Antropología política

Cuba y Ayiti: genealogías de una soberanía bajo presión

Una comparación histórica de Cuba y Ayiti sobre soberanía, infraestructura y las capacidades materiales que sostienen la vida.

29 de septiembre de 2026·Martín González Senosiain

Dos sociedades caribeñas con historias radicalmente distintas permiten plantear una misma pregunta. ¿De qué sirve la soberanía política cuando se erosiona la capacidad material para reproducir la vida? Cuba no se está convirtiendo en Ayiti. Ayiti no es una metáfora del futuro cubano. Compararlas permite observar, precisamente, por qué sus trayectorias son diferentes y qué ocurre cuando las infraestructuras que sostienen la vida dejan de funcionar como se esperaba.

Un apagón puede contener siglos

El 18 de septiembre de 2026, el Sistema Electroenergético Nacional cubano volvió a desconectarse por completo. El Ministerio de Energía y Minas comunicó la caída total de la red y la activación de los protocolos de recuperación. La Unión Eléctrica informó durante aquellas horas de fallos en la transmisión de 220 kV entre Matanzas y Cienfuegos y, posteriormente, entre Matanzas y Santa Clara (Ministerio de Energía y Minas de Cuba, 2026).

Los recuentos contemporáneos no coincidieron inicialmente en el ordinal del episodio. La reconstrucción de las desconexiones nacionales ocurridas durante 2026 permite situarlo como el octavo colapso general del año, aunque el comunicado inicial del Ministerio no lo numeró. Es una distinción pequeña, pero importante cuando una cifra adquiere valor político. El dato tampoco explica por sí solo el apagón.

Antes de que una red eléctrica se desconecte existe una historia material. Centrales termoeléctricas envejecidas, averías, dificultades de mantenimiento, falta de combustible, restricciones financieras, pérdida de proveedores, decisiones de inversión y una economía que durante décadas ha tenido que reorganizar sus dependencias exteriores. Cuando la red desaparece aparecen, además, otras infraestructuras.

Una batería. Un panel fotovoltaico. Un generador. Un teléfono con carga. Una mipyme capaz de importar combustible. Una persona que vive fuera del país y envía dinero, medicamentos o una pieza de repuesto.

La crónica de Diego de la Serna que dio origen a este texto describía precisamente ese desplazamiento hacia isotanques, circuitos privados de distribución, combustible transportado en recipientes y soluciones domésticas de generación eléctrica (De la Serna, 2026). La infraestructura deja así de ser solamente aquello que construye el Estado.

También es aquello que los hogares, las redes familiares y los pequeños negocios improvisan para que la vida pueda continuar.

Cuba y Ayiti muestran, desde historias radicalmente distintas, que la soberanía política nunca es solamente jurídica. También depende de la capacidad material para reproducir la vida.

Ayiti —nombre en kreyòl del país que en castellano conocemos como Haití— apareció ya en un análisis previo de AIthropology como un lugar particularmente fértil para pensar las relaciones entre historia, intervención exterior, poder y capacidad institucional. Volver a Ayiti exige una precaución metodológica.

No estamos estableciendo una equivalencia entre ambos países ni una jerarquía de sufrimientos. Tampoco afirmamos que Cuba esté recorriendo una trayectoria haitiana.

Cuba conserva un Estado con alcance territorial nacional, una administración centralizada y sistemas públicos que durante décadas generaron resultados sanitarios y educativos elevados para el contexto regional. Ayiti ha atravesado una trayectoria institucional marcada por ocupaciones, rupturas políticas, desigualdad extrema y, en el presente, una crisis de seguridad que limita de manera severa la capacidad estatal en partes del territorio.

La comparación se sitúa en otro nivel. Interesa observar qué sucede cuando la soberanía formal entra en tensión con las capacidades materiales que permiten vivir bajo ella. Antes de avanzar conviene medir parte de esa diferencia histórica.

Dos trayectorias de desarrollo humano

El Human Development Report 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo utiliza datos de 2023 para su Índice de Desarrollo Humano. El IDH combina longevidad, educación e ingreso. No mide por sí solo libertades políticas, calidad institucional, desigualdad, seguridad o capacidad estatal y no debe interpretarse como una explicación total de una sociedad (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2025).

Tabla 1

Indicadores seleccionados de desarrollo humano, 2023

Nota. Elaboración propia a partir de PNUD (2025). Los indicadores corresponden principalmente a 2023.

En 2023, la diferencia estimada de esperanza de vida era de 13,2 años. Los años promedio de escolarización en Cuba prácticamente duplicaban los de Ayiti y su ingreso nacional bruto por habitante en paridad de poder adquisitivo era cerca de tres veces superior.

El PNUD no publica para Cuba un IDH ajustado por desigualdad comparable en esta edición. Ese vacío debe conservarse como vacío. Rellenarlo mediante una extrapolación produciría una precisión inexistente.

Algo similar ocurre con el Índice de Pobreza Multidimensional. La edición 2025 ofrece para Cuba un valor de 0,003 y una incidencia del 0,7 %, pero utiliza una encuesta de 2019. Para Ayiti registra un IPM de 0,200 y una incidencia del 41,3 %, a partir de información de 2016-2017 (PNUD & Oxford Poverty and Human Development Initiative, 2025). Los datos permiten observar condiciones acumuladas muy diferentes, pero no constituyen una fotografía comparable de ambos países en 2026.

Lo relevante para este ensayo está en otro lugar.

Cuba y Ayiti llegaron a sus crisis actuales después de haber acumulado capacidades humanas profundamente diferentes.

Y esas diferencias tienen historia.

La mortalidad infantil permite seguir una de esas trayectorias durante casi cuatro décadas. Para evitar mezclar metodologías nacionales, utilizamos aquí una única serie armonizada, la de World Development Indicators, cuya fuente es el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil —UN IGME—, integrado por UNICEF, la OMS, el Banco Mundial y la División de Población de Naciones Unidas (Banco Mundial, s. f.-a, s. f.-b).

La tasa expresa muertes antes de cumplir un año por cada 1.000 nacimientos vivos.

Tabla 2

Mortalidad infantil en Cuba y Ayiti, años seleccionados

Nota. Serie World Development Indicators, indicador SP.DYN.IMRT.IN, basada en UN IGME. Último año común disponible: 2024 (Banco Mundial, s. f.-a, s. f.-b).

Entre 1985 y 2024, la tasa estimada cayó aproximadamente un 52 % en Cuba y un 66 % en Ayiti. Los porcentajes son cálculos derivados de la serie oficial, no indicadores publicados por el Banco Mundial. La evolución también impide una lectura demasiado sencilla.

En Ayiti existe una anomalía extraordinariamente visible en 2010. La tasa pasa de 56,8 en 2009 a 79,3 en el año del terremoto y vuelve a 54,4 en 2011. El dato no convierte por sí solo el terremoto en explicación causal de toda la variación, pero muestra hasta qué punto un choque extremo puede quedar inscrito en un indicador demográfico.

Cuba presenta otra señal, menos abrupta pero relevante para este ensayo. La estimación internacional alcanzó 4,8 muertes por 1.000 nacimientos vivos entre 2011 y 2015. Desde entonces ha aumentado de forma sostenida hasta 6,8 en 2024. Eso representa un incremento cercano al 42 % respecto de aquel mínimo. Sigue siendo una tasa muy inferior a la haitiana. Pero su dirección ha cambiado.

Ese cambio es importante porque permite ver la crisis cubana no solo como reducción de consumo, PIB o disponibilidad eléctrica. Parte de las capacidades sociales acumuladas durante décadas puede también deteriorarse. Un indicador de desarrollo humano no es un patrimonio irreversible.

La crisis cubana: economía, sanciones y vida cotidiana

La economía cubana ofrece otras señales. La CEPAL estima que el PIB real se contrajo un 3,8 % en 2025 y proyecta una caída adicional del 10,3 % para 2026. La institución calcula además una contracción del turismo y fuertes restricciones de divisas, energía e importaciones (Romero, 2026).

Entre enero y junio de 2026 llegaron 387.591 visitantes internacionales, un 60,7 % menos que durante el mismo período del año anterior. La inflación interanual oficial llegó al 20,70 % en julio y el último salario medio estatal anual disponible, correspondiente a 2025, fue de 6.930 pesos cubanos mensuales (Romero, 2026).

La zafra azucarera 2024-2025 produjo menos de 150.000 toneladas, situándose en mínimos históricos de más de un siglo según los datos examinados por la CEPAL (Romero, 2026). El azúcar no es un sector cualquiera en la genealogía cubana.

Es paisaje, trabajo, esclavitud, organización territorial, comercio mundial y dependencia exterior. Durante siglos estructuró la inserción económica de la isla. Su contracción contemporánea tiene, por ello, un significado que excede a la contabilidad sectorial. La crisis tampoco puede reducirse a una sola causa.

Hay problemas internos de productividad, inversión, gestión, incentivos, agricultura, moneda e infraestructura. Las propias instituciones cubanas reconocieron en junio de 2026 que la magnitud de las dificultades requería cambios importantes. El paquete presentado ante la Asamblea Nacional reunió 176 transformaciones agrupadas en 23 ejes, elaborado a partir de 390 propuestas y 69 recomendaciones adicionales. Incluye cambios en la empresa estatal, la actividad privada, la propiedad y gestión de activos, la agricultura, la política energética, la autonomía municipal y la protección social (Díaz Ballaga & Antón, 2026).

La amplitud del programa permite extraer una conclusión descriptiva. Las propias autoridades cubanas consideran que el funcionamiento interno de la economía necesita modificaciones sustanciales. Pero las decisiones domésticas no agotan la genealogía.

Tras la guerra de 1898, Estados Unidos ocupó Cuba hasta 1902. La nueva república quedó condicionada por la Enmienda Platt, que estableció facultades de intervención estadounidenses. Ese marco fue eliminado mediante el Tratado de Relaciones de 1934, aunque permaneció el acuerdo relativo a la base naval de Guantánamo (U.S. Department of State, Office of the Historian, s. f.-a).

Después de la revolución de 1959, la relación volvió a transformarse. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas en 1961 y estableció un embargo comercial general en 1962. Décadas de normas, excepciones, flexibilizaciones y nuevas restricciones conformaron posteriormente un entramado jurídico más amplio, incluida la Ley Helms-Burton de 1996. En 2026 apareció una nueva capa.

El 29 de enero, la Orden Ejecutiva 14380 declaró una emergencia nacional respecto de Cuba y creó un mecanismo para aplicar aranceles adicionales a importaciones de países que suministrasen petróleo a la isla (The White House, 2026a).

El 1 de mayo, la Orden Ejecutiva 14404 amplió las facultades sancionadoras estadounidenses. Las caracterizaciones políticas y de seguridad contenidas en esa orden pertenecen al Gobierno estadounidense y deben entenderse como tales, no como descripciones neutrales adoptadas por este ensayo (The White House, 2026b).

El 7 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros incorporó a GAESA a las medidas derivadas de ese nuevo marco. El 11 de junio, OFAC añadió a Unión Cuba-Petróleo, CUPET, a su lista de personas y entidades bloqueadas (Office of Foreign Assets Control [OFAC], 2026a, 2026b). Estas medidas operan sobre una arquitectura sancionadora mucho más antigua.

También existe un indicador diplomático de la persistencia de la controversia. Desde 1992 y hasta la fecha de cierre de esta nota, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado 33 resoluciones bajo el asunto titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. La precisión institucional importa.

No significa que “la ONU” como conjunto de órganos haya dictado 33 veces una resolución jurídicamente vinculante contra Estados Unidos. Son resoluciones de la Asamblea General y no son vinculantes.

La primera fue la A/RES/47/19, adoptada en 1992 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1992). La serie continuó anualmente hasta 2019. Tras la interrupción durante la pandemia, la Asamblea volvió a votar la cuestión el 23 de junio de 2021 mediante la resolución A/RES/75/289. El 11 de mayo de 2022, durante el 76.º período de sesiones, decidió incluir el asunto en el programa del período siguiente (A/DEC/76/563); el tema volvió a votarse el 3 de noviembre de 2022 mediante la resolución A/RES/77/7 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2021, 2022a, 2022b).

La resolución más reciente disponible en septiembre de 2026 es la A/RES/80/4, aprobada el 29 de octubre de 2025 con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2025).

El valor de esa serie es ante todo diplomático y político. No elimina la legislación estadounidense ni resuelve por sí misma la discusión sobre sus efectos. Sí muestra que la oposición internacional al embargo ha sido extraordinariamente persistente.

Una explicación de la crisis cubana basada únicamente en las sanciones borraría decisiones internas, rigideces institucionales y problemas productivos. Una explicación basada únicamente en el funcionamiento de la economía cubana borraría una arquitectura exterior que condiciona financiación, energía, comercio y relaciones con terceros países.

Los dos relatos contienen hechos. El problema comienza cuando cualquiera de ellos reclama contenerlos todos.

La economía tampoco agota el presente cubano.

Las protestas iniciadas el 11 de julio de 2021 mostraron que las dificultades materiales podían convertirse también en conflicto político y social. Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas transmitieron al Gobierno cubano alegaciones sobre detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, uso excesivo de la fuerza, restricciones a las comunicaciones y posibles vulneraciones de las libertades de expresión y reunión (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH], 2021).

El documento es una comunicación de alegaciones, no una sentencia judicial. El Estado cubano ha rechazado diversas caracterizaciones de las protestas y de su respuesta y ha defendido la legalidad de las actuaciones emprendidas.

Conservar esa distinción resulta especialmente importante en un análisis que intenta evitar explicaciones cerradas.

Ayiti y otra genealogía de la soberanía

Ayiti ofrece una trayectoria profundamente diferente. La revolución haitiana culminó en 1804 con la creación de un Estado independiente surgido de una revolución contra la esclavitud colonial. El reconocimiento exterior no fue inmediato.

En 1825, Francia condicionó su reconocimiento a una indemnización fijada inicialmente en 150 millones de francos, obligación que condicionó durante décadas las finanzas haitianas. Documentación diplomática histórica estadounidense registra la deuda y sus renegociaciones posteriores (U.S. Department of State, 1873). Estados Unidos reconoció formalmente a Haití en 1862.

Entre 1915 y 1934, fuerzas estadounidenses ocuparon el país. La historia institucional del propio Departamento de Estado sitúa aquella intervención dentro de una combinación de intereses estratégicos, financieros y políticos estadounidenses en el Caribe (U.S. Department of State, Office of the Historian, s. f.-b). No existe una línea mecánica entre 1825 y 2026. La genealogía no funciona así.

Permite observar cómo deuda, intervención exterior, desigualdad, instituciones nacionales, élites económicas, desastres y conflictos políticos fueron acumulándose en tiempos distintos. El presente no estaba escrito de antemano. Tampoco nació ayer. En Ayiti, la crisis contemporánea se sitúa en una escala diferente a la cubana.

La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de la Organización Internacional para las Migraciones contabilizó 1.466.862 personas desplazadas internamente en mayo de 2026. El 84 % vivía fuera de emplazamientos formales de desplazamiento, principalmente en hogares de acogida o viviendas alquiladas (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2026). Ese 84 % merece atención antropológica.

Una parte enorme del desplazamiento no termina en un campamento. Termina en la casa de otra persona. La infraestructura humanitaria es también una habitación, un colchón, una cocina y un hogar que absorbe a personas adicionales.

El Programa Mundial de Alimentos calculó en abril de 2026 que 5,8 millones de personas, alrededor del 52 % de la población, se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda de nivel de crisis o superior. Más de 1,8 millones estaban en emergencia alimentaria (Programa Mundial de Alimentos [PMA], 2026).

El Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas para 2026 estimó que 6,4 millones de personas necesitaban asistencia y planteó alcanzar a 4,2 millones con un requerimiento aproximado de 880 millones de dólares (Naciones Unidas en Haití, 2025). La violencia añade otra dimensión.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití documentó 1.408 personas muertas y 656 heridas entre abril y junio de 2026. El informe distingue entre la violencia atribuida a grupos armados, operaciones de las fuerzas de seguridad, grupos de autodefensa y otras personas involucradas (Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití [BINUH], 2026).

La precisión evita que “las bandas” se conviertan en una explicación total de la sociedad haitiana. Llegados aquí, la diferencia importa tanto como la comparación.

Cuba conserva un aparato estatal de alcance nacional, instituciones administrativas y sistemas de prestación pública. La crisis se manifiesta en el deterioro de algunas de esas capacidades y en las dificultades crecientes para mantener determinados servicios e infraestructuras.

En Ayiti, la capacidad estatal está directamente disputada en partes del territorio y la crisis de seguridad condiciona actividades elementales de la administración, la economía y la movilidad. Hablar de una “haitianización” de Cuba borraría esa diferencia. Lo interesante es que la soberanía material puede deteriorarse de maneras distintas.

Un Estado puede mantener control territorial mientras pierde capacidad económica e infraestructural. Otro puede experimentar simultáneamente deterioro material, desplazamiento masivo y pérdida efectiva de autoridad en determinadas zonas. Y en ambos casos aparecen personas, hogares y redes sociales absorbiendo el impacto.

La vida cotidiana como infraestructura

Cuando falla una infraestructura, la necesidad que satisfacía no desaparece. Cambia de lugar. La electricidad que no entrega la red se convierte en batería, panel solar, combustible, generador o renuncia al consumo. La medicina que no aparece en un circuito ordinario debe localizarse en otro.

El alimento que no puede adquirirse con un salario obliga a movilizar ahorros, mercados alternativos, redes familiares o ayuda exterior. La movilidad interrumpida se convierte en horas. Y esas horas tienen que ser absorbidas por alguien. El hogar funciona entonces como amortiguador.

Una crisis de infraestructura puede convertirse, casi silenciosamente, en trabajo doméstico, redes informales, cuidados y dependencia familiar. Pero esa transferencia tampoco es socialmente neutra.

Quien tiene divisas, una persona cercana en el exterior, paneles solares, transporte o capacidad de almacenar alimentos dispone de recursos que otros hogares no tienen. La adaptación puede reducir el daño. También puede redistribuirlo. Aquí conviene introducir una antropología cubana contemporánea.

Ruth Behar, nacida en La Habana y profesora de Antropología en la Universidad de Michigan, lleva décadas trabajando sobre hogar, desplazamiento, emigración, regreso, memoria y diáspora. Su obra permite pensar Cuba no solo como territorio nacional, sino también como una trama de relaciones que atraviesa fronteras.

En The Portable Island, volumen editado junto con Lucía M. Suárez, la imagen de una “isla portátil” reúne voces cubanas que piensan qué ocurre cuando pertenencia, hogar y vida social se desplazan con quienes emigran (Behar & Suárez, 2008).

En Bridges to Cuba/Puentes a Cuba, Behar observa además las conexiones artísticas, académicas y familiares mantenidas entre personas que viven dentro y fuera de la isla, incluso durante décadas de relaciones políticas muy restrictivas entre Cuba y Estados Unidos (Behar, 2015). Behar no denomina “infraestructura” a una remesa o a una batería. Esa extensión analítica es nuestra.

Pero su trabajo permite abandonar una imagen demasiado territorial de la sociedad cubana. Una persona puede abandonar físicamente la isla y continuar participando en la reproducción cotidiana de un hogar que permanece allí. La emigración no rompe necesariamente la sociedad nacional. También puede estirarla. Desde esa perspectiva, una remesa deja de ser solamente una cifra de la balanza de pagos.

Vista desde la macroeconomía, es una transferencia monetaria. Vista desde una cocina, es comida. Desde un apagón, una batería. Desde una farmacia, un medicamento. Desde una habitación, el alquiler del mes. La diáspora puede funcionar así como infraestructura transnacional de reproducción social. Algo semejante ocurre en Ayiti, aunque dentro de una historia migratoria y política diferente.

Lo importante es evitar romantizar esta capacidad. Una sociedad sostenida parcialmente mediante vínculos exteriores distribuye de manera desigual la posibilidad de soportar una crisis. No todos los hogares disponen de familiares emigrados ni todas las diásporas tienen la misma capacidad económica. La adaptación no elimina la precariedad. A veces solo la privatiza.

Memoria y soberanía material

Michel-Rolph Trouillot ofrece una herramienta distinta. En Silencing the Past, Trouillot propuso pensar el poder como algo que interviene en distintos momentos de la producción histórica. En la creación de fuentes, en su conservación, en la construcción de narraciones y en aquello que posteriormente adquiere significado histórico (Trouillot, 1995). El silencio no consiste únicamente en borrar un documento.

También puede producirse cuando una explicación vuelve irrelevante todo lo que queda fuera de ella. Aplicado a Cuba aparecen dos relatos especialmente cerrados. Uno atribuye la crisis al embargo y a las sanciones estadounidenses.

Otro presenta el deterioro contemporáneo como demostración autosuficiente del fracaso del sistema económico y político cubano. El primero puede silenciar decisiones internas, errores de política económica, restricciones institucionales o problemas de productividad.

El segundo puede silenciar la historia de intervención estadounidense, las sanciones, la asimetría económica y las dependencias exteriores que limitan las opciones disponibles. Reconocer ambas dimensiones no exige repartir responsabilidades por mitades. Una genealogía no es una balanza. Trouillot resulta todavía más necesario al mirar Ayiti.

Expresiones como “Estado fallido”, “violencia de bandas” o “ingobernabilidad” pueden describir dimensiones observables del presente. Convertidas en explicaciones completas, corren el riesgo de presentar la fragilidad institucional como atributo casi natural de la sociedad haitiana.

Precisamente Trouillot mostró cómo la Revolución haitiana podía convertirse en un “no acontecimiento” dentro de categorías intelectuales incapaces de concebir una revolución protagonizada por personas esclavizadas. El silencio no llegó después de la historia. Formó parte de su producción. Fernando Ortiz aporta otra escala.

Su concepto de transculturación, formulado en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, buscaba describir procesos en los que los contactos culturales producen simultáneamente pérdidas, apropiaciones y formas nuevas (Ortiz, 1940). Ortiz no explica por qué falla una termoeléctrica.

Ayuda a mirar una sociedad acostumbrada históricamente a recomponer materiales, prácticas y relaciones procedentes de mundos diferentes. La Cuba de 2026 contiene planificación estatal, empresas públicas, conglomerados empresariales vinculados a las Fuerzas Armadas, mipymes privadas, mercados regulados e informales, pesos y divisas, tecnologías renovables, remesas y redes familiares transnacionales.

No necesitamos bautizar esa mezcla como un nuevo sistema. Basta con observar que la vida cotidiana atraviesa varios sistemas de provisión simultáneamente. Trouillot ayuda a preguntar qué desaparece de nuestras narraciones. Behar ayuda a seguir el hogar cuando atraviesa fronteras.

Ortiz recuerda que las sociedades no reciben simplemente fuerzas exteriores. Las transforman y son transformadas por ellas. La comparación encuentra aquí su sentido.

Los indicadores de desarrollo humano muestran que Cuba acumuló capacidades sanitarias y educativas muy superiores a las de Ayiti. La serie de mortalidad infantil confirma que esa divergencia no apareció ayer. Pero también muestra algo más. Las capacidades acumuladas pueden deteriorarse. Un IDH relativamente alto no produce electricidad. Una esperanza de vida elevada no repara una central.

Décadas de escolarización no generan automáticamente combustible, divisas o inversión. Del otro lado, los bajos indicadores de Ayiti no describen una esencia nacional. Son el resultado provisional de una historia en la que capacidad fiscal, desigualdad, deuda, instituciones, intervención exterior, violencia y desastres han interactuado durante dos siglos. Por eso quizá convenga modificar la pregunta.

En lugar de preguntar solamente si un Estado es soberano, podemos preguntar sobre qué infraestructuras descansa esa soberanía. Quién produce energía. Quién garantiza alimentos. Quién hace posible desplazarse. Quién encuentra medicamentos. Quién sostiene los cuidados. Quién financia la vida cotidiana. Quién puede emigrar y quién puede enviar recursos de vuelta. La soberanía deja entonces de parecer una propiedad abstracta.

Se vuelve una relación material.

El presente tiene genealogía

Cuba y Ayiti no ofrecen una teoría general del fracaso caribeño. Ayiti no es el futuro de Cuba. Cuba tampoco explica retrospectivamente Ayiti. Las dos sociedades permiten observar algo más complejo. Las capacidades institucionales pueden construirse durante décadas y deteriorarse después.

Las intervenciones exteriores pueden dejar efectos duraderos sin explicar por sí mismas todo lo que ocurre posteriormente. Las decisiones internas importan sin que desaparezcan las condiciones internacionales en las que se toman.

Las familias pueden mantener la vida cuando fallan las infraestructuras, pero esa capacidad puede ocultar una transferencia enorme de costes hacia los hogares. Y los indicadores de desarrollo humano pueden registrar logros reales sin garantizar que sean irreversibles.

Cuba y Ayiti muestran, desde historias radicalmente distintas, que la soberanía política nunca es solamente jurídica. También depende de la capacidad material para reproducir la vida.

Una genealogía no absuelve responsabilidades.

Impide que el presente parezca haber nacido ayer.

Por eso el apagón puede decir más que la ausencia de electricidad. En una batería conectada a un panel solar convergen infraestructura estatal, tecnología global, mercado, política energética, ingresos familiares y diáspora.

En Ayiti, una familia desplazada que encuentra alojamiento en la vivienda de otra familia vuelve visible algo semejante. Una función que esperamos encontrar en una institución aparece trasladada a una relación social. La sociedad continúa funcionando. Pero alguien está pagando materialmente por esa continuidad. Quizá ahí se encuentre una pregunta más útil que la celebración abstracta de la resiliencia.

No cuánto puede resistir una sociedad. Sino quién está absorbiendo el coste de que siga resistiendo. Porque las sociedades, como los yacimientos, acumulan capas. Y a veces basta con que se apague la luz para poder verlas.

Nota metodológica. La comparación entre Cuba y Ayiti se utiliza como instrumento analítico y no como equivalencia histórica, predicción o jerarquía de sufrimientos. Las cifras económicas, sanitarias, humanitarias y de desarrollo humano se han contrastado prioritariamente con fuentes oficiales nacionales, organismos intergubernamentales y documentación gubernamental primaria. Las afirmaciones políticas contenidas en documentos oficiales cubanos o estadounidenses se atribuyen a las instituciones que las formulan y no se adoptan automáticamente como descripción analítica. Las fuentes periodísticas de CTXT se utilizan únicamente para escenas y observaciones de carácter periodístico, no para establecer las principales series estadísticas comparativas.

Los datos del Human Development Report 2025 corresponden fundamentalmente a 2023. Los datos de mortalidad infantil proceden de una misma serie armonizada internacional y llegan hasta 2024, último año común disponible. Las tasas de reducción de mortalidad infantil y el incremento porcentual cubano desde el mínimo de 2011-2015 son cálculos propios realizados sobre la serie del Banco Mundial/UN IGME. Las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el embargo a Cuba no son jurídicamente vinculantes. El recuento de 33 resoluciones corresponde a las adoptadas entre 1992 y 2025, teniendo en cuenta la alteración del calendario durante la pandemia y el aplazamiento formal producido en el 76.º período de sesiones.

Referencias

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