¿Por qué Abya Yala no tiene su Accra?

Segunda parte de «Cortés y Pizarro: conquista, tanatopolítica y memoria imperial» y continuación de «La tercera obligación: Accra y la deuda que Occidente no quiere devolver»

En el Mundial de 2026, dos escenas aparentemente menores devolvieron el pasado colonial a las gradas.

En España, durante las celebraciones por el campeonato, algunos jóvenes volvieron a invocar a Hernán Cortés y Francisco Pizarro como signos de grandeza nacional. Sus nombres podían circular entre cánticos, entrevistas y celebraciones asociados a conquista, victoria y orgullo. Aquella escena abrió Cortés y Pizarro. La pregunta no era por qué seguíamos sabiendo quiénes habían sido, sino qué trabajo de memoria permitía que dos protagonistas de las conquistas del siglo XVI continuaran funcionando cinco siglos después como emblemas positivos de una victoria española.

En los partidos de la República Democrática del Congo apareció otra escena. Michel Kuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, permanece durante los noventa minutos de pie e inmóvil, vestido con los colores nacionales y con un brazo levantado. Lleva realizando el gesto desde 2013 y en el Mundial de 2026 se convirtió en una imagen reconocible de la selección congoleña. No representa a un futbolista. Reproduce la postura de una estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa y convierte su propio cuerpo en un recordatorio público de la historia de la independencia congoleña (Cuesta, 2026; Paura, 2026).

Conviene detenerse en quién fue Lumumba, porque el gesto pierde buena parte de su sentido si su nombre queda reducido a un icono. Patrice Emery Lumumba fue uno de los principales dirigentes de la independencia del Congo Belga y el primer primer ministro del Congo independiente en 1960. Defendió un Estado congoleño unido y soberano y denunció públicamente la violencia y la humillación del régimen colonial belga. Su gobierno duró apenas unos meses. En medio de la crisis política que siguió a la independencia, fue apartado del poder, detenido y transferido a Katanga. El 17 de enero de 1961 fue ejecutado junto a Maurice Mpolo y Joseph Okito. Décadas después, una comisión parlamentaria belga atribuyó responsabilidad moral a miembros del Gobierno de Bélgica por las circunstancias que condujeron al asesinato; en 2022, el primer ministro belga reiteró oficialmente esa responsabilidad y presentó disculpas por el papel desempeñado por autoridades de su país. Documentos estadounidenses muestran, además, que durante la crisis la CIA había desarrollado un programa para apartar a Lumumba del poder y llegó a preparar planes para asesinarlo, aunque su ejecución final tuvo lugar en Katanga (Gobierno Federal de Bélgica, 2022; U.S. Department of State, Office of the Historian, s. f.).

Lumumba se convirtió así en mucho más que un antiguo jefe de gobierno. Para amplios sectores de la memoria congoleña y panafricana pasó a representar una independencia interrumpida, la exigencia de soberanía política y económica y la violencia con la que los intereses coloniales y de la Guerra Fría atravesaron la construcción del nuevo Estado. Cuando Michel Kuka permanece inmóvil en una grada, no escenifica solamente a una persona. Obliga a que esa historia acompañe al presente.

En una grada, el pasado colonial pudo entrar en la fiesta. En la otra, la memoria anticolonial interrumpió la fiesta para hacerse visible.

La oposición no permite distribuir cómodamente memoria «buena» y memoria «mala», ni convierte a Cortés, Pizarro y Lumumba en figuras simétricas. La diferencia interesante está en el trabajo que cada símbolo exige. Cortés y Pizarro pueden funcionar como signos de victoria si parte de la experiencia de las poblaciones conquistadas queda fuera del emblema. Lumumba funciona de otra manera: para comprender por qué un hombre permanece noventa minutos inmóvil hay que volver a introducir en la imagen la colonización belga, la independencia, la crisis congoleña y el asesinato.

Dos gradas del mismo Mundial muestran así que el pasado no vuelve simplemente porque sea recordado. Vuelve bajo formas distintas de legibilidad política.

Ese contraste popular encuentra en 2026 un eco institucional. El 25 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 123 votos a favor, tres en contra, los de Argentina, Estados Unidos e Israel, y 52 abstenciones la resolución A/RES/80/250, que declaró la trata de personas africanas esclavizadas y la esclavitud racializada de africanas y africanos como «el crimen de lesa humanidad más grave». Entre las abstenciones estuvieron las de los 27 Estados de la Unión Europea, incluida España. La resolución no creó un tribunal ni estableció indemnizaciones vinculantes. Afirmó que las reclamaciones de reparación representan un paso concreto para remediar agravios históricos y llamó a los Estados a un diálogo de buena fe sobre justicia reparadora, con medidas que pueden incluir disculpas formales, restitución, compensación, rehabilitación y garantías de no repetición (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2026).

Entre el 17 y el 19 de junio, una secuencia de reuniones técnicas, políticas y conmemorativas en Accra intentó transformar aquel lenguaje en una agenda. El proceso adoptó los Accra Next Steps Commitments on Reparation Justice, una hoja de ruta sobre restitución, compensación, deuda, reformas financieras, justicia climática, inclusión tecnológica y mecanismos permanentes de coordinación (Ministry of Foreign Affairs, Republic of Ghana, 2026). Accra no inauguró el movimiento por las reparaciones. Fue uno de los momentos en que décadas de trabajo africano, caribeño y diaspórico adquirieron una arquitectura política capaz de trasladar una historia conocida al lenguaje internacional de la obligación.

En La tercera obligación se propuso leer ese desplazamiento desde Marcel Mauss. Dar, recibir y devolver no describían una supuesta reciprocidad entre quienes esclavizaban y quienes eran esclavizados. Trasladar literalmente el esquema del don a una relación fundada en la violencia sería absurdo. La pregunta aparecía después. ¿Qué sucede cuando una relación histórica produjo acumulación para unas partes y desposesión para otras, el daño termina siendo reconocido, pero quienes heredaron instituciones, patrimonios y ventajas rechazan que ese reconocimiento genere obligación alguna?

El primer ensayo de esta serie partió de jóvenes que podían volver a Cortés y Pizarro signos de victoria. Este coloca junto a aquella imagen la estatua humana de Lumumba y desplaza la pregunta.

¿Por qué Abya Yala no tiene su Accra?

La pregunta no reclama una réplica exacta de Accra ni pretende homologar la conquista de las Américas, la encomienda, la mita, la esclavización indígena y la esclavitud racializada africana. Tampoco afirma que los pueblos indígenas carezcan de derechos o procesos reparadores. Interroga algo más específico: qué condiciones permiten que un daño histórico llegue a hacerse políticamente legible como una obligación compartida.

La hipótesis de este ensayo es que una diferencia decisiva está en la forma política del archivo. La trata atlántica produjo un daño que, además de masivo, quedó inscrito en dispositivos jurídicos y contables comparables entre territorios: registros portuarios, manifiestos de carga, contratos, pólizas de seguros, censos, libros de plantación, asientos, escrituras de propiedad y litigios. La conquista de Abya Yala produjo también archivos inmensos, pero el daño aparece repartido entre guerra, epidemia, encomienda, mita, tributo, evangelización, esclavización, pérdida territorial y reorganización ecológica. No es que una historia esté documentada y la otra no. No están documentadas de la misma manera ni han sido ensambladas políticamente con la misma eficacia. Esa diferencia no explica por sí sola la aparición de Accra, pero ayuda a entender por qué el tránsito de la memoria a la obligación ha seguido trayectorias distintas.

La propia comparación necesita límites. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce en su artículo 28 el derecho a reparación por tierras, territorios y recursos confiscados, ocupados, utilizados o dañados sin consentimiento libre, previo e informado. Su artículo 12 reconoce además el derecho a la repatriación de restos humanos y al acceso y restitución de objetos ceremoniales (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007). Tampoco existe un vacío regional absoluto. El primer Foro de Alto Nivel CELAC–África, celebrado en Bogotá en marzo de 2026, dedicó un pilar a la «Reparación Histórica y Justicia Étnico-Racial», y Colombia cuenta desde 2023 con una Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica. Son indicios de un proceso en construcción. La diferencia está menos en la existencia de un vocabulario reparador que en su grado de consolidación regional y en la capacidad de reunir daños históricamente heterogéneos dentro de una reclamación política común.

Quizá la pregunta decisiva no sea todavía cuánto habría que pagar, sino una anterior: ¿qué tiene que ocurrir para que un daño conocido pueda formularse como deuda?

Lo que puede entrar en la historia

Michel-Rolph Trouillot ofrece una vía especialmente fértil para pensar ese problema. En Silencing the Past, Haití ocupa un lugar central no como una ausencia de hechos, sino como una crisis de las categorías mediante las que Occidente podía comprenderlos. La Revolución haitiana resultó «impensable» porque unas personas convertidas jurídicamente en propiedad no solo se rebelaron. Formularon un proyecto político general, construyeron fuerzas capaces de derrotar a ejércitos imperiales y fundaron un Estado independiente sobre la abolición de la esclavitud (Trouillot, 1995).

Mucho antes, el intelectual trinitense C. L. R. James había realizado otra operación decisiva en The Black Jacobins. James narró la Revolución haitiana desde la capacidad política de las personas esclavizadas y la situó en el centro, no en los márgenes, de las transformaciones revolucionarias atlánticas (James, 1989). James y Trouillot no hacen el mismo trabajo. El primero reconstruye una revolución protagonizada por quienes el orden colonial había convertido en propiedad; el segundo pregunta por las condiciones que hicieron que esa revolución resultara difícil de pensar incluso mientras estaba ocurriendo. Leídos juntos, desplazan a Haití de la periferia del relato hacia el lugar donde las categorías del relato entran en crisis.

Ese límite no dependía de una sola teoría racial. Formaba parte de un orden ontológico que jerarquizaba grados de humanidad y hacía compatible la universalidad proclamada por la Ilustración con la esclavización colonial. Las formulaciones que después adquirirían la apariencia de racismo científico reforzaron ese horizonte. La Revolución haitiana resultaba impensable porque quienes habían sido situados dentro de aquellas clasificaciones como seres inferiores aparecían actuando como sujetos autónomos de una revolución universal.

Para Trouillot, el poder no actúa únicamente borrando documentos. Interviene cuando se producen las fuentes, cuando se organizan los archivos, cuando determinadas huellas son recuperadas para construir una narración y cuando unos acontecimientos, y no otros, adquieren retrospectivamente significación histórica. Por eso un silencio puede producirse dentro de un archivo enorme. La documentación puede existir y, sin embargo, estar organizada de tal manera que ciertas relaciones resulten difíciles de pensar políticamente.

Ese matiz es fundamental para Abya Yala.

La conquista no ha sido silenciada porque falten archivos. Ha sido políticamente fragmentada dentro de archivos abundantísimos.

Conocemos guerras, epidemias, expediciones, encomiendas, reducciones, desplazamientos, tributos, minas, haciendas, conversiones religiosas, apropiaciones territoriales y múltiples formas de resistencia. Pero esos procesos pueden ser organizados como episodios separados de historias nacionales, imperiales o locales sin llegar necesariamente a constituir un daño histórico común capaz de producir una obligación transnacional. El poder de la historia no reside solo en ocultar lo sucedido. También reside en determinar bajo qué categorías puede relacionarse lo sucedido con el presente.

La dimensión demográfica muestra con claridad el problema.

Koch et al. (2019) revisaron 119 estimaciones regionales y calcularon una población de las Américas antes del contacto europeo de aproximadamente 60,5 millones de habitantes, con un rango intercuartílico de 44,8 a 78,2 millones. Para estimar la mortalidad utilizaron una población estandarizada de aproximadamente seis millones hacia 1600. El cálculo detallado del propio artículo arroja 54,5 millones de muertes, con un intervalo intercuartílico de 39,0 a 72,4 millones, equivalentes al 90 % de la población precontacto, con un rango del 87 al 92 % (Koch et al., 2019, p. 22). En la conclusión, las autoras y los autores redondean esa estimación a 55 millones. Son cifras necesariamente reconstruidas y sometidas a debate historiográfico, no un censo retrospectivo.

La cifra tampoco significa que «España asesinara a 54,5 millones de personas». Las epidemias introducidas desde Eurasia fueron el principal factor inmediato de mortalidad en numerosas regiones. Pero tampoco describe 54,5 millones de muertes naturales que puedan separarse limpiamente de la conquista. El propio estudio sitúa junto a las epidemias la guerra, la esclavización y el hambre. Los desplazamientos, la destrucción de sistemas productivos, el trabajo coercitivo y la ruptura de redes comunitarias alteraron las condiciones en las que las enfermedades circularon y las posibilidades de recuperación de las poblaciones (Koch et al., 2019).

Esa complejidad causal es históricamente necesaria. También puede tener consecuencias políticas. La esclavitud racializada atlántica constituye una institución jurídica relativamente identificable, con mercados documentados, barcos, contratos, aseguradoras, puertos, plantaciones y seres humanos convertidos explícitamente en propiedad. La catástrofe americana aparece repartida entre epidemia, invasión, guerra, esclavización, encomienda, mita, tributación, evangelización, pérdida territorial y reorganización ecológica.

La fragmentación de las causas puede terminar favoreciendo una fragmentación de la responsabilidad.

Quijano permite añadir otro estrato. La colonialidad del poder no supone que el orden colonial permaneciera inmóvil después de las independencias. Señala que algunas clasificaciones de población, trabajo, autoridad y conocimiento construidas durante la expansión colonial participaron en la formación posterior del capitalismo mundial y sobrevivieron, transformadas, al final formal de los imperios (Quijano, 2000). La colonialidad ayuda así a entender por qué esa fragmentación no termina con el colonialismo formal. Las categorías mediante las que se clasificaron poblaciones, trabajos y formas de conocimiento continuaron organizando jerarquías después de las independencias. Eso no determina mecánicamente cómo cada violencia será recordada, pero sí condiciona las posiciones desde las que puede narrarse y reclamarse.

Por eso la pregunta sobre Abya Yala no puede reducirse a si Europa «recuerda» o «no recuerda» la conquista. Interroga qué categorías permiten que determinadas violencias conocidas lleguen a adquirir capacidad política para producir responsabilidad.

El daño tuvo una economía

Pero la historia deja de parecer abstracta cuando se observa materialmente.

Eric Wolf reclamó que Europa y quienes fueron convertidos en «pueblos sin historia» fueran colocados dentro de una misma historia de conexiones. La expansión europea no se desarrolló en un mundo ya dividido entre una Europa dinámica y sociedades exteriores estáticas. Las relaciones que terminarían formando una economía mundial se construyeron precisamente mediante conquista, comercio, circulación, coerción y transformación de sociedades conectadas entre sí (Wolf, 1982).

Potosí permite recordar esa relación sin repetir aquí lo ya desarrollado en Cortés y Pizarro. Robins y Hagan (2012) estiman que entre 1574 y 1735 se produjeron allí alrededor de 18 000 toneladas métricas de plata y que, entre 1574 y 1810, unas 39 000 toneladas de mercurio fueron liberadas como vapor durante el refinado. La mita organizada bajo el virrey Francisco de Toledo movilizaba además contingentes de miles de trabajadores indígenas; en 1578 el cupo documentado ascendía a 14 181 personas (Gil Montero, 2011).

Lo decisivo aquí no es reconstruir de nuevo toda la historia minera, sino conservar su relación fundamental. El valor podía viajar desde los Andes hacia los mercados americanos, europeos y asiáticos mientras una parte sustancial de los costes sanitarios, ecológicos y humanos permanecía territorializada donde ocurría la extracción. Si en el ensayo anterior seguimos, con Sánchez-Antonio (2020), la tanatopolítica colonial como una racionalidad capaz de distribuir diferencialmente la exposición a la muerte y al daño, basta ahora con retener una idea: la coerción también podía convertirse en infraestructura económica.

La plantación permite seguir esa pregunta mediante otras mercancías y otros regímenes de trabajo.

Sidney Mintz estudió la plantación como una forma social y no simplemente como una explotación agrícola. En su análisis de Puerto Rico conecta monocultivo comercial, inversión de capital, control concentrado de la producción y distintas formas de trabajo esclavizado, forzoso o coercitivo. La importancia de su enfoque consiste precisamente en vincular lo que sucede en el campo tropical con mercados, consumo y acumulación mucho más allá de la plantación (Mintz, 1974).

Sus cifras puertorriqueñas permiten observar esa transformación. La población esclavizada registrada pasó de 17 536 personas en 1812 a 51 216 en 1846. Mientras tanto, la producción de azúcar creció desde aproximadamente 9 391 toneladas en 1827–1828 hasta 65 517 toneladas en 1860–1861. Entre 1815 y 1876 coexistieron además el trabajo de personas esclavizadas y distintas formas de trabajo forzoso de población jurídicamente libre (Mintz, 1974).

El azúcar permite volver también al comienzo de esta serie. Gisela von Wobeser documenta cómo Hernán Cortés impulsó tempranamente el cultivo de caña en Cuernavaca y el ingenio de Tlaltenango, dentro de una reorganización regional de tierras, aguas y trabajo en torno a la producción azucarera (von Wobeser, 2004). Pero el mapa de la plantación queda incompleto si se empieza y termina en las posesiones castellanas.

El Atlántico esclavista: Portugal, Brasil y algodón

La escala atlántica obliga a mirar hacia Portugal y Brasil.

Portugal fue pionero en la expansión esclavista europea por la costa atlántica africana durante el siglo XV y, junto con los circuitos desarrollados después desde Brasil, terminó siendo con mucha diferencia el principal transportista de toda la trata transatlántica. SlaveVoyages estima que entre 1501 y 1866 5 848 266 personas fueron embarcadas en barcos clasificados como portugueses o brasileños, aproximadamente el 46,7 % de los 12,52 millones de embarques estimados. Los barcos británicos transportaron alrededor de 3,26 millones; los franceses, 1,38 millones; los vinculados a España o Uruguay, 1,06 millones; y los neerlandeses, unas 554 000 personas (SlaveVoyages, s. f.; Eltis & Richardson, 2010).

Las cifras impiden narrar esa historia como una simple sucesión lineal de Portugal, Países Bajos e Inglaterra. Portugal y Brasil mantuvieron un peso enorme durante siglos. Los Países Bajos protagonizaron, sin embargo, un momento estratégico durante el siglo XVII. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales ocupó parte del nordeste azucarero brasileño desde 1630, tomó Elmina a Portugal en 1637 y Luanda en 1641. Durante unos años intentó controlar simultáneamente territorios productores de azúcar y puntos fundamentales del aprovisionamiento de personas esclavizadas. Gran Bretaña se convirtió después en la principal potencia transportista durante buena parte del siglo XVIII. No eran relevos perfectos, sino hegemonías superpuestas dentro de una infraestructura atlántica cada vez más extensa (Eltis & Richardson, 2010).

Brasil fue el gran nodo americano de ese sistema. Las estimaciones de SlaveVoyages sitúan allí aproximadamente 4,86 millones de desembarques de personas africanas esclavizadas, cerca del 45 % de quienes sobrevivieron a la travesía atlántica. Solo el sudeste brasileño recibió unos 2,26 millones; Bahia, 1,55 millones; y Pernambuco, más de 850 000. El dato obliga a desplazar una imagen demasiado centrada en el Caribe británico o en Estados Unidos. Durante siglos existió también un Atlántico Sur articulado directamente entre las costas africanas y los puertos de Brasil (SlaveVoyages, s. f.).

Esa escala dejó lugares materiales de memoria. El muelle de Valongo, construido en Río de Janeiro desde 1811 para concentrar los desembarques, recibió aproximadamente 900 000 personas africanas cautivas. UNESCO lo considera la huella física más importante asociada a la llegada forzada de personas africanas esclavizadas al continente americano (UNESCO World Heritage Centre, s. f.).

La monarquía hispánica formó parte sustancial de esos circuitos, aunque no los liderara. Borucki, Eltis y Wheat (2015) estiman que 1 506 000 personas africanas esclavizadas llegaron directamente desde África a las Américas españolas y otras 566 000 mediante tráfico intraamericano, procedente de territorios portugueses, británicos, neerlandeses y otros enclaves coloniales. En conjunto, fueron algo más de 2,07 millones de personas, y alrededor de dos tercios de esas llegadas se produjeron antes de 1810.

Ese crecimiento no debería narrarse, sin embargo, como una sustitución sencilla de población indígena por población africana provocada por las Leyes Nuevas de 1542. Aquellas normas intentaron restringir la esclavización indígena y limitar determinados abusos de la encomienda, pero no produjeron una ruptura limpia. Van Deusen (2023) ha documentado autorizaciones de esclavización indígena posteriores a 1542 en numerosas regiones del imperio. La esclavitud africana se expandió, por tanto, junto a un repertorio cambiante de encomienda, repartimiento, mita, servidumbre personal y formas legales e ilegales de esclavización indígena; no simplemente después de su desaparición.

El algodón del sur de los actuales Estados Unidos muestra otra transformación. La Norteamérica continental recibió directamente alrededor de 388 000 personas africanas esclavizadas durante la trata atlántica, una cifra muy inferior a la brasileña o caribeña (SlaveVoyages, s. f.). Sin embargo, el censo estadounidense registró 3 953 760 personas esclavizadas en 1860. Tras la prohibición federal de la importación transatlántica en 1808, el mercado interno de seres humanos se expandió junto con la economía algodonera. La historiografía estima que aproximadamente un millón de personas fueron desplazadas por la fuerza desde el Upper South hacia el Deep South en el proceso conocido como Second Middle Passage (Baptist, 2014; Beckert, 2014).

La expansión fue extraordinaria. La producción estadounidense de algodón pasó de unas 13 000 balas en 1792 a más de cinco millones en 1860. Hacia ese último año, el Sur se había convertido en el productor dominante del mercado mundial y proporcionaba aproximadamente entre dos tercios y tres cuartas partes del algodón global. El algodón suponía además más del 60 % del valor de las exportaciones estadounidenses en vísperas de la Guerra de Secesión (National Park Service, s. f.). Las estimaciones de productividad muestran, además, que la cantidad recogida por persona y jornada se multiplicó aproximadamente por cuatro entre 1800 y 1860. La interpretación de ese aumento es objeto de debate: Baptist (2014) subraya el sistema de cuotas, vigilancia y violencia física, mientras otros estudios destacan también la selección de semillas y cambios agronómicos. No hace falta resolver aquí esa discusión para reconocer que innovación productiva, demanda industrial y disciplina coercitiva del trabajo se combinaron dentro de la expansión algodonera (Baptist, 2014; Beckert, 2014).

La plantación no permaneció idéntica. Cambiaron mercancías, territorios, instituciones, mercados y relaciones entre reproducción demográfica y tráfico. Precisamente por eso resulta importante no confundir continuidad con repetición. El azúcar brasileño y caribeño y el algodón estadounidense pertenecen a configuraciones históricas distintas. Lo que una economía política comparada permite observar es cómo la apropiación jurídica del trabajo humano pudo integrarse de maneras diferentes en circuitos comerciales y financieros de enorme escala.

África occidental y centro-occidental: extracción y violencia

Pero incluso este mapa empieza demasiado tarde.

Las personas esclavizadas no aparecían en la costa africana. Había que llevarlas hasta ella.

África occidental y, sobre todo, África centro-occidental fueron el otro gran espacio de esta economía. SlaveVoyages identifica como principales regiones de embarque Senegambia, Sierra Leona, la Costa de Barlovento, la Costa de Oro, el golfo de Benín, el golfo de Biafra y África centro-occidental. Esta última, fundamentalmente los territorios de las actuales Angola y las dos Congos, fue el mayor punto regional de salida durante gran parte de la historia de la trata. En torno a 5,7 millones de personas fueron embarcadas desde África centro-occidental; cerca de dos millones desde el golfo de Benín; unos 1,6 millones desde el golfo de Biafra; y algo más de 1,2 millones desde la Costa de Oro (Eltis & Richardson, 2010; SlaveVoyages, s. f.).

La demanda atlántica no encontró una reserva humana esperando junto a los barcos. Se conectó con formas africanas preexistentes de esclavización, guerra y dependencia, pero alteró su escala, sus incentivos y sus destinos. En distintos lugares, cautivos obtenidos mediante guerras, razias, secuestros, condenas judiciales o redes comerciales fueron trasladados desde el interior hacia los puntos de embarque. Estados, élites, comerciantes e intermediarios africanos participaron de maneras diversas en ese sistema; algunas formaciones políticas se fortalecieron temporalmente gracias a él, mientras otras fueron atacadas, desplazadas o fragmentadas. Reconocer esa agencia africana no reduce la responsabilidad de la demanda atlántica europea y americana. Permite comprender cómo un mercado exterior extraordinariamente rentable reorganizó relaciones de violencia dentro del continente (Manning, 1990).

Dahomey permite observar esa complejidad. En sus primeras fases, la monarquía trató de concentrar el tráfico y recurrió de forma intensa a las razias; más tarde combinó capturas propias con la compra de personas procedentes del interior y con redes privadas de comerciantes (Law, 1989). Las armas de fuego europeas formaron parte importante de esos intercambios y pudieron alterar capacidades militares, pero reducir tres siglos de transformaciones a un simple ciclo «armas por esclavos» sería igualmente engañoso. La relación entre demanda atlántica, guerra, formación estatal y comercio varió profundamente entre regiones.

La mortalidad anterior al embarque es mucho más difícil de cuantificar que la del Middle Passage. Hubo muertes durante las capturas, los conflictos armados, las marchas, los traslados y los periodos de confinamiento. Pero no existe una proporción continental suficientemente robusta que permita afirmar que «por cada persona embarcada murió otra» como si se tratara de una contabilidad estable. Manning estimó millones de muertes directamente relacionadas con procesos de esclavización dentro de África, pero su modelo no equivale a una estimación de mortalidad de la trata atlántica: incluye también personas destinadas a mercados internos africanos y a otros circuitos esclavistas. Lo que sí muestra su trabajo es que la intensidad de las exportaciones redujo el crecimiento demográfico y produjo descensos absolutos en numerosas poblaciones de África occidental y centro-occidental durante los periodos de mayor extracción (Manning, 1990, 2010).

También aquí puede recuperarse con cautela el hilo de la tanatopolítica: no porque toda guerra africana pueda atribuirse a Europa ni porque captura y exterminio sean sinónimos, sino porque un mercado transatlántico hizo económicamente asumible la exposición sistemática de determinadas poblaciones a la violencia de captura, las marchas, el confinamiento y la travesía. La muerte no era necesariamente el objetivo, porque la mercancía debía llegar viva, pero podía convertirse en un coste tolerado de la producción de cautivos.

La composición demográfica también importaba. El tráfico atlántico demandó de manera desproporcionada población joven y, en conjunto, más hombres que mujeres. Extraer durante generaciones a personas en edades centrales para el trabajo y la reproducción no equivalía simplemente a restar individuos de un censo. Alteraba hogares, agricultura y mercados; modificaba relaciones de género, capacidades políticas y posibilidades de crecimiento futuro. El impacto fue desigual entre regiones, pero no marginal.

Walter Rodney había formulado este problema desde otra tradición intelectual. En How Europe Underdeveloped Africa, el historiador guyanés sostuvo que el desarrollo europeo y el subdesarrollo africano debían pensarse relacionalmente, no como historias económicas independientes. Para Rodney (1972), la trata no significó solamente pérdida de población: también reorientó actividades productivas, relaciones políticas y capacidades de desarrollo hacia una economía atlántica cuyo centro de acumulación se encontraba en otra parte. Su planteamiento es más amplio y políticamente más fuerte que una reconstrucción demográfica y no conviene convertirlo en una explicación monocausal de la historia africana. Su importancia aquí es otra: nombra una relación que las cifras, por sí solas, no pueden describir.

Nathan Nunn (2008) identificó, desde una metodología muy diferente, una correlación negativa robusta entre la intensidad histórica de las distintas tratas esclavistas y el desempeño económico posterior de las regiones africanas afectadas. Esa relación no autoriza a explicar el desarrollo contemporáneo africano mediante una única causa ni a convertir cuatro siglos de historia en una regresión económica. Sí permite rechazar la idea de que la extracción masiva de población terminó sin consecuencias cuando zarparon los últimos barcos.

Hubo también episodios concentrados de violencia política y militar. En el reino del Kongo, la batalla de Mbwila de 1665, en la que murió el rey António I y numerosos miembros de la élite política fueron muertos o capturados, abrió una prolongada crisis y una guerra civil durante la cual la captura y venta de personas adquirió todavía mayor importancia. No toda esa violencia puede atribuirse a una causa exterior única, pero tampoco puede separarse del mercado atlántico de cautivos que conectaba aquella región con Luanda y Brasil (Thornton, 1998).

Y la conversión de seres humanos en valor contable no terminaba al alcanzar la costa. El caso del Zong lo muestra de una manera excepcionalmente brutal. En 1781, durante una travesía desde África hacia Jamaica, la tripulación de aquel barco británico arrojó al mar a unas 130 personas africanas esclavizadas. Sus propietarios habían asegurado a las personas transportadas como carga y reclamaron posteriormente la indemnización por la pérdida. El litigio que llegó a Londres, Gregson v. Gilbert (1783), fue una disputa entre propietarios y aseguradores, no un proceso penal por homicidio. Granville Sharp intentó impulsar una acusación por asesinato, pero no consiguió que prosperara (London Museum, s. f.).

El Zong no representa toda la trata ni ocurrió en África. Su importancia está en mostrar hasta dónde podía llegar la lógica jurídica y financiera de la mercancía humana.

Matar podía convertirse en una operación contable.

Nada de ello convierte en equivalentes la mita, la encomienda, la esclavización indígena, la plantación brasileña, el tráfico atlántico, el mercado interno estadounidense o las guerras de captura africanas. Fueron instituciones, temporalidades y relaciones de poder distintas. La economía política histórica permite otra operación: observar cómo esas diferencias pudieron conectarse dentro de circuitos que desplazaban personas, materias primas y valor a largas distancias mientras distribuían de forma profundamente desigual los costes.

El daño tuvo contabilidad y la riqueza también tuvo destinos. Accra adquiere desde aquí otra dimensión. No habla únicamente desde las comunidades descendientes de quienes fueron esclavizados en las Américas. Habla también desde sociedades africanas de las que millones de personas fueron extraídas y cuya historia económica, demográfica y política quedó atravesada por aquella demanda.

Haití y la reparación invertida

Haití reúne esos hilos de una manera difícil de mejorar mediante cualquier ejemplo abstracto.

En vísperas de la Revolución, Saint-Domingue era una de las economías de plantación más productivas del mundo atlántico. En 1789 tenía aproximadamente 520 000 habitantes. Alrededor de 452 000 eran personas esclavizadas, frente a unas 40 000 personas blancas y 28 000 personas libres de color. El azúcar representaba aproximadamente el 48 % del valor de las exportaciones y el café otro 33,6 % (Ferrero, 2021).

No se trataba de un margen improductivo del capitalismo atlántico, sino de uno de sus grandes centros de producción de valor.

La Revolución haitiana destruyó el presupuesto ontológico sobre el que descansaba aquel sistema. Quienes figuraban dentro de la contabilidad como propiedad aparecieron como sujetos políticos. Personas a las que el orden atlántico atribuía un precio derrotaron militarmente a quienes defendían ese orden y proclamaron en 1804 un Estado independiente fundado sobre la abolición.

Trouillot ayuda a entender por qué aquella transformación fue tan difícil de concebir incluso mientras estaba ocurriendo. La historia posterior permite observar algo todavía más paradójico.

Cuando Francia terminó reconociendo la soberanía de Haití en 1825, lo hizo mediante una formidable inversión de la obligación reparadora.

La ordenanza de Carlos X exigió 150 millones de francos como indemnización a quienes habían perdido propiedades coloniales. Una escuadra francesa con alrededor de 500 cañones acompañó la exigencia. Gaillard-Pourchet señala expresamente que la cantidad equivalía al 15 % de los ingresos anuales del Estado francés de la época y, como mínimo, a diez veces los ingresos anuales de Haití (Gaillard-Pourchet, 2023, sección «Réparation aux ex-colons propriétaires»; Oosterlinck et al., 2022).

El mecanismo se vuelve todavía más elocuente cuando observamos qué se valoraba. La comisión encargada de distribuir la indemnización desarrolló fórmulas que permitían valorar también, «por cabeza», a las personas que habían sido esclavizadas. Quienes habían perdido el derecho a poseer seres humanos podían aparecer así como titulares de una pérdida susceptible de compensación (Gaillard-Pourchet, 2023).

Haití, además, no disponía de 150 millones de francos. Para satisfacer el primer vencimiento contrató en el mercado financiero francés un préstamo nominal de 30 millones de francos, al 6 % de interés. Tras las comisiones recibió únicamente 24 millones y tuvo que completar con recursos públicos los 30 millones que Francia exigía para la primera anualidad (Gaillard-Pourchet, 2023).

Ahí comienza la conocida doble deuda. El nuevo Estado debía pagar la indemnización y, al mismo tiempo, endeudarse con capital financiero francés para poder pagarla.

En 1838, después del impago y una larga negociación, la indemnización fue reducida hasta un total de 90 millones de francos. Pero los préstamos y refinanciaciones asociados prolongaron durante décadas la transferencia de recursos. La indemnización original quedó saldada durante el siglo XIX; la cadena de endeudamiento vinculada a ella continuó mucho más tiempo. Naciones Unidas señala que en 1914 más de tres cuartas partes del presupuesto nacional haitiano seguían destinándose al pago de bancos franceses y sitúa en 1947 la liquidación de las obligaciones financieras asociadas a esa larga secuencia de deuda (United Nations in the Caribbean, 2025). Gaillard-Pourchet (2023) muestra cómo la deuda de independencia y los empréstitos relacionados mantuvieron a Haití atrapado durante aproximadamente un siglo en una relación financiera surgida directamente del reconocimiento de su soberanía. Oosterlinck et al. (2022) la analizan precisamente como uno de los grandes casos históricos de deuda odiosa.

La soberanía colonial francesa había terminado y la esclavitud había sido abolida. La relación de poder, sin embargo, pudo reaparecer bajo otra tecnología. Ya no era propiedad jurídica sobre personas, sino deuda soberana.

La deuda funcionó así como una tecnología financiera de subordinación en un momento en que la dominación colonial directa había dejado de ser sostenible. La soberanía haitiana existía jurídicamente, pero parte de la relación imperial podía reorganizarse mediante pagos, préstamos, intereses y dependencia financiera. Es uno de los lugares donde la noción de restos imperiales de Stoler adquiere una forma casi contable.

Haití fue una reparación al revés.

Un país nacido de una revolución contra la esclavitud comenzó su vida internacional compensando a quienes habían perdido propiedades como consecuencia de aquella revolución. Ahí Trouillot encuentra a Mauss.

La tercera obligación y el límite de Accra

Mauss describió el don mediante obligaciones de dar, recibir y devolver. Su esquema pertenece a contextos sociales completamente diferentes de la conquista y la esclavitud, y no existe ninguna razón para fingir una reciprocidad donde hubo apropiación y violencia. Pero su pregunta por la obligación permite observar un problema posterior (Mauss, 2009).

Para poder discutir qué debería devolverse, primero debe ser políticamente posible admitir que algo fue recibido. Ese es precisamente uno de los terrenos sobre los que trabaja la memoria imperial.

Allí donde una relación histórica puede describirse mediante apropiación territorial, extracción de plata, trabajo coercitivo, tributo y transferencia de riqueza, otra narración puede reorganizarla como encuentro, evangelización, mestizaje o entrega de civilización. No estamos únicamente ante interpretaciones distintas del pasado. Está en juego la gramática desde la que ese pasado puede generar obligaciones.

Si aquello que salió de América no puede ser pensado como una recepción de tierra, trabajo, metales, alimentos, recursos, conocimientos o capacidades humanas, la tercera obligación maussiana ni siquiera llega a plantearse.

La disputa por la memoria precede así a la disputa por la reparación. Haití ocupa el extremo contrario. Allí sí se produjo una devolución, pero fue realizada por la parte previamente expoliada. Quienes habían conquistado su libertad compensaron a quienes habían perdido la capacidad jurídica de apropiarse de su trabajo y de sus cuerpos.

Accra intenta modificar esa gramática.

La resolución 80/250 no calcula una deuda mundial ni determina mediante una fórmula quién debe pagar a quién. Tampoco convierte retrospectivamente toda esclavización histórica en responsabilidad penal contemporánea. Su importancia reside en el cambio normativo. Afirma que las reclamaciones de reparación constituyen un paso concreto frente a los agravios históricos y llama a construir un diálogo internacional sobre restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2026).

Ese momento tampoco apareció de la nada. Durban había reconocido ya en 2001 que la esclavitud y la trata de personas esclavizadas, particularmente la trata transatlántica, constituían y deberían haber constituido siempre un crimen de lesa humanidad. Lo novedoso en 2026 no es descubrir la violencia. Es fortalecer el tránsito desde el reconocimiento histórico hacia una arquitectura reparadora (Naciones Unidas, 2002).

La diferencia institucional resulta aquí decisiva. CARICOM creó en 2013 su Comisión de Reparaciones y en 2014 adoptó un programa de diez puntos. Su marco no se limita a la esclavitud africana. Incluye también el genocidio de poblaciones indígenas caribeñas y el colonialismo extractivo. En julio de 2026, CARICOM publicó una versión revisada de ese programa y mantuvo esas dimensiones dentro de su demanda a las antiguas potencias coloniales (Caribbean Community, 2026a).

Esa arquitectura tiene también una genealogía intelectual caribeña. Hilary McD. Beckles había articulado en Britain’s Black Debt una historia de enriquecimiento colonial, genocidio indígena, esclavitud y reparación escrita desde el Caribe y orientada explícitamente hacia la construcción de una demanda política (Beckles, 2013). Como presidente de la CARICOM Reparations Commission, Beckles resumió en julio de 2026 el cambio de fase con una frase especialmente significativa para este ensayo: «The case has been made. The question now is implementation and demand» (Caribbean Community, 2026b). La documentación histórica no apareció ese año. Lo que cambió fue la capacidad institucional de convertirla en reclamación.

La Unión Africana ha construido a su vez mecanismos específicos, entre ellos el African Union Committee of Experts on Reparations y el African Union Reference Group of Legal Experts on Reparations. El 17 de junio de 2026, estos organismos y la CARICOM Reparations Commission celebraron su primera reunión conjunta para operacionalizar un mecanismo africano-caribeño de justicia reparadora, en preparación del segmento de alto nivel de Accra del 18 y 19 de junio. La propia Unión Africana sitúa ese proceso dentro de más de dos décadas de trabajo institucional posterior a Durban (African Union Commission, 2026).

Por eso «¿por qué Abya Yala no tiene su Accra?» no describe una ausencia total. El Foro CELAC–África de Bogotá demuestra que también en América Latina empieza a construirse un espacio regional de reparación que incluye expresamente las experiencias indígenas. La diferencia es de consolidación política e institucional.

Hay además una dificultad histórica específica. Muchos de los Estados latinoamericanos que hoy tendrían que participar en una conversación continental sobre reparación no surgieron como Estados indígenas liberados de las metrópolis, sino como repúblicas que heredaron y transformaron estructuras de propiedad, clasificaciones raciales y formas de control territorial previamente coloniales. Las élites criollas no fueron simplemente víctimas exteriores del imperio. En numerosos lugares participaron después en nuevas desposesiones de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Una tradición latinoamericana de pensamiento crítico nombró una parte de este problema como colonialismo interno. González Casanova (1965) y Stavenhagen (1967) utilizaron el concepto para cuestionar la idea de que independencia política e integración nacional eliminaran automáticamente relaciones coloniales dentro de las nuevas repúblicas. El término no convierte a los Estados latinoamericanos contemporáneos en copias de los imperios europeos, pero ayuda a entender por qué, para numerosos pueblos originarios, la independencia no coincidió necesariamente con la descolonización.

Eso vuelve mucho más difícil identificar una división simple entre una parte que debe reparar y otra que debe recibir.

¿España y Portugal?

¿Los actuales Estados americanos?

¿Instituciones religiosas?

¿Empresas y patrimonios privados?

¿Instituciones financieras?

¿Quiénes heredaron tierras obtenidas bajo regímenes coloniales?

¿Quiénes deben ser sujetos de reparación cuando los pueblos afectados atraviesan las fronteras creadas posteriormente por los propios Estados?

Antes incluso de calcular una reparación, Abya Yala obliga a discutir quién hereda la responsabilidad y quién tiene autoridad para reclamarla.

La explicación europea de la abstención ante A/RES/80/250 muestra otra frontera. Los Estados miembros de la Unión Europea justificaron conjuntamente su posición. Su declaración condenó inequívocamente la trata transatlántica y la esclavitud, reconoció sus consecuencias persistentes y apoyó el trabajo contra el racismo estructural. Pero objetó el término gravest, invocó expresamente el principio de no retroactividad del derecho internacional y sostuvo que las referencias a reclamaciones de reparación «lack a sound legal basis» (European External Action Service, 2026).

La distinción resulta especialmente reveladora para nuestro argumento: la memoria puede aceptarse mientras la obligación se rechaza. Desde una lectura maussiana, esa distancia es justamente la que interesa. Reconocer que algo sucedió no equivale todavía a admitir que aquello genera una obligación de devolver.

Los restos del imperio

Ann Laura Stoler propone no pensar los imperios únicamente mediante sus ruinas, como restos muertos de una época concluida, sino mediante procesos de ruination. El interés se desplaza hacia las maneras en que relaciones imperiales pasadas dejan trazas duraderas sobre territorios, cuerpos, instituciones y posibilidades de vida en el presente (Stoler, 2013). La idea permite evitar dos errores opuestos: sostener que nada ha cambiado desde el siglo XVI o imaginar que independencia y abolición clausuraron automáticamente todas las relaciones construidas durante siglos.

Haití ofrece una forma particularmente clara de ese problema. La soberanía francesa terminó formalmente, pero parte de la relación de poder pudo reorganizarse mediante deuda. Quijano permite nombrar otro mecanismo sin confundir continuidad con inmovilidad. La colonialidad no significa que las desigualdades presentes sean fósiles intactos de la colonia, sino que algunas formas de clasificar población, conocimiento, autoridad y trabajo adquirieron una capacidad de organizar relaciones que excedió la duración jurídica de los imperios (Quijano, 2000).

Desde AIthropology Lab queda una última pregunta contemporánea, pero su punto de contacto no debe ser una genealogía de la extracción. La inteligencia artificial no continúa la trata atlántica, la plantación ni Potosí. Son instituciones, tecnologías y posiciones humanas históricamente distintas. La conexión útil está en otro lugar: la política de aquello que una infraestructura consigue hacer legible.

En abril de 2026, UNESCO describió las lenguas africanas como uno de los grandes puntos ciegos de la inteligencia artificial. Los sistemas entrenados sobre contenidos dominados por unas pocas lenguas ofrecen peor cobertura para buena parte de la diversidad lingüística del continente, precisamente porque muchas lenguas disponen de pocos corpus digitalizados o porque una parte importante de su conocimiento circula oralmente (UNESCO, 2026). Una lengua puede ser socialmente rica, históricamente profunda y plenamente viva, y al mismo tiempo resultar pobremente legible para un modelo.

La respuesta tampoco tiene por qué consistir en convertir más rápidamente toda experiencia en datos. Masakhane, una comunidad panafricana de procesamiento del lenguaje, plantea el problema en términos de participación y soberanía: fortalecer tecnologías para lenguas africanas «para África, por africanos», y conseguir que quienes producen esas lenguas y conocimientos participen en la investigación como protagonistas y no simplemente como fuentes de datos (Masakhane, s. f.).

Aquí termina la comparación. Un corpus de entrenamiento no es un manifiesto de un barco esclavista y la ausencia digital de una lengua no equivale a su persecución colonial. Pero la pregunta de Trouillot adquiere un eco contemporáneo limitado: qué infraestructuras deciden qué puede hacerse visible, clasificable y utilizable, y quién tiene poder para intervenir en esa decisión. Accra incluye hoy la inclusión tecnológica dentro de la agenda reparadora. Eso no convierte la IA en una deuda heredada de la esclavitud. Sitúa, más modestamente, la capacidad de participar en las infraestructuras contemporáneas de conocimiento dentro de la discusión sobre qué significa reparar.

Lo que todavía no sabemos devolver

Accra no fue posible porque en 2026 alguien descubriera la esclavitud. Las personas esclavizadas conocían la violencia del sistema mientras la padecían, resistían, huían y se rebelaban. C. L. R. James pudo reconstruir la Revolución haitiana décadas antes de que Trouillot preguntara por su condición de «historia impensable». La historiografía, los archivos y las comunidades descendientes conocían desde mucho antes barcos, plantaciones, contratos, mercados, resistencias y beneficios.

Pero conocer no es lo mismo que obligar.

La trata atlántica fue jurídicamente legible como relación de propiedad mucho antes de que pudiera ser políticamente legible como deuda. Precisamente por eso el Zong resulta tan revelador. El sistema podía identificar a las personas como carga asegurada, registrar su pérdida y discutir ante un tribunal quién debía soportar económicamente esa pérdida. Durante siglos, el archivo permitió contar la propiedad antes de permitir formular la reparación.

La transformación que desemboca en Durban, CARICOM, la Unión Africana y Accra consiste en volver parcialmente aquel archivo contra la relación para la que fue construido. Barcos, pólizas, contratos, libros contables, censos y leyes no produjeron justicia por sí mismos. Fueron movimientos políticos, investigaciones, instituciones y comunidades quienes consiguieron reunir esas huellas dentro de un lenguaje común de responsabilidad.

Abya Yala plantea una dificultad distinta. La conquista tampoco carece de archivo. Conocemos la catástrofe demográfica, la encomienda, la mita, la esclavización indígena, Potosí, las apropiaciones territoriales, las campañas militares y la reorganización de economías y ecologías. El problema es que esas huellas pertenecen a regímenes causales, jurídicos y políticos diferentes y han sido distribuidas posteriormente entre relatos nacionales, imperiales y locales. Construir una demanda reparadora común no puede consistir en fingir que todo fue el mismo crimen. Exige precisamente reunir lo fragmentado sin borrar sus diferencias.

Haití muestra por qué esa operación es política antes que archivística. En 1825 el orden internacional encontró perfectamente legible la pérdida patrimonial de antiguos propietarios franceses y consiguió convertirla en una obligación exigible al nuevo Estado haitiano. Lo que durante mucho más tiempo resultó difícil de formular fue la operación inversa: que la apropiación de vidas, trabajos y territorios pudiera obligar a quienes habían recibido sus beneficios.

Ahí convergen Trouillot y Mauss. Trouillot ayuda a preguntar qué relaciones consiguen entrar en la historia con capacidad de producir consecuencias. Mauss permite preguntar qué ocurre cuando una relación reconocida deja de ser solamente pasado y empieza a obligar.

El día que Abya Yala tenga algo que podamos llamar «su Accra» no será porque aparezca un archivo secreto ni porque todas las violencias coloniales puedan reducirse a una sola categoría. Será porque se haya construido un marco político capaz de convertir archivos dispersos y daños diferentes en una cuestión compartida de responsabilidad sin falsear su historia.

Ese pasado no será únicamente algo que ocurrió. Será también una relación cuyos efectos obligan.

Y habrá que afrontar, por fin, la tercera obligación.

Qué devolver. A quién. Y quién está obligado a hacerlo.

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Patrice Lumumba, Bruselas, 26 de enero de 1960. Harry Pot / Anefo / Nationaal Archief. CC0 1.0, vía Wikimedia Commons.