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Antropología económica

La tercera obligación: Accra y la deuda que Occidente no quiere devolver

La cumbre de Accra convierte la resolución A/RES/80/250 en una agenda institucional. Esta nota pregunta si reconocer el daño histórico obliga también a devolver y examina cómo esa cuestión reaparece en la economía política de la IA.

·Martín González Senosiain
Caja de archivo abierta y vacía, forrada de tela, sobre una mesa de madera oscura, junto a un objeto envuelto en papel y una pequeña tarjeta: una imagen de restitución y patrimonio pendiente de devolución.

Entre el 17 y el 19 de junio de 2026, Accra acogió la High-Level Consultative Conference on the Next Steps to the Landmark United Nations General Assembly Resolution A/RES/80/250. Convocada por John Dramani Mahama como Champion on Reparations de la Unión Africana, contó con delegaciones de más de ochenta países, además de organismos regionales, comunidades afrodescendientes, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. La cobertura periodística registró esa presencia; el documento final, por su parte, se formula en nombre de las personas participantes e incluye a los 123 Estados miembros que habían votado a favor de la resolución en marzo. Su propósito no era conmemorar una declaración, sino traducirla en una agenda de trabajo.

El resultado fue el Accra Next Steps Commitments on Reparatory Justice, disponible para descarga en el sitio oficial de la conferencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana. Es un documento de cuarenta y seis párrafos que propone dieciocho pilares estratégicos. Incluye verdad y disculpa formal, justicia legal, compensación, restitución cultural, descolonización, alivio de deuda, reforma de las instituciones financieras internacionales, responsabilidad corporativa, salud, justicia de género y climática, educación, memoria y derecho de retorno para la diáspora. También crea tres mecanismos de seguimiento: un Consejo Consultivo Global de Alto Nivel sobre Justicia Reparadora, un Panel Global de Expertas y Expertos sobre Restitución del Patrimonio Cultural y un Panel Jurídico Global sobre Justicia Reparadora.

La conferencia llegó acompañada de compromisos nacionales todavía limitados, pero políticamente significativos. Según la información recogida por Ghanaian Times, Países Bajos anunció la devolución de unos dos mil objetos a Ghana; Alemania expresó su disposición a repatriar bienes procedentes del Área Tradicional Bono; Dinamarca reafirmó su disculpa y su apoyo a la preservación del castillo de Christiansborg como lugar de memoria; y Francia manifestó disponibilidad para una comisión científica orientada a establecer la verdad histórica. La cobertura de la clausura obliga, no obstante, a mantener la precisión: se trata de anuncios, disposiciones y compromisos iniciales, no de restituciones ya consumadas.

El telón de fondo es la resolución A/RES/80/250, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de marzo de 2026 por 123 votos a favor, 52 abstenciones y 3 votos en contra. El texto declara la trata de africanas y africanos esclavizados y la esclavitud racializada de condición servil como «el crimen más grave contra la humanidad», reconoce que constituyeron violaciones de normas de jus cogens y llama a un diálogo de buena fe sobre disculpa formal, restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El registro oficial de votación confirma que Argentina, Israel y Estados Unidos votaron en contra; el Reino Unido y los veintisiete Estados de la Unión Europea se abstuvieron.

La resolución no crea por sí sola un mecanismo jurídicamente ejecutable ni fija una cuantía reparadora. Pero tampoco es una declaración vacía. Sitúa la reparación dentro de un lenguaje internacional de responsabilidad, afirma la persistencia de los daños y encarga al secretario general un informe sobre las acciones de los Estados. Ese desplazamiento importa, porque transforma una demanda que con frecuencia se presenta como memoria moral en un problema sostenido de cooperación, restitución y responsabilidad política.

Tres noes y dos maneras de entender la responsabilidad

De los tres votos negativos, el estadounidense fue el que expuso una doctrina más detallada y accesible. En su explicación de voto, Washington reconoció la atrocidad de la trata, pero rechazó un derecho legal a reparación por actos que, según su interpretación, no eran ilegales bajo el derecho internacional de su época. También objetó que el término «más grave» estableciera una jerarquía entre crímenes contra la humanidad y criticó que los agravios históricos pudieran utilizarse para redistribuir recursos actuales entre poblaciones alejadas en el tiempo de las víctimas.

La posición de la Unión Europea fue distinta en tono, aunque convergente en sus consecuencias jurídicas. Su declaración ante la Asamblea General describe la trata atlántica como una tragedia sin parangón, reconoce sus efectos duraderos y afirma una responsabilidad colectiva de combatir las desigualdades que persisten. Pero la UE rechazó el superlativo, cuestionó las referencias históricas y sostuvo que la retroactividad y las reclamaciones de reparación no encajan con los principios establecidos del derecho internacional. El Reino Unido formuló una objeción semejante, apoyada en la no retroactividad y la regla de la intertemporalidad.

Argentina e Israel se sumaron al voto negativo. Sin una explicación oficial estable y verificable comparable a las de Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido, conviene no atribuir a ambos una doctrina común ni convertir una hipótesis diplomática en un hecho. El dato firme es su oposición al texto aprobado.

Frente a estas posiciones, el marco de Accra parte de otra premisa. En la clausura de la conferencia, Mahama insistió en que la historia no exige heredar culpa personal, sino asumir responsabilidad por sus consecuencias. Esa diferencia es decisiva. No se enfrentan una memoria y una amnesia: se enfrentan dos maneras de traducir el pasado en responsabilidad. Una acepta el reconocimiento histórico y moral, pero se resiste a que de él se deriven obligaciones reparadoras sostenidas. La otra entiende que, cuando una relación histórica ha producido riqueza para unas partes y desposesión para otras, reconocer el daño obliga a reparar sus efectos.

Lo que Mauss vio antes que los juristas

En el Ensayo sobre el don, Marcel Mauss describió sistemas de intercambio articulados por tres obligaciones: dar, recibir y devolver. El don no es una transferencia inocente de bienes. Crea relaciones, compromisos, prestigio, rivalidad y, a veces, conflicto. Rechazar la devolución no equivale simplemente a conservar una cosa: altera la relación social que el intercambio ha puesto en marcha.

La analogía tiene un límite necesario. Mauss no describía una relación de dominación absoluta, y la esclavitud racializada negó precisamente la condición de sujeto de quienes fueron capturados, transportados y convertidos en propiedad. No hay, por tanto, equivalencia entre don y esclavitud. Pero esa diferencia vuelve más visible el problema. La trata no fue un intercambio recíproco frustrado, sino una extracción que convirtió cuerpos, trabajo, reproducción, territorio y futuro en fuentes de acumulación para otras economías e instituciones.

La pregunta maussiana aparece después, no antes: ¿qué ocurre cuando quienes se beneficiaron de esa relación reconocen el daño, pero niegan que ese reconocimiento produzca una obligación de devolver? La reparación no consiste en fingir que hubo una reciprocidad originaria entre partes iguales. Consiste en rechazar que la violencia y la desposesión puedan quedar fuera de toda relación de responsabilidad porque sucedieron en otro tiempo.

Karl Polanyi ayuda a precisar esa cuestión. En La gran transformación, llamó mercancías ficticias al trabajo, la tierra y el dinero: realidades que el mercado trata como bienes intercambiables aunque no fueron producidas para la venta. La esclavitud racializada fue más lejos. No añadió una cuarta mercancía ficticia, sino que instituyó un régimen que transformaba a personas y a sus descendientes en propiedad transferible, heredable y calculable. La resolución de Naciones Unidas lo formula de un modo más preciso: habla de una «ruptura definitiva en la historia mundial» cuya escala, duración, naturaleza sistémica, brutalidad y consecuencias duraderas siguen estructurando la vida de todas las personas mediante «regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital».

El Valle del Cauca ofrece una escena latinoamericana concreta. En Puerto Tejada, Michael Taussig y Anna Rubbo documentaron cómo una comunidad de personas anteriormente esclavizadas que, tras la abolición de 1851, había levantado un campesinado libre sobre tierra propia fue desplazada, con la llegada de los ingenios azucareros en la década de 1950, hacia el trabajo asalariado. No es una continuidad simple de la esclavitud, pero sí una transformación de la desposesión en subordinación laboral. Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca permite seguir esa historia sin convertirla en una alegoría abstracta.

Marshall Sahlins permite llamar a esta relación una forma extrema de reciprocidad negativa: una apropiación orientada a obtener el máximo posible dando lo mínimo. Alvin Gouldner aporta la otra cara del problema, la norma de reciprocidad que mantiene la expectativa de que recibir genera alguna obligación de respuesta. La trata atlántica institucionalizó una relación en la que la extracción no fue seguida de devolución, sino de nuevas formas de subordinación. La abolición terminó formalmente con la propiedad legal sobre personas, pero no liquidó por sí misma las desigualdades, los expolios y los regímenes raciales que aquella economía había consolidado.

La trampa de la cifra

Ante una deuda histórica de esta magnitud, el reflejo contemporáneo es pedir una cifra. Cuánto se debe, quién debe pagar, quién recibe, durante cuánto tiempo y con qué criterios. La compensación económica no sobra en esta conversación. Es una reivindicación legítima y central de los movimientos africanos, caribeños y afrodescendientes. El propio documento de Accra la incluye de forma expresa entre sus dieciocho pilares y reclama una aproximación que determine sus modalidades.

El problema comienza cuando la cifra se imagina como cierre. Un pago puede ser indispensable sin convertirse por ello en absolución. Michael Taussig mostró cómo el fetichismo de la mercancía puede ocultar las relaciones de dominación que hacen posible el valor. Llevado a este debate, el riesgo es que una suma pactada convierta una historia de violencia, riqueza acumulada y jerarquía racial en un expediente liquidado: pagado, por tanto concluido.

Accra evita por ahora esa clausura. No fija una cifra final ni un mecanismo único de cálculo. Propone, en cambio, una arquitectura amplia donde la compensación convive con restitución cultural, alivio de deuda, reforma institucional, acceso a la salud, reparación climática, educación, memoria, retorno y participación de las comunidades afectadas. No se trata de desplazar lo material hacia lo simbólico, sino de reconocer que ninguna compensación aislada puede reparar por sí sola una relación histórica de desposesión.

Por eso Accra resulta más interesante por lo que pone en marcha que por lo que promete resolver. La devolución de objetos, archivos y restos humanos puede tener efectos materiales, históricos y afectivos concretos. Pero su sentido no depende solo de cuántas piezas regresen o de qué cifra se acuerde. Depende de si esos gestos dejan de tratarse como concesiones voluntarias y pasan a formar parte de una relación sostenida de responsabilidad, restitución y transformación institucional.

El régimen no se ha cerrado; también ha cambiado de materia prima. Si la esclavitud convirtió personas en propiedad y Polanyi mostró cómo el mercado trataba el trabajo, la tierra y el dinero como mercancías, la economía de la inteligencia artificial abre otra frontera: lenguaje, comportamiento, relaciones y datos convertidos en insumo para el cálculo. Nick Couldry y Ulises A. Mejias llaman a este proceso colonialismo de datos: una forma de apropiación de la vida social que convierte la captura de datos en condición de acumulación. La continuidad no es una identidad entre épocas, sino una pregunta por la operación que reaparece: quién convierte lo vivido en recurso, quién controla la infraestructura que lo procesa y quién asume sus costes. Los modelos necesitan datos, cómputo, centros de datos, electricidad, agua y minerales críticos, mientras la infraestructura y la capacidad de cómputo se concentran en pocas economías y empresas, como documentan UNCTAD y la Agencia Internacional de la Energía.

Hay una coincidencia que conviene leer como interpretación, no como causa del voto. Estados Unidos lidera Pax Silica, una coalición orientada a asegurar las cadenas que alimentan la IA, desde minerales críticos y energía hasta semiconductores, cómputo e infraestructura. Argentina firmó la declaración de la iniciativa el 25 de junio y su Gobierno presentó al país como «proveedor confiable» de minerales críticos y recursos estratégicos para la IA. A esa inserción se suman una Unidad de IA Aplicada a la Seguridad autorizada a analizar datos históricos para predecir delitos, patrullar redes y analizar cámaras, y el Gemelo Digital Social, cuyo anuncio abrió preguntas públicas sobre datos, vigilancia y una posible relación con soluciones de Palantir. Israel, también integrante de Pax Silica, concentra una parte creciente de su economía tecnológica en IA: según datos de Startup Nation Central recogidos por CTech, la financiación de empresas de IA pasó de 4.900 millones de dólares en 2024 a una proyección de 7.900 millones en 2025. En Gaza, la prensa ha documentado que sistemas militares basados en IA permitieron generar listas de objetivos a una velocidad y escala inéditas, una afirmación que conviene mantener atribuida a esas investigaciones y no convertir en un dato autosuficiente. The Washington Post recoge, por ejemplo, esa valoración de un especialista de la Universidad de Tel Aviv.

Pero Pax Silica no distingue a los tres Estados que votaron en contra. La coalición incluye también al Reino Unido y, tras la ampliación de junio, a Alemania, Países Bajos y la Unión Europea: los tres primeros se abstuvieron en la resolución; en el caso alemán y neerlandés, sus gobiernos hicieron además anuncios o gestos de restitución en Accra. La rima es, por tanto, estructural, no una propiedad de tres gobiernos. El Atlantic Council advierte que el proyecto todavía depende de procesamiento mineral externo: incluso una estrategia de «cadenas confiables» puede mantener separadas la extracción de materias primas y los lugares donde se concentra el valor, la tecnología y la decisión. Nada de esto permite sostener que Estados Unidos, Israel y Argentina votaran contra A/RES/80/250 por la IA. Más bien muestra una geopolítica compartida que trata minerales, energía, cómputo y datos como recursos que hay que asegurar. El propio documento de Accra incorpora ya esta tensión: su pilar sobre tecnología reclama acceso efectivo a tecnologías emergentes, incluida la IA, y la eliminación de las barreras que impiden a los países en desarrollo beneficiarse de ellas. No pide caridad digital; pide capacidad, infraestructura y una participación menos subordinada en el orden tecnológico que viene.

La tercera obligación de Mauss no ofrece una fórmula jurídica automática. Ofrece una pregunta más incómoda. Cuando una sociedad reconoce que ha recibido riqueza, poder y ventajas duraderas de una relación fundada en la violencia, ¿puede seguir considerando la devolución como una opción generosa? Accra responde que no. La reparación no cancela la historia. La obliga a seguir siendo una relación.

Fuentes y bibliografía

Fuentes primarias y documentales

IA, cadenas de suministro y colonialismo de datos

Bibliografía teórica

Vídeo breve

Vídeo breve generado a partir de esta nota sobre la cumbre de Accra, la resolución A/RES/80/250 y la deuda histórica de la justicia reparadora.