provincia de Hormozgán. Se ha contado muchas veces como una escuela de niñas, y no lo era. Asistían niñas y niños de 6 a 13 años. Según el recuento final del fiscal de Minab, del 9 de abril, se contabilizaron 156 muertes: 120 escolares (73 niños y 47 niñas), 26 educadoras, todas mujeres, siete madres y padres, el conductor del autobús escolar y un técnico de una farmacia cercana. La fiscalía incluyó además en ese total el feto de seis meses de una de las educadoras fallecidas, según detalló Los Angeles Times, una precisión que no figura en el desglose de la misión internacional independiente de investigación de la ONU. La misión recoge el recuento oficial y cita además información independiente que considera creíble, según la cual murieron 157 personas, 123 de ellas de 13 años o menos, sin fijar una cifra propia. Airwars, que documenta el incidente USIR260228a, cuenta al menos 155 muertos, 123 de ellos niños y niñas, y recoge cifras de entre 155 y 168 según las fuentes. No mezclaremos esos recuentos como si fueran una única estadística. Ese mismo día, otro ataque estadounidense mató a 22 civiles, diez mujeres y doce hombres según las autoridades locales citadas por la misión, en un complejo deportivo y una zona residencial de Lamerd.

En septiembre, la misión concluyó que había motivos razonables para creer que Estados Unidos había cometido dos crímenes de guerra distintos. En Minab, hacer de un bien de carácter civil objeto de ataque, y en Lamerd, lanzar un ataque indiscriminado. La escuela de Minab estaba a unos 72 metros de un complejo naval de los Guardianes de la Revolución, pero funcionaba desde aproximadamente 2016 en un recinto separado por un muro, con entrada propia, murales infantiles y patio de juegos, y nada indica que se usara con fines militares. La misión concluye que el edificio de la escuela fue el punto de impacto previsto y que, al no actualizar sus datos de objetivos ni verificar que se trataba de un objetivo militar, Estados Unidos fue más allá de la mera negligencia. Actuó con dolo eventual, consciente de un riesgo sustancial de alcanzar un bien civil. Eso no equivale a una intención demostrada de matar a escolares, y tampoco a un accidente. La misión no recibió respuesta de Estados Unidos a sus peticiones de información, y Washington no ha hecho pública de forma completa su investigación interna.

No contaremos aquí las historias de familias concretas. Algunas hablaron con el diario Shargh, en un reportaje de la periodista Elnaz Mohammadi que tradujo Femena, y eso no las obliga a convertirse en gancho de una nota en otra lengua. Una madre que busca a su hijo no es un argumento a favor ni en contra de nadie.

La misma misión de la ONU concluyó que la represión de las protestas de diciembre y enero constituyó crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas de seguridad mataron a una escala «asombrosa y sin precedentes» en las 31 provincias. Una organización de derechos humanos que la misión considera creíble ha reunido los nombres de al menos 221 menores muertos, en su gran mayoría varones, y decenas de miles de personas fueron detenidas. El Gobierno publicó una lista de 3.038 muertos, y la misión tiene «sólidos motivos» para creer que la cifra real es muy superior, aunque todavía no ha podido establecerla. Son dos conclusiones distintas, con categorías jurídicas distintas, de una misma investigación. Ninguna sirve para rebajar la otra.

La familia, la ley y la horca

Irán no publica una serie oficial completa y verificable de feminicidios. Los documenta Hengaw, una organización kurda de derechos humanos, que registró al menos 207 en 2025, 45 en el primer semestre de 2026, 12 en julio, 19 en agosto y 23 en octubre. Son mínimos documentados por una organización con sus propios criterios y su propio alcance, no un registro oficial. Estas cifras no permiten establecer una tendencia anual: corresponden a periodos de diferente duración y, en un país en guerra y con cortes de internet, también cambia la capacidad de documentar.

Detrás de esas cifras hay un mecanismo jurídico. En el sistema de la qisas, el derecho a exigir castigo o a perdonar corresponde a la familia de la víctima, que en un feminicidio doméstico puede ser la del propio asesino, y el artículo 301 del Código Penal islámico exime de esa pena al padre y al abuelo paterno que matan a un hijo o una hija. El asesinato de la adolescente Romina Ashrafi por su padre en 2020 hizo visible ese nudo, y la ley de protección de la infancia aprobada después no lo deshizo. La antropóloga Arzoo Osanloo ha estudiado durante más de una década cómo funcionan el perdón y la mediación en el derecho penal iraní. La impunidad se explica por el parentesco y el derecho, y no por una cultura del «honor» que encierra a todo un pueblo en un estereotipo.

El Estado añade su propia violencia letal. Hengaw contó al menos 250 mujeres muertas por disparos de las fuerzas de seguridad en las protestas de enero, y en el primer semestre unas 5.000 mujeres detenidas, de las que solo pudo identificar a 368, y nueve mujeres ejecutadas. Amnistía documentó el 13 de octubre al menos 34 ejecuciones relacionadas con el levantamiento, cinco de ellas en una sola semana. La misión de la ONU advirtió en septiembre de que más de 70 personas, entre ellas cinco mujeres y tres niños, corrían riesgo inminente de ejecución. En agosto, organizaciones de derechos informaron de la condena a muerte de dos mujeres por las protestas de Isfahán. El 14 de octubre, un tribunal revolucionario de Teherán volvió a condenar a muerte a la activista kurda Varisheh Moradi, después de que el Tribunal Supremo anulara la primera sentencia en diciembre de 2025. Moradi se había negado a comparecer ante un tribunal que no reconoce. En julio, Hengaw situaba a otra activista kurda, Pakhshan Azizi, entre las seis presas políticas en riesgo inminente de ejecución.

Esta geografía no es la de Iranshahr. Buena parte del archivo que circula sobre detenciones, condenas y feminicidios lo producen organizaciones de las periferias, como Hengaw, y luego se cita sin crédito de origen. Hasta el lema del movimiento, Jin, Jiyan, Azadî, es kurdo, y Jina era el nombre kurdo de Mahsa Amini. Escribir solo «Mujer, Vida, Libertad» sin decir de dónde viene repite el borrado que denuncian las autoras kurdas.

Ni esto ni aquello

Las mujeres iraníes llevan décadas pensando la relación entre la guerra y su libertad, y no necesitan que se lo expliquen. La historiadora del arte Helia Hamedani, que trabaja entre Roma y Teherán, escribió en marzo, con el país bajo las bombas, que la primera protesta de mujeres contra la nueva opresión fue el 8 de marzo de 1979 y que el decreto que hizo obligatorio el velo en 1981 llegó en plena guerra con Irak. Su texto termina deseando el fin de una guerra que, a su juicio, vuelve a poner en riesgo la resistencia del pueblo iraní.

En abril, un grupo de mujeres activistas de Teherán y Karaj firmó un comunicado colectivo «contra la guerra y la represión», publicado en persa por el diario Akhbar Rooz. Describe la doble amenaza que ambas suponen para sus vidas, nombra en el mismo texto la muerte de los escolares de Minab y las matanzas cometidas por el Estado en enero, critica a los partidarios de Reza Pahlavi por dar pretextos al régimen y legitimar los ataques, y pide la liberación de los presos políticos y el fin de las ejecuciones. OSYAN, un colectivo de «mujeres rebeldes de Irán y Afganistán», convocó para el 15 de noviembre manifestaciones en todo el mundo contra la guerra de agresión, con una advertencia expresa: «Nuestra oposición a la guerra no significa apoyo a la República Islámica». Son corrientes concretas y situadas, y ninguna habla por todas las iraníes. Tampoco hablan por ellas las mujeres que apoyan al régimen, que existen y que una antropología honesta no puede borrar.

La politóloga Fatemeh Sadeghi publicó el 22 de octubre de 2022, en Naghd-e Eghtesad-e Siyasi, «از انقلاب زنان تا دموکراسی زنانه‌نگر» («De la revolución de las mujeres a una democracia con perspectiva femenina»). En 2023 apareció traducido al inglés como «From Women’s Revolution to Jiyanist Democracy». La palabra jiyan («vida») del título inglés remite al lema kurdo Jin, Jiyan, Azadî y es una decisión de traducción, no una reproducción literal del título persa. Su ensayo plantea una pregunta que sigue abierta en 2026 y que menos sabemos responder desde fuera. Qué futuro imaginan y discuten hoy las propias mujeres iraníes, con un Estado que ejecuta, una guerra que bombardeó una escuela y un país que pasó tres meses sin internet. Esta nota no puede responderla, porque se ha escrito sin preguntar a nadie dentro del país. Lo más que puede hacer es no hablar en su nombre.

Nota de método

Esta nota se ha escrito solo con material ya publicado. No hemos contactado a nadie dentro de Irán, porque bajo vigilancia y apagón el consentimiento informado a distancia no está garantizado y un mensaje puede poner en riesgo a quien lo recibe. No publicamos rostros, nombres de familias de víctimas ni de personas detenidas que no sean ya públicos por decisión propia o de sus organizaciones, ni detalles sobre herramientas para eludir la censura. Algunas de las que circulan durante los apagones son programas espía.

Las cifras se atribuyen a sus fuentes, fechas y estándares de comprobación. Las de la ONU son conclusiones de una misión de investigación, no sentencias. Las de Hengaw y Amnistía son mínimos documentados. Las del Gobierno iraní y las de las autoridades locales de Minab son lo que son.

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