Ecología política e IA

«Cuando corresponda». Territorios, regiones y donaciones en la COP17 de Ereván

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La COP17 de biodiversidad abre la primera revisión mundial del Marco de Kunming-Montreal. Tres fórmulas que se negocian en Ereván muestran quién define un territorio, quién cuenta como región y quién paga por los datos genéticos, también los que usa la inteligencia artificial.

·Martín González Senosiain
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Entrada de la COP17 en el Meridian Expo de Ereván, Armenia.
COP17, Ereván, 19 de octubre de 2026. Fotografía sin modificaciones. · Mammysou17 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebra en Ereván, se abrió formalmente el 19 de octubre y durará hasta el día 30. Acoge la primera revisión mundial del progreso colectivo en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022 con 23 metas para 2030. El diagnóstico llegó antes que las delegaciones. Según el informe de revisión presentado el 15 de octubre, casi el 90 % de las Partes ha fijado metas nacionales, y menos de la mitad de las metas nacionales que han podido evaluarse va por buen camino.

En la primera jornada de negociación, el grupo de contacto sobre áreas protegidas no logró acordar si el programa de trabajo debe reconocer los territorios indígenas y tradicionales «cuando corresponda». Así lo recoge el Earth Negotiations Bulletin, el boletín que sigue a diario lo que ocurre en las salas. La expresión, where applicable en el original inglés, procede literalmente de la Meta 3 del Marco, la del 30 % de tierras y mares protegidos. En esas dos palabras se condensa una cuestión central para la ecología política, la de quién tiene autoridad para nombrar un territorio.

Esta nota sigue esa fórmula y otras dos que circulan estos días en Ereván. Las tres se apoyan en hechos documentados en las sesiones del 19 y el 20 de octubre, y ninguna depende del resultado final de la conferencia.

Un examen con las cuentas abiertas

El propio Marco cifra la brecha de financiación de la biodiversidad en 700.000 millones de dólares anuales, y su Objetivo D se compromete a cerrarla de forma progresiva. El Marco aborda esa brecha mediante dos compromisos complementarios, aumentar los recursos destinados a la biodiversidad y reducir los incentivos económicos que contribuyen a su destrucción. La Meta 19 pide movilizar 200.000 millones anuales de todas las fuentes para 2030, y la Meta 18 pide reducir en al menos 500.000 millones anuales los incentivos perjudiciales para la naturaleza. Dentro de la Meta 19 hay un hito más concreto, 20.000 millones anuales de financiación pública internacional hacia los países en desarrollo en 2025 y 30.000 millones en 2030.

Las cifras disponibles muestran la escala del problema. Según la estimación de la OCDE, elaborada con su propia metodología, el conjunto de la financiación mundial para la biodiversidad, nacional e internacional, pública y privada, se situó entre 74.900 y 92.400 millones de dólares anuales entre 2023 y 2025. La parte pública internacional rondó los 16.100 millones anuales, y de ella solo 7.900 millones en 2023 y 8.500 millones en 2024 tenían la biodiversidad como objetivo específico. El balance publicado por la Secretaría del Convenio el 10 de septiembre concluye que el hito de 2025 probablemente no se alcanzó. Son mediciones con métodos distintos que no deben restarse entre sí, aunque el orden de magnitud queda claro.

Las posiciones de la apertura dibujan el desacuerdo con nitidez. Senegal, en nombre del Grupo Africano, pidió a los países desarrollados que cumplan sus compromisos financieros y a la conferencia que indique cómo se alcanzarán los niveles necesarios. Jamaica, por el grupo de América Latina y el Caribe, reclamó atención a la Meta 19 y a los obstáculos sistémicos que frenan la aplicación. Irlanda, que habló por la Unión Europea, defendió movilizar recursos de todas las fuentes y ampliar la base de contribuyentes. El mandato europeo aprobado el 12 de octubre propone, además, explorar créditos de naturaleza «de alta integridad». Ecologistas en Acción, que sigue la cumbre desde Ereván, considera esos créditos una falsa solución y advierte de la creciente presencia empresarial en el Convenio. El 20 de octubre, el grupo de contacto sobre movilización de recursos mostró apoyo general a cuatro criterios para el mecanismo financiero, entre ellos que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes y con una gobernanza democrática y transparente. Sobre quién debe ampliar la base de contribuyentes, las posiciones siguieron divergiendo.

Gian Carlo Delgado Ramos, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, define la ecología política como un campo que busca las causas de los conflictos socioambientales, con atención al metabolismo social, es decir, a quién se apropia de la energía y los materiales y quién los consume. Leída así, la discusión sobre quién paga en Ereván viene precedida por otra pregunta, la de quién obtiene los beneficios de las actividades que transforman los ecosistemas y quién asume sus costes.

Quién nombra un territorio

Astrid Ulloa, profesora titular del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, enumeraba ya en 2001 las líneas de investigación que la antropología tenía abiertas sobre la naturaleza. Entre ellas figuraban los efectos del propio Convenio y de la creación de áreas protegidas sobre grupos concretos, y el paso del área protegida como espacio de preservación a un espacio de concertación. En el mismo texto recogía la tipología del antropólogo islandés Gísli Pálsson, que describe una forma de relación con el entorno llamada protección paternalista, en la que unos seres humanos actúan en nombre de la naturaleza.

La fórmula «cuando corresponda» deja abierta la cuestión de quién decide cuándo corresponde, y conviene leerla con precisión. La salvedad afecta al reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales dentro de los sistemas de áreas protegidas. La misma Meta 3 exige, sin esa condición, reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, también sobre sus territorios tradicionales. El ICCA Consortium, que agrupa a pueblos indígenas, comunidades custodias de territorios y organizaciones aliadas, pidió en su declaración ante la COP17 que las Partes identifiquen, reconozcan e informen por separado sobre esos territorios (Parties must separately identify, recognize, and report Indigenous and Traditional Territories), para que no queden disueltos en el cómputo general de hectáreas protegidas.

El Parque Nacional de Virunga, en la República Democrática del Congo, creado en 1925 bajo administración colonial belga, ayuda a pensarlo. Allí la conservación funciona como una tecnología política que delimita una «naturaleza» y reorganiza quién puede estar en ella. La evidencia comparada va en la dirección que señalan las organizaciones indígenas. Un equipo internacional encabezado por Neil Dawson revisó 648 estudios empíricos en un trabajo publicado en 2024 en One Earth. En el subconjunto de 170 estudios con datos sobre resultados, las formas de gobierno en las que pueblos indígenas y comunidades locales son socios en igualdad o tienen el control principal se asocian con mejores resultados ecológicos.

Quién cuenta como región

La segunda fórmula pertenece al grupo que negocia el funcionamiento del nuevo órgano subsidiario sobre el artículo 8(j), dedicado a los conocimientos tradicionales y a los pueblos indígenas y comunidades locales. Lo copresiden Jennifer Tauli Corpuz, del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, y Sikeade Egbuwalo, de Nigeria. El 19 de octubre se discutió si la copresidencia indígena del órgano debe elegirse por las cinco regiones de Naciones Unidas o por las siete regiones socioculturales del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y la decisión quedó aplazada. Una nota informativa del Convenio añade otras cuestiones abiertas, entre ellas si las candidaturas indígenas necesitan el aval de las Partes y si sus representantes actuarán como «Amigos de la Mesa», con funciones consultivas.

Las cinco regiones de Naciones Unidas agrupan Estados. Las siete regiones socioculturales se definieron para organizar la representación de los pueblos indígenas en el Foro Permanente. Elegir una u otra equivale a decidir con qué mapa se reparte la voz. El Foro Internacional Indígena pidió en la apertura que el órgano respete sus estructuras de gobernanza y que se simplifique su acceso directo a la financiación. Ana Di Pangracio, subdirectora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina y portavoz del Caucus de Mujeres, lo resumió el 20 de octubre ante la prensa. Para ella la financiación incluye el volumen de dinero, el acceso a él, quién decide su asignación y quién termina beneficiándose.

Donación u obligación

La tercera fórmula necesita una explicación previa. Cuando se secuencia material genético de una planta, un hongo o un microorganismo, la información obtenida puede incorporarse a bases de datos científicas, muchas de ellas abiertas y accesibles internacionalmente. Su utilización permite desarrollar investigaciones y aplicaciones biotecnológicas sin necesidad de acceder de nuevo al organismo del que procede. Esa información es lo que el Convenio llama información digital de secuencias. El Protocolo de Nagoya articuló el acceso y el reparto de beneficios principalmente alrededor de los recursos genéticos y de condiciones mutuamente acordadas entre quien los aporta y quien los usa. La circulación internacional de información digital de secuencias ha puesto de manifiesto las dificultades de aplicar ese modelo a usos que pueden multiplicarse sin nuevas transferencias del material biológico original, aunque algunos países han adoptado medidas nacionales para regularlos.

Para responder a esas dificultades, la COP16 de Cali creó en 2024 un mecanismo multilateral y un fondo. La decisión 16/2 pide contribuir a las empresas que usan estos datos y superan al menos dos de tres umbrales, calculados como media de los tres años anteriores (20 millones de dólares en activos, 50 millones en ventas y 5 millones en beneficios). Fija una tasa indicativa del 1 % de los beneficios o del 0,1 % de los ingresos y deja a la COP17 los umbrales y las tasas definitivos. En el plano internacional, las aportaciones siguen siendo voluntarias. La decisión prevé también que al menos la mitad de los fondos atienda las necesidades que identifiquen los propios pueblos indígenas y comunidades locales, con salvedades que importan. La regla se aplica cuando proceda y con sujeción a las circunstancias y la legislación nacionales, y el dinero puede llegar por medio de autoridades gubernamentales o de instituciones que esos pueblos identifiquen.

El fondo abrió el 25 de febrero de 2025 con una expectativa de unos 1.000 millones de dólares anuales. La primera aportación llegó nueve meses después, el 19 de noviembre de 2025, con 1.000 dólares de TierraViva AI, una pequeña empresa británica de inteligencia artificial. La biotecnológica Prozomix aportó 5.000 dólares en julio de 2026. El 15 de octubre, a cuatro días de la conferencia, el fondo anunció una tercera contribución, de la empresa belga de ADN ambiental E-BIOM, junto con su compromiso de aportar el 0,1 % de sus servicios a partir de 2027.

El comunicado del fondo no especifica el importe de E-BIOM. Según la agencia AFP, fue de 1.085 dólares, con lo que lo desembolsado por las tres empresas asciende a 7.085 dólares, la misma cifra que recoge CaliWatch, la plataforma de seguimiento creada por la fundación Plant-for-the-Planet. Otras dos compañías han comprometido 3.571 dólares más, que todavía no son aportaciones recibidas. La diferencia entre compromisos y desembolsos resulta decisiva para evaluar un mecanismo concebido para repartir los beneficios comerciales derivados de la biodiversidad, y que el propio anuncio del fondo omita la cuantía obliga a reconstruirla desde otras fuentes.

En agosto, más de 70 países en desarrollo firmaron una declaración contra un memorando entre organismos de Naciones Unidas que presenta las contribuciones al fondo como donaciones voluntarias. David Castro Garro, director de Recursos Genéticos y Bioseguridad del Ministerio del Ambiente de Perú, explicó a Dialogue Earth que donaciones y regalías son cosas distintas, y que el reparto de beneficios es una obligación y un derecho de los países. En Ereván la discusión ha continuado en los mismos términos. El 19 de octubre, Egipto pidió en nombre del Grupo Africano que el fondo no dependa solo de contribuciones discrecionales, la Unión Europea reclamó seguridad jurídica y contribuciones más predecibles, y Colombia propuso aprobar de forma provisional la fórmula de reparto, con el apoyo de Brasil. Al día siguiente, Camerún y Etiopía pidieron que los países desarrollados adopten medidas nacionales obligatorias para que sus empresas contribuyan, y Guatemala y Ecuador insistieron en que las aportaciones no deben entenderse como donaciones filantrópicas. Muchas delegaciones reclamaron que el mecanismo siga bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes y pidieron una revisión independiente del memorando con la oficina de fondos fiduciarios de Naciones Unidas, para lo que la presidencia creó un grupo específico. El Foro Internacional Indígena pidió que se respete el consentimiento libre, previo e informado.

La antropología latinoamericana tiene antecedentes para leer este conflicto. Delgado Ramos recoge el trabajo de la economista mexicana Ana Esther Ceceña sobre la bioprospección como forma de hegemonía, y Ulloa ya situaba la biopiratería entre los objetos de estudio de la disciplina hace un cuarto de siglo. La diferencia ahora es que el recurso disputado viaja como información.

Cuando la naturaleza se vuelve información

Ulloa recoge también los tres regímenes de naturaleza que propuso Arturo Escobar, el orgánico, el capitalista y el de la tecnonaturaleza, este último asociado a la biotecnología y la tecnociencia. La información digital de secuencias encaja en ese tercer régimen, y la inteligencia artificial lo intensifica.

La decisión de Cali ya lo reconoce de forma expresa. Entre los sectores que pueden beneficiarse directa o indirectamente de estos datos enumera los servicios de información, científicos y técnicos relacionados con ellos, «incluida la inteligencia artificial». A las entidades que gestionan bases de datos, herramientas y modelos que dependen de esta información les pide indicar el país de origen de los recursos genéticos cuando se conozca y señalar si se usaron conocimientos tradicionales. También les pide que tengan en cuenta varios conjuntos de principios. Los principios FAIR buscan que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Los principios CARE, formulados por la Alianza Global de Datos Indígenas, añaden el beneficio colectivo, la autoridad para controlar los datos, la responsabilidad y la ética. La lista incluye además los principios TRUST, pensados para los repositorios digitales, y la Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. Que FAIR y CARE convivan en la misma decisión resume la tensión entre la apertura científica y la soberanía sobre los datos.

June Rubis, investigadora de la Universidad Macquarie y cofundadora de la iniciativa Building Initiatives in Indigenous Heritage en Sarawak, escribió en septiembre que el valor futuro podría residir cada vez más en conjuntos de datos, modelos y combinaciones de información que en secuencias individuales. Es una advertencia prospectiva. La decisión de Cali no establece una compensación individualizada por cada secuencia incorporada al entrenamiento de un modelo, ni atribuye derechos automáticos sobre sus resultados. Sí incluye expresamente los servicios relacionados con la inteligencia artificial entre los sectores que pueden beneficiarse de estos datos y quedar comprendidos en el mecanismo multilateral de reparto. En los boletines de negociación de los dos primeros días no hemos encontrado intervenciones centradas en la inteligencia artificial. Rubis añade un recordatorio que conviene conservar. Las bases de datos solo contienen la biodiversidad que ya se ha muestreado, mientras la biodiversidad viva guarda variación que todavía no figura en ningún registro.

Para un laboratorio que estudia la inteligencia artificial como objeto cultural, la pregunta queda planteada en términos concretos. Si un modelo entrenado con secuencias genéticas produce valor, alguien tendrá que decidir dónde termina el «uso» que obliga a compartir beneficios, y con qué mapa de territorios y regiones se reparten.

El anfitrión

Armenia llega a la COP17 con una contradicción propia que conviene describir sin generalizar. El 10 de octubre, nueve días antes de la apertura, el primer ministro Nikol Pashinyan presidió la ceremonia de inicio de la mina de oro de Amulsar, en la que se extrajo y fundió el primer oro. Según el comunicado de su oficina, Pashinyan afirmó que las cuestiones ambientales estaban resueltas y recordó que el Estado posee el 12,5 % del proyecto. Dos días después, una declaración con 70 firmas de organizaciones y personas, encabezada por Transparency International Anticorruption Center, pidió suspender la explotación y realizar una nueva evaluación de impacto ambiental. Las entidades firmantes recuerdan que el Gobierno no ha cumplido las recomendaciones del Convenio de Berna y advierten de riesgos para los ríos Arpa y Vorotan, el lago Sevan y las aguas de Jermuk.

El propio recinto de la conferencia tiene su historia. El medio armenio Hetq documentó en septiembre que la tierra excavada en las obras del Meridian Expo se vertió en las laderas de la garganta del río Hrazdan, con árboles partidos e inclinados. La inspección ambiental archivó el procedimiento al no apreciar un daño medible.

Lo que conviene mirar hasta el 30 de octubre

La conferencia acaba de empezar y los textos siguen llenos de corchetes, la marca que señala lo que aún no tiene consenso. Tres preguntas permitirán leer el cierre sin anticiparlo. La primera es si la salvedad «cuando corresponda» se mantiene en el nuevo programa de trabajo sobre áreas protegidas y cómo condiciona el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales. La segunda es qué mapa regional organiza la representación indígena en el órgano del artículo 8(j), y si esa representación decide o asesora. La tercera es si las contribuciones al Fondo Cali siguen siendo voluntarias o adquieren un carácter más previsible, y con qué transparencia sobre lo recibido.

Las tres cuestiones comparten una misma dimensión política. La revisión mundial ha documentado los retrasos en la aplicación del Marco de Kunming-Montreal. Las negociaciones de Ereván decidirán ahora qué instituciones reconocen los territorios, cómo se distribuye la representación y bajo qué condiciones se comparten los beneficios económicos derivados de la biodiversidad.

Nota redactada el 21 de octubre de 2026 con la información de las sesiones del 19 y el 20 de octubre. Las posiciones descritas corresponden a negociaciones abiertas y no anticipan las decisiones de la conferencia.

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