Territorio, extractivismo e IA
La nube tiene geografía
De un refugio privado en los Andes a un nuevo frente petrolero en Malvinas, el Cono Sur vuelve a adquirir valor como territorio de reserva. Tierra, agua, cobre, litio, celulosa, gas y petróleo sostienen economías globales y un futuro digital que suele representarse como inmaterial. Detrás de la nube aparecen otra vez el suelo, la energía, los minerales y las relaciones de poder que deciden sus usos.
En San Carlos, Mendoza, una propiedad de 32.000 hectáreas se está convirtiendo en un experimento sobre el futuro.
Se llama Wamani.
Martín Varsavsky adquirió la propiedad en diciembre de 2023 junto con otras cinco personas inversoras de Argentina y Estados Unidos. Mantiene el 50% y el grupo había invertido cerca de diez millones de dólares en viviendas prefabricadas, domos geodésicos, caminos, generación solar, una pista de aterrizaje y otras infraestructuras cuando el Financial Times visitó el proyecto en agosto de 2026 (Financial Times, 2026).
La finalidad tampoco permanece oculta. Varsavsky presenta Wamani como un espacio capaz de mantener un alto grado de autonomía ante escenarios extremos, desde una guerra nuclear hasta una interrupción prolongada de las cadenas de suministro y de las grandes infraestructuras globales. El proyecto contempla producción de alimentos, energía propia y sistemas de comunicación. Sus responsables estudian incluso la posibilidad de descargar modelos de lenguaje y ejecutarlos en ordenadores alimentados con energía solar para conservar una capacidad computacional local si los servidores globales dejan de estar disponibles (Financial Times, 2026).
Wamani no es una mina.
No es una explotación petrolera.
Tampoco es, en sentido estricto, un proyecto extractivo.
Su interés está en otro lugar. Permite observar cómo el territorio puede transformarse en infraestructura privada de resiliencia.
Tierra.
Agua.
Energía.
Alimentos.
Computación.
Distancia.
Quienes disponen de suficiente capital pueden reunir esos elementos y convertirlos en una reserva frente a un futuro incierto.
Mientras buena parte del imaginario tecnológico presenta el porvenir como algo progresivamente inmaterial, algunas de las personas vinculadas a ese mundo digital buscan protegerse de sus riesgos mediante recursos extraordinariamente físicos.
La nube, al parecer, también necesita un lugar donde aterrizar.
Hay además otra apropiación, menos visible que las 32.000 hectáreas.
Wamani no es una palabra inventada por el emprendimiento.
Una investigación etnográfica publicada por el antropólogo Néstor Taipe registra el wamani entre poblaciones quechuas contemporáneas del centro-sur andino peruano como una figura tutelar vinculada a montañas y lagunas altoandinas. Entre sus atribuciones aparecen la protección de pueblos, grupos, personas, ganado y fauna, además de su función como articulador de identidades locales y étnicas (Taipe, 2024). Conviene delimitar el alcance de ese estudio: describe contextos concretos del centro-sur del Perú y no autoriza a atribuir una única cosmología a la diversidad del mundo quechua.
La propia web comercial del proyecto reconoce la procedencia andina del término y lo relaciona con territorio, provincia y con la figura de un espíritu protector de la montaña. También vincula el nombre con el pico de 5.000 metros situado dentro de la propiedad (Wamani, s. f.). Varsavsky explicó al Financial Times que lo eligió en homenaje a una mujer quechua-hablante que participó en su crianza (Financial Times, 2026).
Presentar esa elección directamente como un «robo» exigiría una evidencia que no hemos encontrado. No consta en las fuentes consultadas una denuncia pública de una comunidad u organización quechua por el uso del nombre.
Sí existe una recontextualización comercial y privada verificable.
Una palabra vinculada en determinados contextos andinos a montaña, protección, territorio e identidad pasa a nombrar un refugio de 32.000 hectáreas concebido por una pequeña élite para protegerse de crisis futuras.
La operación resulta especialmente significativa porque no solamente privatiza espacio. También incorpora al proyecto una lengua y una memoria territorial anteriores a quienes actualmente poseen la finca.
El territorio proporciona suelo y agua.
La cultura proporciona nombre y significado.
A pocos kilómetros conceptuales de Wamani aparece otra forma de construir seguridad.
Esta vez la protección está diseñada para grandes inversiones frente a futuros cambios regulatorios.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI, fue creado por la Ley 27.742 en 2024. Entre sus elementos centrales figura una garantía de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años desde la adhesión de cada proyecto (Congreso de la Nación Argentina, 2024).
La escala anunciada creció rápidamente. El Observatorio del RIGI, dirigido por Mariano Novas, contabilizaba a mayo de 2026 36 proyectos presentados por más de US$106.104 millones. Treinta pertenecían exclusivamente a sectores extractivos: veinte proyectos mineros y diez vinculados a hidrocarburos. En aquel corte, quince proyectos estaban aprobados por US$29.025 millones (Novas, 2026).
Unos días después, el Ministerio de Economía inauguró su plataforma oficial con otro corte temporal: 16 proyectos aprobados por US$29.892 millones y 25 todavía en evaluación por US$111.037 millones (Ministerio de Economía, 2026a).
A finales de julio, la aprobación del proyecto de litio de Liex en Catamarca elevó a 21 el número de iniciativas incorporadas al régimen, con compromisos declarados superiores a US$46.700 millones. La adhesión de Liex quedó formalizada mediante la Resolución 1153/2026 del Ministerio de Economía (Loustalot, 2026; Ministerio de Economía, 2026b).
La sucesión de cifras no constituye una anomalía estadística. Muestra por qué es necesario separar categorías que a menudo aparecen mezcladas en el debate público.
Un proyecto anunciado no es un proyecto presentado.
Uno presentado no está necesariamente aprobado.
Uno aprobado todavía no equivale a inversión ejecutada.
Y un monto comprometido tampoco demuestra por sí mismo cuánto valor permanecerá en el territorio.
El artículo de Sebastián Premici publicado en El Destape el 23 de junio de 2026, uno de los puntos de partida de esta investigación, planteaba precisamente esa distancia entre las promesas de inversión y sus efectos sobre empleo, proveedores, actividad económica e inversión pública (Premici, 2026).
Neuquén, San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta aparecen una y otra vez en ese mapa, junto con Vaca Muerta, el cobre, el litio, el gas natural licuado y las infraestructuras para transportarlos.
La discusión sobre desarrollo empieza precisamente ahí: cuánto empleo estable se produce, qué capacidad tecnológica permanece, qué proveedores locales se desarrollan, cómo se distribuyen las rentas, qué ocurre con el agua y cuánto margen conserva una comunidad o un futuro gobierno para modificar las condiciones de explotación después de conceder tres décadas de estabilidad.
El RIGI incorpora además un detalle directamente relacionado con esta nota. Una modificación reglamentaria de febrero de 2026 incluyó expresamente la inteligencia artificial entre las actividades comprendidas dentro del sector tecnológico del régimen (Poder Ejecutivo Nacional, 2026).
Minería, petróleo, gas e inteligencia artificial aparecen así dentro de una misma arquitectura destinada a atraer grandes inversiones.
La previsibilidad política también puede formar parte de aquello que un territorio ofrece al capital.
La misma cordillera, distintas formas de asegurar el territorio
La seguridad jurídica del RIGI termina en una frontera administrativa que los ecosistemas no reconocen.
Al otro lado de la Cordillera continúan salares, cuencas, minerales y sistemas hídricos que convierten los Andes en un espacio estratégico.
Argentina y Chile comparten esa geografía, pero organizan de manera diferente la relación entre Estado, capital y recursos.
El cobre estructura desde hace décadas una parte sustancial de la economía chilena. El litio añade ahora otra dimensión.
En el Salar de Atacama, Codelco y SQM formalizaron en diciembre de 2025 NovaAndino Litio, una asociación público-privada destinada a desarrollar actividades de exploración, explotación, producción y comercialización hasta 2060. Codelco posee el 50% más una acción, lo que establece una participación estatal mayoritaria (Codelco, 2025).
La fórmula difiere de la argentina.
Chile intenta incrementar la presencia estatal en un recurso considerado estratégico mientras mantiene una asociación con capital privado.
Eso no hace desaparecer la materialidad del proceso.
El litio necesita salares.
El cobre necesita minas.
Ambos requieren agua, electricidad, plantas de procesamiento, carreteras y puertos.
La transición energética no elimina la extracción. Cambia parte de aquello que resulta estratégico extraer.
Esa geografía de los recursos tampoco puede separarse de las disputas sobre territorio, propiedad y autonomía.
En el sur de Chile, las reivindicaciones territoriales mapuche se desarrollan sobre espacios profundamente transformados por generaciones de propiedad privada, expansión forestal y políticas estatales.
Desde febrero de 2025 existe además un nuevo marco jurídico contra el terrorismo. La Ley 21.732, promulgada el 4 de febrero y publicada el 12 de febrero de 2025, derogó expresamente la Ley 18.314, aprobada durante la dictadura. La nueva norma regula la asociación terrorista y amplía el uso de técnicas especiales de investigación, entre ellas la interceptación de comunicaciones y otras herramientas ya presentes en el Código Procesal Penal (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2025).
No corresponde presentar esa ley como una legislación específicamente dirigida contra el pueblo mapuche ni convertir automáticamente cualquier conflicto territorial en un asunto de terrorismo. Son planos que requieren análisis empírico separado.
Su presencia dentro de la radiografía regional muestra, sin embargo, otra dimensión del territorio: un mismo espacio puede ser simultáneamente hogar, memoria colectiva, propiedad privada, recurso económico, reserva mineral y territorio reivindicado.
La autoridad para establecer cuál de esos significados prevalece nunca es puramente técnica.
Uruguay y el enclave que funciona
Uruguay ofrece un contraste diferente.
No posee una Vaca Muerta ni grandes salares de litio. Tampoco una minería de cobre comparable con la chilena.
Su gran transformación territorial de las últimas décadas avanzó de una manera visualmente menos espectacular.
Árbol a árbol.
La planta de UPM en Fray Bentos opera desde 2007. La empresa Montes del Plata, fundada en Uruguay por la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, posee su complejo industrial en el departamento de Colonia (Montes del Plata, s. f.).
La segunda planta uruguaya de UPM, Paso de los Toros, comenzó a producir en abril de 2023. Tiene capacidad para aproximadamente 2,1 millones de toneladas anuales de celulosa de eucalipto, y la inversión de US$3.470 millones incluyó la planta, una terminal portuaria e infraestructuras locales. Según estimaciones de la propia compañía, su cadena uruguaya genera unos 7.000 empleos directos y 10.000 inducidos; son cifras empresariales y deben leerse como tales (UPM, 2023).
No existe una «UPM III» confirmada.
Y no hace falta inventarla para comprender la escala alcanzada.
En julio de 2024, la celulosa llegó a desplazar a la carne bovina como principal rubro exportador de Uruguay, situación que volvió a consolidarse en septiembre de ese año. Uruguay XXI relacionó ese crecimiento, entre otros factores, con la entrada en funcionamiento de Paso de los Toros (Uruguay XXI, 2024).
Este caso obliga a tratar con cuidado el concepto de enclave.
Alrededor de la celulosa existen empleo, proveedores, ferrocarriles, carreteras, puertos y una considerable integración logística.
Hay también transformaciones ecológicas menos visibles.
Un estudio realizado en siete parcelas experimentales de Eucalyptus en Uruguay encontró que la vegetación interceptaba entre 14% y 30% de la precipitación total en plantaciones de primera rotación o replantadas, alcanzando un máximo del 50% en una parcela de rebrote sin manejo (Alonso et al., 2023).
Ese resultado no significa que las cuencas pierdan automáticamente entre el 14% y el 50% de su caudal. La intercepción del agua por el dosel y el caudal de una cuenca son magnitudes distintas.
Lo relevante es que la transformación forestal modifica componentes concretos del balance hídrico y que esos efectos pueden medirse.
El modelo uruguayo resulta especialmente significativo porque muestra que la reorganización extractiva del territorio no necesita instituciones colapsadas.
Puede desarrollarse mediante contratos, regulación ambiental, certificaciones, inversión pública, ferrocarriles y una democracia estable.
El extractivismo puede generar conflicto.
También puede institucionalizarse.
Ahora esa transformación se prolonga hacia el océano.
En octubre de 2024, Chevron asumió la operación del bloque offshore OFF-1 con una participación del 60%, mientras Challenger Energy Group conservó el 40% (ANCAP, 2024).
Durante la primera temporada de la campaña sísmica 3DUR26 se adquirieron 1.400 km² de datos sísmicos tridimensionales en ese bloque. ANCAP informó que la campaña terminó en abril de 2026 sin incidentes ambientales ni de seguridad registrados y que una segunda temporada está prevista para noviembre (ANCAP, 2026b).
La frontera se amplía. En marzo de 2026 QatarEnergy se incorporó a OFF-2 y OFF-7 y Chevron entró también en OFF-7. La estructura resultante dejó OFF-2 en manos de Shell, con un 70%, y QatarEnergy, con un 30%; en OFF-7, Shell conserva el 40% y QatarEnergy y Chevron un 30% cada una (ANCAP, 2026a).
Todavía no existe producción comercial de petróleo offshore en Uruguay.
Exploración, descubrimiento, viabilidad económica y explotación son etapas diferentes.
Pero el movimiento revela una tendencia.
El Atlántico Sur vuelve a cartografiarse como frontera energética.
Siguiendo esa frontera hacia el sur aparece un territorio donde el paso desde la exploración al desarrollo ya se produjo.
Malvinas y la forma colonial del enclave
El 10 de diciembre de 2025, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas.
El proyecto entró así en fase de desarrollo.
La primera fase contempla once pozos —siete productores de petróleo, uno de inyección de gas y tres de inyección de agua— y apunta a recuperar unos 170 millones de barriles de recursos 2C, con un pico previsto cercano a 50.000 barriles diarios. El primer petróleo está programado para 2028 (Rockhopper Exploration, 2025a, 2025b).
El presupuesto posterior a la decisión de inversión se sitúa en US$1.800 millones hasta el primer petróleo y US$2.100 millones hasta completar el proyecto (Rockhopper Exploration, 2025a).
Los 170 millones corresponden a la primera fase, no al conjunto del yacimiento. La evaluación independiente utilizada por Rockhopper sitúa los recursos brutos 2C del campo completo en 917 millones de barriles. La Fase 2 añadiría otros 149 millones de barriles al desarrollo inicial (Rockhopper Exploration, 2025a).
Navitas controla el 65% del proyecto y opera Sea Lion. Rockhopper posee el 35% (Rockhopper Exploration, 2025a).
Hay además un antecedente que modifica sustancialmente su lectura desde Argentina.
Navitas está sancionada por el Estado argentino.
La Resolución 240/2022 de la Secretaría de Energía declaró ilegales, bajo la legislación argentina, las actividades de Navitas Petroleum en la plataforma continental reclamada por Argentina. Tras el procedimiento administrativo, el Gobierno argentino declaró a la compañía «clandestina» e impuso una inhabilitación de 20 años para desarrollar actividades en el país (Secretaría de Energía, 2022).
El rechazo argentino a Sea Lion, por tanto, no se limita al plano diplomático.
Existe una sanción administrativa anterior al desarrollo actual.
Cuando Navitas y Rockhopper anunciaron la decisión final de inversión, la Cancillería argentina volvió a rechazar formalmente el proyecto el 11 de diciembre de 2025 y sostuvo que las licencias carecen de autorización de la autoridad argentina (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2025).
Las palabras importan especialmente en Malvinas.
Naciones Unidas mantiene las islas desde 1946 en su lista de Territorios No Autónomos, identifica al Reino Unido como potencia administradora y deja constancia expresa de que existe una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido. El Comité Especial de Descolonización volvió a tratar la cuestión el 25 de junio de 2026 (Naciones Unidas, s. f., 2026).
Desde el encuadre argentino y latinoamericano adoptado en esta nota, Malvinas constituye una colonia ocupada y explotada de forma extractivista cuya soberanía continúa pendiente de resolución.
Esa formulación editorial no debe atribuirse literalmente a Naciones Unidas.
La terminología institucional de la ONU habla de un Territorio No Autónomo administrado por el Reino Unido y de una disputa de soberanía entre dos Estados.
Argentina sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales es ilegítima. Entre los fundamentos de esa posición se encuentra la Resolución 31/49 de la Asamblea General, aprobada en 1976, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras continúa el proceso relativo a la disputa (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2025).
La posición británica es incompatible con esa interpretación. El Gobierno del Reino Unido sostiene que la población actual de las islas posee derecho a la autodeterminación y, en junio de 2026, defendió expresamente su derecho a desarrollar los recursos naturales para su propio beneficio económico (Foreign, Commonwealth & Development Office, 2026).
Sea Lion hace que esa divergencia deje de ser exclusivamente diplomática.
Hablamos de pozos, infraestructura, capital, ingresos fiscales y petróleo.
El Environmental Impact Statement de las fases 1 y 2 fue presentado por Navitas Petroleum Development and Production Ltd. ante la administración de las islas y estuvo sometido a consulta pública entre julio y agosto de 2024 (Falkland Islands Government, 2024).
Falklands Conservation participó en el debate ambiental, pero no es la autora de ese EIS.
La diferencia es importante. Permite separar la evaluación ambiental presentada por la empresa operadora de las posiciones formuladas posteriormente por organizaciones ambientales.
Sea Lion concentra así varias capas que en otros lugares aparecen separadas.
Sea Lion concentra soberanía, capital, energía, carbono y colonialidad.
La futura renta petrolera podría además reforzar económicamente la administración que controla el territorio en disputa. La administración isleña aplica actualmente una regalía del 9% sobre la producción petrolera y un impuesto corporativo del 26% sobre beneficios gravables (Falkland Islands Government, s. f.).
El recurso puede contribuir así a financiar las condiciones políticas e institucionales que permiten seguir extrayéndolo.
La inteligencia artificial también comienza bajo tierra
Todo esto parece encontrarse muy lejos de una conversación sobre inteligencia artificial.
La distancia se reduce cuando se observa su infraestructura.
La Agencia Internacional de la Energía estima que los centros de datos consumieron alrededor de 415 TWh de electricidad en 2024, aproximadamente el 1,5% de toda la electricidad mundial. Para 2030 proyecta alrededor de 945 TWh, más del doble, e identifica la expansión de la IA como el principal motor de ese crecimiento (International Energy Agency [IEA], 2025).
La escala local ayuda a entender qué significa.
Según la AIE, un centro de datos típico orientado a inteligencia artificial consume tanta electricidad como 100.000 hogares. Los mayores centros actualmente en construcción podrían consumir veinte veces esa cantidad (IEA, 2025).
No significa que el litio extraído en Argentina o el cobre chileno terminen necesariamente dentro de un servidor concreto de una compañía tecnológica determinada.
La cadena global es mucho más compleja.
Significa que el desarrollo de IA necesita generación eléctrica, líneas de transmisión, transformadores, sistemas de almacenamiento y refrigeración, suelo industrial y cadenas internacionales de minerales y componentes. La propia AIE advierte de cuellos de botella en redes, transformadores y cables a medida que crece la capacidad de los centros de datos (IEA, 2025).
La IA no vive en una nube. Vive en edificios conectados por cables, alimentados por centrales eléctricas, refrigerados mediante agua o aire y sostenidos por redes construidas con materiales, relacionados con territorios que desaparecen de nuestra vista cuando solamente miramos una pantalla.
Un mapa sin un único extractivismo
Argentina, Chile y Uruguay no representan el mismo modelo.
Tratarlos como intercambiables borraría precisamente aquello que una mirada antropológica necesita observar.
Argentina ofrece a las grandes inversiones una estabilidad extraordinaria durante tres décadas; Chile incrementa la participación estatal en un recurso estratégico como el litio mediante una asociación público-privada; y Uruguay articula inversión extranjera, infraestructuras públicas, seguridad jurídica y una industria forestal integrada mientras explora una nueva frontera offshore.
Sus marcos fiscales difieren.
También sus instituciones.
Las formas de propiedad, las capacidades estatales y los mecanismos de regulación ambiental no son equivalentes.
Incluso extractivismo pierde capacidad analítica si se utiliza como sinónimo de cualquier actividad basada en recursos naturales.
Lo que comparten es otra cosa.
Una economía mundial que vuelve a mirar hacia el sur del continente en busca de aquello que necesita para sostener sus transformaciones.
Minerales críticos, energía, agua, biomasa, tierra, alimentos, espacio e incluso refugio.
Abya Yala —el continente en la denominación política difundida por movimientos indígenas— lleva siglos siendo representada desde los centros de poder como un territorio del que obtener aquello que falta en otros lugares. El término se utiliza aquí sin pretender homogeneizar la extraordinaria diversidad de pueblos, lenguas, historias y relaciones territoriales del continente.
La novedad quizá no esté en esa mirada.
Cambian las palabras que acompañan cada ciclo.
Civilización, progreso y desarrollo. Ahora, transición energética, minerales críticos, seguridad energética, inteligencia artificial, resiliencia y supervivencia.
Wamani permite regresar al comienzo.
Una pequeña élite compra 32.000 hectáreas y reúne tierra, agua, energía, alimentos y capacidad computacional para disponer de una reserva si el mundo que conoce deja de funcionar.
Hasta el nombre procede de una relación anterior entre montaña, territorio, protección y memoria.
Mientras tanto, Estados enteros reorganizan partes de sus territorios para suministrar energía y materias primas al mundo que todavía funciona.
Chile extrae minerales centrales para la transición energética.
Argentina ofrece estabilidad jurídica prolongada para multiplicar grandes inversiones en minería, hidrocarburos y también tecnología.
Uruguay articula plantaciones, fábricas, ferrocarriles y puertos y vuelve ahora a explorar su plataforma marítima.
Y en Malvinas, capitales privados preparan la extracción de petróleo en un territorio que Naciones Unidas mantiene dentro de su agenda de descolonización y cuya soberanía continúa disputada.
No son fenómenos idénticos.
No necesitan serlo para formar parte del mismo mapa.
Porque cuando el futuro empieza a percibirse como escaso, lo primero que adquiere valor no es necesariamente la tecnología.
Es el territorio.
Mientras algunas élites construyen reservas privadas frente a un futuro incierto, el Cono Sur corre el riesgo de convertirse en la reserva material de un futuro diseñado en otra parte.
Referencias
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Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland [ANCAP]. (2026a). Nuevos socios se incorporan a las áreas offshore OFF-2 y OFF-7. https://www.ancap.com.uy/21107/2/nuevos-socios-se-incorporan-a-las-areas-offshore-off-2-y-off-7.html
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland [ANCAP]. (2026b). Finalizó la primera temporada de adquisición de datos de la campaña sísmica 3DUR26. https://www.ancap.com.uy/21166/1/finalizo-la-primera-temporada-de-adquisicion-de-datos-de-la-campana-sismica-3dur26.html
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Wamani. (s. f.). Wamani | Experiencia de campo en Mendoza. https://www.wamani.net/