Colón, Panamá

Hay una ironía que conviene no dejar pasar. La ciudad donde, en 2026, jóvenes afrodescendientes de América Latina y el Caribe articularon una agenda política común se llama Colón. El puerto que lleva el nombre castellano del navegante cuyas travesías inauguraron el orden colonial es hoy epicentro de la identidad afropanameña, forjada también por las comunidades afroantillanas que levantaron el ferrocarril transcontinental y el Canal. Allí, una juventud regional volvió a discutir cómo se hereda esa desigualdad y cómo se transforma en programa político.

El Congreso Afro-Latino Caribeño de Juventudes 2026 se celebró, además, en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826. El primer intento de articular políticamente las Américas vuelve, dos siglos después, en boca de quienes aquel primer congreso no nombró.

Lo que esa juventud reclama no es solo ser vista. Pide voz en la toma de decisiones, en las políticas públicas y en la gobernanza regional. Y lo hace en un momento en que el propio marco internacional de los derechos de las personas afrodescendientes se ha desplazado hacia un terreno inesperado, la inteligencia artificial.

El cuarto período de sesiones del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes se organizó bajo el tema de la justicia reparadora en la era de la inteligencia artificial. La ONU y sus mecanismos antirracistas vienen advirtiendo que los sistemas digitales pueden replicar desigualdades sistémicas cuando se diseñan, entrenan y regulan desde estructuras históricamente desiguales.

Ese marco aterriza de forma precisa en la declaración de Colón. Entre sus llamados aparece la necesidad de impulsar marcos éticos y regulatorios en inteligencia artificial que prevengan el perfilamiento racial algorítmico, la discriminación digital y la violencia tecnológica que afecta de forma desproporcionada a juventudes afrodescendientes, en particular a mujeres jóvenes afrodescendientes.

La pregunta antropológica deja entonces de ser solo cómo se representa a una población. Pasa a ser cómo una población es leída, ordenada, filtrada y gobernada por sistemas técnicos. Bases de datos, scoring crediticio, vigilancia, trámites automatizados, acceso a servicios, moderación de contenidos o sistemas de clasificación heredan una historia que dicen no tener.

La advertencia no sale de la nada. Desde los estudios críticos de datos, danah boyd y Kate Crawford recordaron hace más de una década que el big data no garantiza por sí mismo ni verdad, ni objetividad, ni precisión. Más datos no significan necesariamente mejores datos. Fuera de contexto, los datos pierden significado. Y que algo sea accesible no lo vuelve automáticamente legítimo desde el punto de vista ético.

La demanda de Colón entra por ahí. No pide una IA más diversa como gesto cosmético, sino una gobernanza capaz de preguntar quién clasifica, con qué datos, bajo qué historia y con qué consecuencias.

Durante décadas, las políticas multiculturales trataron el reconocimiento como un problema de visibilidad. Había que nombrar, representar, incluir, celebrar. Pero ser visible no garantiza ser reconocido como sujeto de derechos. También se puede ser visible como riesgo, perfil, categoría sospechosa, dato explotable o segmento de mercado. La diferencia social que estos sistemas heredan no desaparece al digitalizarse. Se automatiza.

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Amazonía brasileña

La segunda escena está en la Amazonía brasileña, donde comenzó la demarcación física del territorio Kawahiva do Rio Pardo, hogar de un pueblo indígena no contactado. Parece un caso clásico de antropología política. Territorio, Estado, frontera extractiva, tala, ganadería, carretera, decreto. Precisamente por eso conviene mirarlo de cerca.

La demarcación no es una línea en un mapa. Es una operación técnica que decide qué existe jurídicamente.

Aquí aparece una paradoja exacta. Un pueblo que evita el contacto, que no emite comunicados ni se sienta a negociar, necesita ser hecho legible por el mismo Estado del que huye para poder seguir sin contacto. Es la legibilidad de James C. Scott puesta del revés. Por lo común, el Estado mide y cataloga para gobernar. Aquí debe medir y catalogar para dejar de gobernar, para sustraer un bosque a la economía que avanza talando.

La supervivencia depende de expedientes, coordenadas, mojones y plazos administrativos. Una vez completada la demarcación física, todavía queda el último paso legal, el decreto presidencial que crea formalmente el territorio indígena.

El rechazo del contacto no es ausencia de historia. Es una forma extrema de defender una vida frente a economías que avanzan midiendo, ocupando y convirtiendo el bosque en recurso. La no relación también puede ser una relación política. Y el territorio indígena no es solo el soporte material de una cultura. Es su condición de posibilidad. Sin bosque no hay lengua, parentesco, memoria, caza ni movilidad que puedan sostenerse. El reconocimiento cultural, cuando llega tarde, puede convertirse en epitafio.

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Indonesia

La tercera escena está en Indonesia. Asia Centre e International Media Support han documentado cómo la desinformación climática golpea de forma específica a los pueblos indígenas. No es el gancho más reciente del radar, porque el informe se publicó en enero, pero funciona como pieza de fondo para entender el mismo problema desde Asia.

El mecanismo es conocido, aunque suele narrarse con un lenguaje demasiado limpio. Se invoca el desarrollo nacional, se promete modernización, se presentan los grandes proyectos como inevitables y se desacreditan las prácticas indígenas como atraso, ineficiencia o estorbo al progreso.

La clave no es solo que circule información falsa. Es que ciertos relatos producen realidad política. Si una comunidad aparece una y otra vez como obstáculo al desarrollo, su expulsión puede presentarse como gestión racional. Si sus saberes ambientales se describen como superstición, perder el territorio puede parecer una modernización necesaria.

Aquí conviene leer el desarrollo no solo como política pública, sino como lenguaje de poder. Arturo Escobar mostró que la antropología del desarrollo no puede limitarse a evaluar si los proyectos funcionan o fracasan. También debe preguntar cómo el propio discurso del desarrollo define qué vidas aparecen como atrasadas, qué territorios quedan disponibles para la intervención y qué saberes son tratados como obstáculos. En Indonesia, la desinformación climática trabaja justamente sobre esa frontera. Convierte vulnerabilidad indígena en resistencia al progreso.

Este punto enlaza directamente con la antropología digital. La lucha por el territorio ya no sucede solo en tribunales, asambleas, caminos o bosques. También ocurre en medios, plataformas, informes técnicos, campañas y sistemas de recomendación.

La disputa por el clima es, cada vez más, una disputa por las condiciones de credibilidad. Quién puede hablar. Qué cuenta como evidencia. Qué conocimiento se toma en serio. Qué relato se vuelve sentido común.

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Lectura común

Las tres escenas parecen distintas. Una declaración juvenil en Panamá. Una demarcación en Brasil. Un informe sobre desinformación en Indonesia. Pero juntas dicen lo mismo con precisión. El reconocimiento ya no se juega solo en el plano cultural. Se decide en capas técnicas.

En Colón, esa capa es el algoritmo. En la Amazonía, el catastro estatal y el decreto. En Indonesia, el flujo informativo que reparte los papeles de vulnerable y obstáculo. En los tres casos, una comunidad no disputa únicamente su imagen. Disputa las infraestructuras que vuelven su existencia legible, protegible o descartable.

De ahí la lección para pensar la inteligencia artificial desde la antropología. No basta con preguntar si las máquinas representan bien a las culturas. La pregunta más dura es qué hacen los sistemas técnicos con las diferencias sociales que heredan. ¿Las corrigen, las invisibilizan o las automatizan?

Un algoritmo de riesgo, un mapa de demarcación o una base de datos climática no solo describen el mundo. Lo ordenan, lo hacen gobernable, a veces lo protegen y a veces lo condenan. La técnica no llega después a culturas ya formadas. Participa en la producción de lo social.

Es, en parte, lo que Nick Couldry y Ulises A. Mejias llaman colonialismo de datos. Su propuesta no consiste solo en decir que las plataformas extraen información. El argumento es más fuerte. La vida social se convierte en una fuente continua de materia prima para sistemas de acumulación, clasificación y predicción. La analogía colonial importa porque señala una continuidad en la forma de apropiarse de mundos ajenos bajo lenguajes de progreso, eficiencia e innovación.

El colonialismo no vuelve solo con viejos símbolos. También puede volver como métrica, infraestructura, plataforma, trámite y relato técnico aparentemente neutral.

Por eso las respuestas tampoco pueden ser solo culturales. Las juventudes afrodescendientes reclaman participar en la gobernanza tecnológica, no solo ser celebradas. Los pueblos indígenas necesitan reconocimiento territorial efectivo, no admiración patrimonial. Las comunidades golpeadas por la desinformación climática necesitan disputar los regímenes de verdad que deciden qué cuenta como desarrollo.

La antropología tiene algo que aportar aquí, siempre que no se conforme con comentar desde fuera. Puede mostrar que no hay datos sin historia, ni territorio sin relaciones, ni clima sin política. Y puede recordar que lo técnico nunca es solo técnico cuando clasifica personas, distribuye riesgos y decide qué vidas merecen protección.

La pregunta final no es si las sociedades serán reconocidas por la tecnología. Es quién diseña las condiciones de ese reconocimiento. Quién nombra, quién mide, quién demarca, quién verifica, quién decide si una comunidad aparece como sujeto de derechos, como resto del pasado o como obstáculo al futuro.

En Colón, en la Amazonía brasileña y en Indonesia, lo que está en juego no es solo ser visto. Es existir de una forma que no pueda ser reducida, explotada ni borrada por las infraestructuras que dicen administrar el mundo.

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Fuentes