Durante años, las instituciones internacionales han aprendido a pronunciar una fórmula que parece indiscutible. Hay que escuchar a las comunidades. En la gobernanza climática, en la conservación del patrimonio y en los debates sobre biodiversidad, la participación indígena y local aparece cada vez más como condición de legitimidad.

Pero escuchar no es lo mismo que decidir.

Hoy esa participación tampoco se negocia solo en salas de reuniones. También pasa por bases de datos, formularios, plataformas, sistemas de clasificación y herramientas que convierten experiencias territoriales en información comparable. La pregunta ya no es únicamente quién logra hablar, sino quién decide cómo queda registrado lo que se dice y qué usos posteriores permite ese registro.

En junio de 2026, esa tensión se hizo visible en dos escenarios distintos. En Bonn, la Local Communities and Indigenous Peoples Platform de la UNFCCC organizó un taller para discutir cómo reforzar la participación de comunidades locales dentro del proceso climático. En Busan, la próxima 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial incorporará el seguimiento del proceso de Nairobi sobre autenticidad patrimonial africana y abrirá vías de participación para representantes indígenas.

No son procesos equivalentes. Pero comparten una misma disputa. Qué ocurre cuando conocimientos, memorias y prácticas territoriales entran en instituciones diseñadas para convertirlos en documentos, políticas, indicadores, expedientes y, cada vez más, infraestructuras de datos.

Bonn escucha, pero la revisión de 2027 dirá cuánto cambia

El taller celebrado en Bonn el 12 de junio no se presentó como una gran reforma de la gobernanza climática. Su objetivo era más preciso y, por eso mismo, revelador. Identificar barreras, experiencias y condiciones para ampliar la participación de comunidades locales en el proceso de la UNFCCC.

La propia convocatoria reconoce que el debate está ligado a una cuestión aún abierta. Cómo se representan las comunidades locales dentro de la LCIPP y de su Facilitative Working Group. El informe informal resultante debe alimentar la revisión del grupo prevista para 2027.

No se discute únicamente si los conocimientos comunitarios deben ser escuchados. Se discute quién habla, en nombre de quién, mediante qué mecanismos de representación y con qué capacidad para influir en decisiones que después afectan a territorios concretos.

La diferencia se entiende mejor con un caso latinoamericano.

El informe de 2026 sobre el trabajo de los órganos constituidos de la UNFCCC menciona la milpa indígena de Centroamérica como ejemplo de práctica agrícola que fortalece seguridad alimentaria, ecosistemas y resiliencia climática. También alude, de forma más amplia, a iniciativas indígenas de sistemas alimentarios resilientes en América Central y del Sur orientadas a conservar cultivos adaptados al clima.

Pero esa formulación regional esconde una densidad social mucho mayor. Un informe alojado en la propia plataforma de la LCIPP documenta un proyecto de Ciarena en Oaxaca con mujeres mixe, chinantecas y zapotecas y sus familias. La iniciativa recuperó la siembra de semillas nativas y la cría de aves locales mediante conocimientos agrícolas ancestrales, biofertilizantes, sistemas de captación de lluvia y manejo integrado de maíces nativos.

El mismo documento traduce esa experiencia a resultados contables. Treinta granjas avícolas, sesenta huertos de milpa y veinte sistemas de recolección de agua. Esa conversión no es irrelevante ni necesariamente negativa. Permite justificar recursos, mostrar resultados y hacer visible una práctica ante administraciones públicas. Pero también simplifica una trama que incluye alimentación, parentesco, transmisión de conocimientos, trabajo cotidiano, semillas, cuidados y relación territorial.

La cuestión adquiere otra capa cuando esos registros circulan por infraestructuras digitales. La UNFCCC ya presenta su Climate Data Hub como una herramienta que aplica analítica avanzada e inteligencia artificial para transformar información climática en visualizaciones e interpretaciones utilizables. No hay base para afirmar que el caso de Oaxaca alimenta directamente esos sistemas. Pero sí para advertir que la gobernanza climática incorpora cada vez más entornos donde la información debe ser estandarizada, comparable y procesable.

La pregunta antropológica no consiste en rechazar los indicadores ni las herramientas digitales. Consiste en preguntar qué queda fuera cuando una forma de vida debe presentarse como evidencia administrable y después circular por sistemas que privilegian aquello que puede clasificarse, medirse y recombinarse.

Y ese problema no se limita al lenguaje de los informes. Una crítica reciente de Ecologistas en Acción recuerda que la participación se produce en condiciones profundamente desiguales. La organización denuncia que buena parte de la sociedad civil llegó debilitada por recortes de financiación, restricciones de visado y una presencia mediática menor, con especial impacto sobre delegaciones procedentes de África y América Latina.

Antes de preguntar qué conocimientos entran en una sala, conviene preguntar quién logra llegar a ella, con cuánto tiempo, con qué recursos y con qué posibilidad real de sostener una intervención frente a delegaciones estatales mucho mejor financiadas.

África no pide solo más patrimonio, sino otras formas de definirlo

La misma tensión reaparece en el patrimonio africano.

La lista provisional de documentos de la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial incluye el punto 6C, dedicado al informe sobre la Conferencia de Nairobi de 2025 y al seguimiento de la implementación del Nairobi Outcome Document. La reunión de Busan no cerrará el debate, pero confirma que la discusión sobre autenticidad ha entrado en la agenda formal del sistema patrimonial internacional.

Lo que está en juego no es descubrir que las comunidades tienen relación con su patrimonio. Eso es evidente. La cuestión es si las instituciones patrimoniales pueden aceptar que la autenticidad no se reduce a materiales originales, fachadas restauradas o criterios arquitectónicos definidos desde fuera. El informe sobre la Estrategia para el Patrimonio Mundial en África apunta a la necesidad de trasladar esos principios a formación, currículos universitarios, programas profesionales y procesos de inscripción, gestión y seguimiento de bienes patrimoniales.

Ese debate llega en un momento en que museos e instituciones culturales están explorando usos de IA en gestión de colecciones, accesibilidad, educación y narración patrimonial. La encuesta global abierta por UNESCO e ICOM en 2026 muestra que la cuestión ya no es hipotética.

La tensión es clara. Una representación digital puede ampliar acceso, documentar fragilidad material y facilitar investigación. Pero no equivale por sí sola a la continuidad de un rito, a la autoridad de una comunidad, a la transmisión oral o a la relación viva con un paisaje.

Incorporar perspectivas africanas sobre autenticidad puede cuestionar modelos patrimoniales excesivamente monumentalistas y eurocentrados. Pero toda incorporación institucional corre también el riesgo de convertir esas perspectivas en una nueva categoría técnica, administrable desde el mismo sistema que antes las dejó fuera.

La antropología del patrimonio lleva tiempo mostrando que conservar no es solo proteger. También es clasificar, autorizar, jerarquizar y producir valor. En este contexto, la digitalización no sustituye esa disputa. La hace más intensa, porque añade nuevas mediaciones técnicas entre la comunidad, el archivo y la institución.

Busan pone a prueba la distancia entre presencia e incidencia

La próxima sesión del Comité del Patrimonio Mundial se celebrará en Busan entre el 19 y el 29 de julio de 2026. UNESCO ha promovido ayudas para que representantes indígenas puedan participar en ella, reconociendo que muchos sitios inscritos o candidatos están habitados, gestionados o afectados por pueblos indígenas.

El gesto es relevante. La presencia directa puede corregir una desigualdad histórica. Durante demasiado tiempo, las instituciones patrimoniales han hablado sobre pueblos indígenas sin garantizar que puedan intervenir en igualdad de condiciones.

Pero acceder a la sala no equivale a incidir directamente en las decisiones que toman los Estados Parte ni a detener procesos que avanzan por otras vías administrativas, económicas, políticas o tecnológicas.

Participar puede ampliar la voz, aportar información situada, cuestionar marcos de interpretación y alimentar la elaboración de propuestas. No garantiza, por sí solo, capacidad para modificar una nominación, alterar un expediente estatal o impedir que una decisión patrimonial siga una trayectoria ya consolidada.

La diferencia parece pequeña, pero es decisiva.

Las instituciones no solo reconocen conocimientos. También establecen los formatos legítimos para expresarlos. Exigen informes, mapas, traducciones, categorías, pruebas documentales y, cada vez más, registros compatibles con plataformas e infraestructuras digitales. Esos formatos no siempre coinciden con las formas locales de transmitir autoridad, memoria o relación con el territorio.

Por eso la participación indígena y comunitaria no debería medirse solo por el número de personas invitadas, los viajes financiados o las intervenciones realizadas. También habría que preguntar qué capacidad tienen esas intervenciones para modificar documentos de resultado, redefinir prioridades, impugnar criterios y condicionar las arquitecturas de datos que ordenarán la memoria y el patrimonio en el futuro.

Cierre

Entre Bonn y Busan se dibuja una escena común.

Las instituciones climáticas y patrimoniales están abriendo espacios para conocimientos y comunidades que antes quedaban en los márgenes. Eso importa. Pero abrir una puerta no resuelve por sí solo la distribución del poder dentro de la sala ni en las infraestructuras técnicas que registran, ordenan y hacen circular lo que se dice dentro de ella.

Participar no es figurar.

La revisión de 2027 del Facilitative Working Group ofrece una prueba concreta. No debería evaluar solo cuántas personas participaron, cuántos talleres se celebraron o cuántas intervenciones se registraron. También debería examinar en qué medida las aportaciones de comunidades locales alteraron los documentos, prioridades y decisiones que salieron de esos procesos, y cómo fueron traducidas, clasificadas y reutilizadas dentro de sus sistemas de información.

Esa es una tarea urgente para la antropología contemporánea. No añadir diversidad a instituciones ya cerradas, sino observar quién puede transformar las reglas con las que esas instituciones reconocen, clasifican y gobiernan la diversidad.

Fuentes

Bonn, LCIPP, datos y participación comunitaria

Patrimonio africano, IA y autenticidad

Participación indígena en Busan