La inteligencia artificial suele presentarse como una sucesión de modelos, productos y mejoras técnicas. Pero las señales de estos días dibujan otra escena. Un gobierno puede intervenir en las condiciones de acceso a un modelo. Una empresa puede discutir que el propio Estado entre en su capital. Un departamento federal puede reorganizar universidades y trayectorias profesionales en torno a una infraestructura de ciencia con IA. Y un país puede intentar apartar a un proveedor de contratos estratégicos sin disponer todavía de una alternativa equivalente.

No son asuntos desconectados. Hablan de una misma transformación. La IA ya no se gobierna solo mediante leyes o códigos de conducta. También se gobierna delimitando quién accede, con qué formación, mediante qué contratos y bajo qué relación de propiedad con el Estado.

Una frontera que también tiene tarifa

El 1 de julio, Anthropic restauró el acceso global a Claude Fable 5 después de que Estados Unidos levantara los controles de exportación aplicados a mediados de junio. El modelo volvió a circular, pero no exactamente en las mismas condiciones para todas las personas y organizaciones.

La propia empresa anunció que, para los planes Pro, Max, Team y determinadas cuentas Enterprise, Fable 5 quedaría incluido hasta el 50 % del límite semanal de uso hasta el 7 de julio. Después pasaría a estar disponible mediante créditos de uso. La recuperación del acceso no cierra, por tanto, el episodio de la frontera. Lo desplaza a otra capa. La diferencia deja de operar únicamente a través de la nacionalidad o de la jurisdicción y también se expresa mediante la arquitectura comercial del servicio.

Conviene no confundir una cosa con otra. Pagar por uso no equivale a un control de exportación. Pero ambos mecanismos pueden ordenar quién accede de forma sostenida a una capacidad técnica y quién queda fuera cuando el coste, la identidad administrativa o las reglas de seguridad cambian. Una interfaz de IA no es solo una pantalla. Es una aduana hecha de permisos, clasificaciones, límites y precios.

Clave AIthropology Lab — La soberanía tecnológica no comienza cuando un Estado bloquea un modelo. También empieza cuando el acceso queda condicionado por reglas que las personas usuarias no han elegido y apenas pueden discutir.

Formar a quienes podrán entrar en la plataforma

Genesis Mission, la iniciativa del Departamento de Energía de Estados Unidos dirigida por Darío Gil, permite observar el mismo movimiento desde otro lugar. Su objetivo público no se limita a conectar supercomputación, inteligencia artificial, sistemas cuánticos e instalaciones científicas. También consiste en producir las condiciones humanas e institucionales que hagan posible utilizar esa infraestructura.

El 1 de julio, el DOE publicó el informe de su cumbre universitaria y el resumen del RFI sobre desarrollo de fuerza laboral. El análisis asociado plantea la necesidad de formar a 100.000 científicas, científicos e ingenierías durante la próxima década. Universidades, currículos, propiedad intelectual, formación interdisciplinar, prácticas de datos y evaluación del mérito científico aparecen como piezas de una misma arquitectura.

El siguiente momento verificable llegará el 17 de julio, cuando el Office of Science Advisory Committee se reúna en Washington. El comité tiene encargos específicos sobre Genesis Mission, instalaciones científicas y computación cuántica, con julio de 2026 como horizonte para las hojas de ruta solicitadas por el DOE. Todavía no hay una hoja de ruta pública que permita anticipar su contenido, pero el calendario importa. Muestra que la discusión sobre IA científica se está convirtiendo en una discusión sobre quién será formado, acreditado y financiado para participar en ella.

También conviene vigilar el 22 de julio. La orden ejecutiva que lanzó Genesis Mission fija esa fecha como plazo para revisar las capacidades de laboratorios y otras instalaciones federales que puedan participar en experimentación y fabricación dirigidas por IA. Además, Carl Coe, jefe de gabinete del DOE, anunció en junio que el departamento esperaba presentar ese día las primeras adjudicaciones de la misión. Esa segunda previsión procede de una declaración pública recogida por prensa especializada, no de una agenda oficial del DOE ni de una lista de proyectos ya publicada.

La pregunta no es secundaria. Cuando una plataforma pública define qué perfiles necesita, también establece qué saberes serán legibles como contribución científica. Software, datos curados y coordinación interdisciplinar pueden ganar reconocimiento. Pero también pueden quedar subordinados a métricas, prioridades nacionales y lenguajes de productividad fijados desde arriba.

Clave AIthropology Lab — Una infraestructura científica no solo procesa datos. Organiza carreras, reparte recursos y decide qué formas de trabajo tendrán futuro dentro de ella.

El contrato también puede convertirse en propiedad

Mientras Anthropic negocia las condiciones de acceso a uno de sus modelos, OpenAI ha discutido otra forma de relación con el Estado. Reuters informó el 2 de julio, citando al Financial Times, de conversaciones iniciales para que el Gobierno estadounidense recibiera una participación del 5 % en la empresa. No existe un acuerdo público ni una decisión oficial. Pero la posibilidad es significativa. El vínculo entre una compañía de IA y el Estado ya no se limitaría a licencias, controles o contratos de compra. Podría extenderse a la propiedad y a la distribución de futuros beneficios.

La propuesta se ha presentado en un contexto de presión política sobre las compañías de IA avanzadas y de debate sobre quién debe participar en la riqueza generada por estas infraestructuras. No conviene leerla como una socialización automática de sus ganancias. Es, por ahora, una negociación política en una fase temprana. Pero anticipa un cambio de escala. La regulación deja de ser únicamente una fuerza externa que limita a la empresa. Puede convertirse en una relación de participación, incentivo y corresponsabilidad.

En España, la discusión sobre Palantir muestra el reverso de esa política. Diversas informaciones periodísticas publicadas en los últimos días sostienen que Moncloa ha trasladado a empresas públicas y participadas por la SEPI la indicación de evitar nuevos contratos con la firma estadounidense cuando puedan comprometer información estratégica o soberanía nacional.

La noticia debe leerse con precisión. No se ha publicado una orden general en el BOE ni una prohibición formal de alcance universal. La instrucción, según las informaciones disponibles, no está por escrito. Sin embargo, se atribuye a esa orientación el freno a acuerdos que se negociaban con la Guardia Civil y Navantia. A la vez, permanece vigente el contrato firmado en 2023 entre Defensa y Palantir para software de inteligencia militar.

Ahí aparece una contradicción que no conviene simplificar. Retirar o limitar una tecnología extranjera puede presentarse como un gesto de autonomía estratégica. Pero la autonomía no se consigue solo cerrando una puerta. Requiere disponer de alternativas técnicas, capacidad pública de contratación, personal especializado, auditoría y tiempo para construir infraestructuras que no dependan de un proveedor que ya se ha vuelto central.

La decisión sobre Palantir no trata solo de una empresa concreta. Trata de qué ocurre cuando una plataforma de análisis se integra tan profundamente en los circuitos de seguridad, defensa y administración que dejar de usarla se vuelve tan difícil como empezar a usarla.

Clave AIthropology Lab — La dependencia tecnológica no se mide solo por el número de contratos. Se mide por la dificultad real de recuperar capacidad de decisión cuando una plataforma ya forma parte de la institución.

No basta con regular desde fuera

Los tres casos señalan una misma deriva. Anthropic muestra que la circulación de un modelo puede quedar atravesada por decisiones geopolíticas y condiciones comerciales. Genesis Mission revela que la IA científica necesita moldear instituciones y formar a quienes podrán operar dentro de ellas. OpenAI abre la posibilidad de que la gobernanza alcance incluso la propiedad de una empresa. El caso de Palantir en España expone que la soberanía no consiste en declarar una preferencia, sino en poder sostenerla técnica y administrativamente.

La gobernanza de la IA no sucede en una única ley ni en un único laboratorio. Tiene lugar en planes de precios, requisitos de identidad, convocatorias de formación, criterios de evaluación, participaciones accionariales, licitaciones, acuerdos de seguridad y decisiones de compra. En cada uno de esos puntos se decide quién cuenta como persona usuaria, como trabajadora, como proveedor legítimo o como riesgo.

Mirar la IA desde la antropología obliga a mover la pregunta. No basta con preguntar qué modelo es más capaz. Hay que preguntar quién organiza sus condiciones de acceso, qué instituciones quedan atadas a su funcionamiento y qué formas de autonomía pueden sostenerse cuando la infraestructura ya ha entrado en la vida pública.

Fuentes