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Antropología política e IA

La plataforma y la categoría

Palantir, Carissa Véliz y la disputa por quién define lo visible, lo urgente y lo descartable

·Martín González Senosiain
Composición editorial de un dossier administrativo rasgado, con papeles, formularios y objetos de cuidado sobre fondo oscuro.

El manifiesto de Palantir no prueba una continuidad con el fascismo histórico. Expone, sin embargo, una política de poder duro que obliga a preguntar quién diseña las categorías con las que un Estado ve, prioriza y actúa.

En abril de 2026, Palantir publicó en X un texto de 22 puntos que defendía el poder duro estadounidense, reclamaba el retorno del servicio nacional obligatorio y desestimaba los debates éticos sobre armas de inteligencia artificial como una demora que sus adversarios no asumirían. Entre sus frases más inquietantes, sostenía que «algunas culturas han producido avances vitales» mientras otras seguirían siendo «disfuncionales y regresivas», y pedía resistir un «pluralismo vacío y sin sustancia». La reacción política británica fue inmediata. Integrantes del Parlamento cuestionaron que una empresa con contratos relevantes en defensa, policía y salud pública formule además una doctrina sobre jerarquía cultural, fuerza y seguridad.

No es una declaración marginal. Enlaza una visión geopolítica de la civilización con una empresa dedicada a construir infraestructuras para que instituciones públicas conecten información, asignen prioridades y ejecuten acciones. No basta, por supuesto, para presentar a Palantir como una continuidad del nacionalsocialismo. El nazismo fue un proyecto estatal racial, colonial y exterminador; reducirlo a la mera existencia de categorías administrativas banalizaría sus crímenes y a sus víctimas.

Tampoco hay evidencia suficiente para sostener una genealogía lineal entre el manifiesto de Palantir y Carl Schmitt, la Revolución Conservadora alemana o cualquier otro itinerario intelectual concreto. Que el texto privilegie la urgencia, la fuerza y la separación entre aliados y adversarios permite una lectura crítica del decisionismo contemporáneo. No demuestra una filiación directa.

La comparación más rigurosa es otra. Las categorías dejan de ser inocuas cuando se fusionan con una teoría que jerarquiza vidas, con instituciones capaces de coerción y con mecanismos que hacen difícil discutir una decisión. El riesgo no está en toda clasificación. Está en convertir una clasificación revisable en una verdad operativa que ya no admite réplica.

Véliz y la predicción que ordena

La filósofa Carissa Véliz ofrece una clave decisiva para entender cómo ocurre el salto de una categoría descriptiva a una verdad operativa. En Prophecy y en una entrevista reciente, sostiene que «las predicciones a menudo son órdenes disfrazadas de búsqueda de conocimiento». Parecen describir el futuro, pero modifican expectativas, distribuyen recursos y orientan conductas hasta contribuir a producirlo. Su advertencia no es contra la estadística como tal. La salud pública, la epidemiología y la planificación de servicios dependen de observar regularidades colectivas. El problema aparece cuando una probabilidad sobre una población se convierte en destino para una persona concreta.

Una puntuación de riesgo, una alerta o una previsión de demanda no son neutrales cuando activan una inspección, retrasan una prestación, intensifican una vigilancia o fijan de antemano quién merece atención prioritaria. Véliz recuerda además que las categorías no llegan intactas desde la realidad. Las producen instituciones, formularios, prioridades presupuestarias y sistemas técnicos. Cuando las personas deben adaptarse a casillas administrativas para acceder a derechos, una medición puede ganar eficiencia y, a la vez, empobrecer aquello que dice describir.

Esto permite leer a Palantir con más precisión. El asunto no es que una plataforma calcule. Es quién define qué puede calcularse, qué relación entre variables se vuelve visible y qué respuesta queda disponible cuando una alerta aparece en pantalla.

La ontología no es una metáfora inocente

Palantir llama «ontología» a la capa semántica de Foundry. En su propia documentación, la define como una «categorización del mundo», una representación que organiza datos y modelos como tipos de objeto, propiedades, vínculos y acciones. La empresa explica que la ontología actúa como un gemelo digital de la organización y determina qué entidades existen para el sistema, qué relaciones pueden establecerse y qué modificaciones pueden ejecutarse.

Esta capacidad resuelve problemas reales. Una red sanitaria necesita vincular listas de espera, camas, derivaciones, personal y suministros. Una administración puede necesitar detectar registros duplicados o compartir información cuando existe base legal. El problema no aparece porque los datos se relacionen, sino cuando las relaciones habilitadas por una plataforma adquieren apariencia de necesidad técnica.

Una categoría no nace sola en el código. La construyen equipos técnicos, profesionales, contratos, reglas de acceso, modelos, presupuestos e instituciones que autorizan un uso. Una interfaz que destaca una variable antes que otra, una alerta que fija un umbral o una acción disponible solo para ciertos perfiles condicionan qué respuestas se vuelven más probables. El diseño de una plataforma puede estar distribuido, pero la responsabilidad también.

El NHS y la dependencia sin propiedad

El caso de la Federated Data Platform británica exige matices. NHS England afirma que mantiene el control de los datos, que Palantir no puede comercializarlos ni usarlos para desarrollar productos propios, y que cada trust o Integrated Care Board conserva la responsabilidad sobre su instancia local. La documentación también señala que el Canonical Data Model encargado por NHS England es propiedad del NHS, mientras que Foundry sigue siendo propiedad intelectual de Palantir.

Estas garantías importan. Impiden afirmar que la empresa posea los datos clínicos o la ontología sanitaria británica. El propio NHS sostiene que el contrato incluye controles de acceso, auditoría, planificación de salida y posibilidades de migración a otras soluciones. La plataforma tiene un valor de 330 millones de libras para un periodo de hasta siete años.

Pero control jurídico y dependencia material no son lo mismo. La gramática técnica de la plataforma, los permisos, las herramientas de acción, el mantenimiento de capacidades internas y la dificultad práctica de migrar siguen formando parte de una relación de poder que debe poder auditarse públicamente. La pregunta no es solamente quién almacena los datos. Es quién puede modificar la infraestructura con la que esos datos se vuelven comparables, priorizables y accionables.

Véliz ayuda a nombrar el riesgo. Una plataforma puede presentar una lista de espera, una previsión de demanda o un indicador clínico como un hecho evidente. Sin embargo, esa evidencia depende de decisiones previas sobre qué se ha contado, cómo se ha agrupado y qué desigualdades materiales quedan fuera del modelo. Un sistema puede mejorar la coordinación sin por ello agotar el significado de una situación de cuidado.

¿Quién vigila la infraestructura?

En diálogo con el trabajo de Marta Peirano sobre vigilancia, opacidad e infraestructura, conviene formular un criterio democrático antes que una etiqueta precipitada. La pregunta no es únicamente cuánto puede ver una institución. Es si las personas sujetas a sus decisiones pueden conocer, examinar y cuestionar los sistemas con los que son observadas, mientras esa institución acumula capacidad para clasificarlas, anticiparlas y actuar sobre ellas.

No es una definición exhaustiva de fascismo ni un atajo para equiparar realidades históricas distintas. Es una prueba concreta de asimetría democrática. Una administración puede usar datos con finalidades legítimas y, al mismo tiempo, concentrar una capacidad de vigilancia que la ciudadanía no puede auditar. Cuando la opacidad se vuelve unilateral, el control deja de circular en ambas direcciones. La infraestructura se convierte en una forma de mando difícil de discutir.

José Ortega y Gasset propuso una distinción que sigue siendo útil si se separa de sus presupuestos históricos y culturales, hoy difícilmente defendibles. La democracia responde a quién ejerce el poder. El liberalismo pregunta qué límites debe tener, incluso cuando lo ejerce una mayoría. En las plataformas públicas, ambas preguntas son inseparables. No basta con que exista una autorización democrática para desplegar un sistema. Debe haber límites materiales a lo que puede conectar, inferir y decidir, además de derechos efectivos para saber, corregir e impugnar.

Michel Foucault permite ir un paso más allá de la imagen de una vigilancia que solo prohíbe. El poder también produce saberes, discursos y campos de acción posibles. Gobernar, escribió, es actuar sobre las posibilidades de acción de otras personas. Una plataforma de datos no se limita a registrar una población. Organiza qué problemas aparecen, qué respuestas parecen razonables y qué conductas se convierten en objetivo de intervención. Por eso la cuestión no se reduce a privacidad. Afecta a la forma en que se gobierna.

Del manifiesto al contrato

La distancia entre una proclama política y una arquitectura operativa no es abstracta. En mayo de 2024, el Ejército estadounidense adjudicó a Palantir un contrato de 480 millones de dólares para el prototipo del Maven Smart System. El anuncio oficial lo describe como un contrato para ese prototipo. En mayo de 2025, una modificación añadió 795 millones de dólares para licencias del mismo sistema. También consta en el registro contractual oficial.

Poco después, el Ejército consolidó 75 contratos anteriores en un acuerdo marco que permite adquirir productos comerciales de Palantir durante hasta diez años, con un límite máximo potencial de 10.000 millones de dólares. El Ejército aclara que esa cifra no equivale a gasto ya comprometido.

Estos datos no prueban que una máquina autónoma decida por sí misma una acción letal. Sí prueban que la integración de datos, la priorización y la aceleración de los flujos de mando se han convertido en capacidades estratégicas de enorme valor. En ese contexto, el manifiesto de Palantir no funciona como un comentario exterior sobre geopolítica. Ayuda a legitimar una visión del mundo donde la velocidad, la superioridad técnica y la disposición a emplear fuerza aparecen como condiciones de seguridad.

Puede llamarse a esto compresión de la decisión. Una infraestructura no necesita emitir una orden explícita para alterar la acción. Basta con clasificar, jerarquizar, advertir y reducir el tiempo disponible para discutir lo que falta, lo desactualizado o la interpretación alternativa de un dato. La plataforma fabrica un entorno donde la duda se vuelve un coste operacional. Ahí la predicción puede dejar de ser hipótesis y empezar a operar como mandato.

No hay un único Sur Global

El lenguaje de la soberanía digital suele reproducir otro problema. Presenta a Estados Unidos y Europa como centros que diseñan tecnología, y a un supuesto Sur Global como un bloque pasivo donde se prueban sus efectos o donde los sistemas simplemente «fallan». Esa imagen borra historias institucionales, capacidades técnicas, resistencias y debates locales.

India obliga a romper ese esquema. Aadhaar es una infraestructura estatal de identificación con una escala extraordinaria, desarrollada y disputada en un contexto político propio. La auditoría del Comptroller and Auditor General of India reconoció que el sistema había emitido una identidad a una gran mayoría de residentes y se utilizaba para verificar identidad en la prestación de servicios. Al mismo tiempo, documentó admisiones con información incompleta, biometrías de baja calidad que inducían errores de autenticación y duplicados, además de problemas de supervisión de la infraestructura.

Aadhaar no es una «versión india de Palantir» ni un contraejemplo exótico para discutir problemas occidentales. Es otro campo de disputa sobre cómo una infraestructura puede ampliar capacidades y crear nuevas exclusiones cuando un cuerpo, una trayectoria o un documento no responden a los requisitos del sistema. El aprendizaje antropológico no es que la identificación digital fracase en el Sur Global. Cualquier infraestructura, en Londres, Nueva Delhi o Washington, debe poder ser cuestionada desde las vidas y los saberes que organiza.

Ciudadanía por categorías

Aihwa Ong ayuda a comprender por qué este problema no termina en la vigilancia. Sus trabajos sobre las mutaciones de la ciudadanía muestran que derechos, prestaciones y pertenencias pueden desarticularse y volver a ensamblarse según mercados, tecnologías y poblaciones. Una categoría técnica no solo retrata una situación. Puede abrir una vía de acceso, imponer una condición adicional o desplazar a alguien hacia una zona de menor protección.

Esta idea es especialmente relevante para sistemas sanitarios, fronterizos, laborales o de ayudas públicas. Cuando una plataforma ordena a las personas según riesgo, elegibilidad, movilidad, productividad o prioridad, la ciudadanía deja de aparecer como un conjunto indivisible de derechos. Empieza a distribuirse en expedientes, puntuaciones y excepciones. La pregunta democrática vuelve a ser sencilla y exigente. ¿Quién define esas categorías, con qué datos, bajo qué control y con qué posibilidad de apelación?

La respuesta no puede ser una nostalgia por instituciones sin información ni una confianza ciega en la eficiencia. Requiere capacidades públicas para comprender y modificar los sistemas, control independiente sobre sus reglas y participación sostenida de las personas y colectivos afectados. Sin esos contrapesos, la promesa de coordinación puede convertirse en una administración cada vez más desigual de la pertenencia.

El derecho a discutir la categoría

La antropología de las infraestructuras ha mostrado que los estándares se vuelven visibles cuando tropiezan con una vida concreta. Geoffrey Bowker y Susan Leigh Star llamaron torque a la tensión que aparece cuando una biografía debe ajustarse a categorías que no fueron hechas para ella. Annemarie Mol mostró, desde la práctica médica, que el cuerpo no existe de una sola manera. Se realiza de formas distintas en los instrumentos, las consultas, las decisiones clínicas y la experiencia de quien vive con una enfermedad.

Imaginemos a una persona con una enfermedad rara que alterna empleos estacionales con periodos de cuidado familiar y que ha perdido citas por distancia o transporte insuficiente. Un sistema optimizado para recorridos estándar puede registrar «baja continuidad laboral», «asistencia irregular» o «coste clínico atípico». En la experiencia de esa persona, las mismas marcas pueden nombrar demora diagnóstica, precariedad territorial y una red de cuidados imprescindible. La plataforma no inventa los datos. Decide qué relaciones entre ellos quedan disponibles para actuar.

Una infraestructura pública responsable no exige renunciar a los datos. Exige trazabilidad sobre los accesos y cambios relevantes, auditorías independientes, posibilidad efectiva de impugnar decisiones y categorías, capacidades públicas para modificar los sistemas y portabilidad real hacia otras soluciones. Exige también que las personas y colectivos afectados participen antes de que una clasificación se vuelva irreversible en la práctica.

El manifiesto de Palantir vuelve urgente esta discusión porque presenta el pluralismo y la deliberación como obstáculos frente a la seguridad. Pero la demora, la discrepancia y la posibilidad de decir «esa no es mi situación» no son fallos que una buena plataforma deba eliminar. Son condiciones para que una institución siga siendo pública.

La pregunta decisiva no es si las plataformas clasifican. Todas lo hacen. Es quién puede revisar la categoría antes de que se convierta en orden.

Fuentes y lecturas