Antropología del desarrollo

De Truman a Pax Silica

Cómo el desarrollo regresó convertido en seguridad tecnológica

14 de julio de 2026·Martín González Senosiain

Ilustración de un salar andino conectado mediante una cadena industrial con baterías, microchips, centros de datos y una nube digital, mientras una persona y varias llamas permanecen junto al agua.

Ilustración creada para AIthropology Lab.

Información factual revisada hasta el 11 de julio de 2026.

Nota sobre las fuentes

Pax Silica es una iniciativa en rápida expansión. La composición de la coalición, los proyectos anunciados y sus marcos jurídicos pueden cambiar en pocas semanas. Este ensayo distingue entre tres niveles de evidencia.

El primero corresponde a documentos oficiales, como la declaración fundacional de diciembre de 2025. El segundo reúne información periodística contrastada sobre adhesiones, negociaciones y proyectos. El tercero es interpretativo y articula esos materiales con la antropología del desarrollo, la ecología política y los estudios sobre infraestructuras tecnológicas. En este último nivel, el ensayo aplica análisis de discurso en la tradición crítica del desarrollo. No trata el vocabulario oficial como un adorno, sino como una práctica que clasifica territorios, define carencias, distribuye posiciones y vuelve legítimas determinadas formas de intervención.

Cuando una afirmación constituye una inferencia y no un hecho demostrado, el texto lo señala expresamente. Las cifras de precios se identifican por producto, mercado y fecha, porque no existe una cotización única y universal del «litio». La comparación de ingresos públicos por tonelada normaliza, cuando es posible, las cantidades a toneladas de carbonato de litio equivalente y distingue entre regalías, rentas contractuales e ingresos brutos de empresas estatales. Esas magnitudes no son jurídicamente idénticas ni representan por sí solas la recaudación fiscal total.

En junio de 2026, Argentina y Chile se incorporaron a Pax Silica junto con otros países de América Latina, Europa y Asia Central. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pasó así a reunir a 24 participantes alrededor de una arquitectura que abarca minerales críticos, energía, refinado, fabricación avanzada, semiconductores, centros de datos, modelos fundacionales y plataformas de inteligencia artificial. La ampliación se produjo durante una nueva cumbre en Washington, donde también se sumaron la Unión Europea, Alemania, Grecia, Países Bajos, Costa Rica, El Salvador, Kazajistán y Panamá (Financial Times, 2026).

Pax Silica no se presenta como una alianza militar ni como un tratado comercial convencional. Su declaración fundacional la define como una asociación destinada a construir cadenas tecnológicas seguras, innovadoras y prósperas entre economías consideradas confiables. El documento propone coordinar inversión, infraestructura, incentivos, protección de tecnologías sensibles y acceso a una pila que comienza en la energía y el procesamiento de minerales y culmina en el software, los modelos de frontera y las aplicaciones (Departamento de Industria, Ciencia y Recursos de Australia, 2025).

El nombre contiene ya una teoría del orden mundial. Pax remite a las fórmulas mediante las cuales distintos poderes imperiales han descrito como paz la estabilidad garantizada por su propia superioridad. Silica sitúa esa genealogía en el sustrato material de la computación. Si la Pax Americana estuvo asociada al poder militar, al dólar, al petróleo, a las instituciones financieras y al control de las rutas comerciales, Pax Silica anuncia un orden organizado alrededor del cómputo, los chips, la energía, los minerales y los datos.

Pero Pax Silica no aparece en un vacío histórico. Su promesa de prosperidad, seguridad mutua y colaboración técnica reactiva una gramática política mucho más antigua. Es la gramática del desarrollo que Estados Unidos convirtió en proyecto mundial después de la Segunda Guerra Mundial.

No se trata de afirmar que Pax Silica sea una repetición literal del Punto IV de Harry Truman, un nuevo Banco Mundial o un programa de extensión agrícola disfrazado de inteligencia artificial. Las instituciones, las tecnologías y los objetivos inmediatos son diferentes. La similitud reside en una operación más profunda.

Primero se identifica una carencia capaz de amenazar tanto a quienes la padecen como al orden internacional. Después se presenta el conocimiento técnico, la inversión y la reorganización productiva como remedios necesarios. Finalmente, se distribuyen funciones distintas dentro de una arquitectura cuyo centro conserva una capacidad desigual para establecer las reglas.

En 1949, la carencia recibió el nombre de subdesarrollo; en 2026, se denomina inseguridad de la cadena tecnológica.

La paz comienza nombrando una carencia

El 20 de enero de 1949, Harry Truman pronunció el discurso de investidura que Arturo Escobar situaría décadas después en el comienzo de la era del desarrollo. En su conocido Punto IV, Truman agrupó a buena parte de la humanidad bajo la denominación de «áreas subdesarrolladas». Describió sus economías como primitivas y estancadas y presentó su pobreza no solo como una tragedia para sus poblaciones, sino también como un peligro para las regiones prósperas.

Estados Unidos, afirmaba, poseía el conocimiento técnico y científico necesario para aliviar aquel sufrimiento. Producir más sería la clave de la paz y la prosperidad. Una aplicación más intensa de la ciencia moderna permitiría transformar las condiciones de vida y acercar a los pueblos considerados atrasados al modelo de las sociedades industriales (Truman, 1949).

El discurso no se limitaba a describir una diferencia económica. Construía una relación política entre quien poseía el conocimiento y quien aparecía como carente de él. Estados Unidos no era únicamente una sociedad situada más arriba dentro de una escala común. Era también quien podía identificar el problema, formular su solución y determinar la dirección que los demás debían seguir.

Escobar observa que aquella formulación convirtió la industrialización, la urbanización, la tecnificación agrícola, el aumento de la producción material y la adopción de valores modernos en componentes de una trayectoria universal. El capital, la ciencia y la tecnología debían reproducir en el resto del planeta las características de las sociedades consideradas avanzadas (Escobar, 2011).

La categoría de subdesarrollo consiguió así algo extraordinario. Convirtió historias, territorios y formas de vida muy diferentes en variaciones de una misma carencia. Comunidades campesinas, países recién independizados, sociedades devastadas por la explotación colonial y economías con instituciones propias podían ser reunidos en una única posición temporal. Todos parecían encontrarse detrás de quienes ya habían alcanzado el futuro.

Escobar denomina a este proceso una colonización de la realidad. El desarrollo dejó de ser una propuesta entre otras para convertirse en el marco desde el cual resultaba posible describir los problemas, producir conocimiento sobre ellos y justificar las intervenciones. Incluso quienes cuestionaban sus versiones dominantes tendían a reclamar otro desarrollo, un desarrollo participativo, socialista, humano o sostenible. La necesidad misma de desarrollarse permanecía fuera de discusión.

Pax Silica no utiliza el término subdesarrollo. Su vocabulario habla de resiliencia, trazabilidad, capacidad, seguridad económica, infraestructura y socios confiables. El desplazamiento es importante, pero la operación conserva una semejanza reconocible.

Los países ya no son ordenados únicamente por su nivel de industrialización. También son clasificados según su posición en el ecosistema tecnológico. Unos poseen minerales. Otros aportan energía, financiación, capacidad de fabricación, rutas logísticas o mercados. Un grupo mucho más reducido controla el diseño de chips, los equipos de fabricación más sofisticados, las plataformas de nube, los modelos fundacionales, las patentes y los mecanismos capaces de restringir su circulación.

La carencia contemporánea ya no consiste simplemente en no haberse desarrollado. Consiste en depender de proveedores considerados adversarios, carecer de infraestructura para la IA o permanecer fuera de una cadena definida como segura.

La misión tampoco recibe ya el nombre de desarrollo. Se presenta como reducción del riesgo, alineamiento e interdependencia confiable.

Dos guerras frías y una misma promesa técnica

El discurso de Truman no apareció únicamente después de una guerra devastadora. Se pronunció al comienzo de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos necesitaba ofrecer a los países que salían del colonialismo una visión del futuro capaz de competir con el proyecto soviético.

Wolfgang Sachs señala que el desarrollo proporcionó una imagen consoladora de un orden mundial en el que Estados Unidos ocupaba naturalmente la primera posición. Durante décadas funcionó también como un arma en la competencia entre sistemas políticos. La promesa de modernización, inversión y asistencia técnica estaba vinculada a la disputa por la lealtad de los nuevos Estados (Sachs, 2010).

Pax Silica emerge en otro escenario de confrontación. No existe una reproducción exacta de la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí una competencia tecnológica cada vez más organizada alrededor de China. La producción de semiconductores, el procesamiento de minerales, la capacidad de cómputo y el acceso a modelos avanzados han dejado de ser tratados únicamente como asuntos comerciales. Se han convertido en componentes de la seguridad nacional.

Como reflejo conceptual, algunas lecturas emplean la expresión Pax Sinica para describir una esfera de influencia organizada alrededor de Pekín. Conviene usarla con cautela. No es el nombre oficial de una coalición china equivalente a Pax Silica. Su correlato material más preciso es la Ruta de la Seda Digital, una extensión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta que articula redes de telecomunicaciones, fibra óptica, centros de datos, servicios de nube y estándares tecnológicos. Pax Silica y la Ruta de la Seda Digital no son estructuras simétricas, pero muestran cómo la infraestructura digital se ha convertido en un terreno de formación de bloques (Hillman, 2021).

La declaración de Pax Silica habla de proteger tecnologías sensibles e infraestructuras críticas frente a accesos, influencias o controles considerados indebidos. También reclama coordinación ante prácticas no mercantiles, sobrecapacidad y competencia desleal. Aunque China no se menciona en cada línea, la arquitectura se construye en relación con la voluntad estadounidense de reducir dependencias de sus cadenas industriales y tecnológicas (Departamento de Industria, Ciencia y Recursos de Australia, 2025).

La analogía histórica no debe llevarnos a decir que Truman y Jacob Helberg están pronunciando el mismo discurso. Truman ofrecía una vía de modernización universal. Pax Silica organiza una red selectiva entre economías que ya ocupan posiciones muy distintas.

Pero en ambos momentos la técnica aparece como instrumento de paz y como fundamento de una jerarquía geopolítica.

Truman prometía que la ciencia, el capital y la producción integrarían a las áreas subdesarrolladas en un mundo de abundancia. Pax Silica sostiene que la especialización tecnológica y las cadenas seguras permitirán preservar la prosperidad en un mundo fragmentado.

Truman ofrecía desarrollo para asegurar aliados durante la Guerra Fría, mientras Pax Silica ofrece seguridad económica para organizarlos durante una guerra fría tecnológica.

De la Pax Americana a la globalización asegurada

Entre ambos momentos hubo una transformación decisiva. El desarrollo de posguerra convivió con la consolidación de la Pax Americana, un orden sostenido por instituciones financieras internacionales, alianzas militares, apertura comercial y una profunda capacidad estadounidense para definir las normas de la economía mundial. A finales del siglo XX, ese orden pasó a presentarse menos como una sucesión de economías nacionales en proceso de modernización y más como una red global de producción.

Las cadenas globales de valor permitieron distribuir las distintas fases productivas según los costes, las capacidades y las ventajas de cada territorio. La fabricación podía desplazarse, las materias primas podían proceder de varios continentes y las empresas podían coordinar procesos muy extensos sin poseer directamente todos sus eslabones. El resultado no fue una desaparición de la jerarquía, sino su reorganización. El diseño, la financiación, la propiedad intelectual y las marcas permanecieron a menudo concentrados, mientras la extracción y la fabricación se desplazaban hacia territorios donde los costes eran menores o las regulaciones menos exigentes (Gereffi, 2018).

Pax Silica no rompe completamente con ese modelo. Conserva la división internacional de funciones, pero modifica el criterio que debe gobernarla. El coste deja de ser suficiente. La procedencia, el alineamiento estratégico y la seguridad pasan a decidir qué dependencias son aceptables.

La globalización no termina. Se geocerca.

No se propone producir todo en Estados Unidos. Se pretende que los diferentes componentes circulen dentro de un espacio de confianza, bajo mecanismos coordinados de inversión, control de exportaciones, trazabilidad y protección de infraestructuras.

Esta es una de las diferencias más importantes con el desarrollo clásico. Pax Silica no promete que cada participante construirá la pila tecnológica completa. Su declaración sostiene justamente lo contrario. La complejidad de la economía de la IA exige movilizar capacidades complementarias de empresas y territorios distintos.

La cuestión política es qué significa complementarse cuando unas capacidades pueden ser reemplazadas con facilidad y otras generan dependencias acumulativas.

Cuando el riesgo sustituyó a la riqueza

Sachs propuso llamar «era del desarrollo» al periodo abierto por Truman. Según su interpretación, el desarrollo no fue únicamente una política económica. Funcionó como una percepción que modeló la realidad, como un mito que dio orientación a Estados y sociedades y como una promesa capaz de justificar esfuerzos y sacrificios.

Con el tiempo, sus límites se hicieron visibles. Las sociedades industriales difícilmente podían seguir presentándose como destino universal cuando su consumo de energía y materiales no podía extenderse a todo el planeta. La distancia entre quienes encabezaban la carrera y quienes intentaban alcanzarlos tampoco se redujo del modo prometido.

Sin embargo, el agotamiento de la promesa desarrollista no significó la desaparición de sus instituciones ni de su forma de representar el mundo. Sachs identificó una mutación especialmente reveladora: la prevención sustituyó al progreso y la distribución del riesgo ocupó el lugar de la distribución de la riqueza.

Los aparatos del desarrollo dejaron de prometer con la misma convicción que todos alcanzarían la abundancia industrial y comenzaron a concentrarse en contener migraciones, guerras, catástrofes y amenazas. Continuaban identificando carencias y diseñando intervenciones, pero el horizonte había cambiado.

Pax Silica puede leerse como una expresión avanzada de esa transformación. No promete convertir a todos sus participantes en réplicas de Estados Unidos ni que cada uno domine por igual la totalidad de la economía digital. Propone una red de funciones diferenciadas dentro de un régimen común de seguridad, donde cada territorio participa desde aquello que posee o puede ofrecer —minerales, energía, suelo, puertos, financiación, fabricación, talento, mercado o capacidad regulatoria—. La igualdad es reemplazada por la complementariedad, la autonomía por una interdependencia seleccionada y el desarrollo universal por una integración diferenciada en una pila protegida.

Desde el punto de vista oficial, esa división permite que todas las partes obtengan beneficios. Las economías con recursos o capacidad industrial accederían a inversión y tecnología. Los centros que controlan el software, el diseño y las finanzas conseguirían suministros más seguros. La diversificación reduciría la vulnerabilidad ante interrupciones o presiones políticas.

Es posible que algunos de esos beneficios se materialicen. La crítica antropológica no necesita negarlos.

Lo relevante es determinar qué se distribuye realmente cuando se distribuyen las funciones. ¿Se distribuyen también el conocimiento, la propiedad intelectual, la capacidad de decisión y el poder de modificar las reglas? ¿O se distribuyen principalmente las responsabilidades productivas y los riesgos materiales?

A los territorios participantes ya no se les promete necesariamente alcanzar el centro. Se les ofrece protección frente a los riesgos de permanecer fuera de su arquitectura.

La cadena que borra la política

James Ferguson mostró que el desarrollo funciona como un marco interpretativo capaz de hacer inteligibles situaciones muy diferentes mediante una misma carencia. En su estudio clásico sobre Lesoto, las instituciones internacionales construyeron el país como un objeto particular de conocimiento y diseñaron sus intervenciones a partir de aquella representación.

Lo importante no era solo que el diagnóstico resultara verdadero o falso. Incluso una descripción defectuosa podía producir efectos políticos reales, como la ampliación de la capacidad burocrática del Estado y la transformación de las relaciones territoriales.

Ferguson llamó «maquinaria antipolítica» a la capacidad del desarrollo para traducir conflictos históricos y relaciones de poder al lenguaje aparentemente neutral de la planificación. Las decisiones políticas se presentaban como consecuencias técnicas necesarias para resolver problemas (Ferguson, 1994).

La noción de cadena de suministro realiza una operación semejante a escala planetaria. Vista como diagrama, la economía de la inteligencia artificial parece una secuencia ordenada y aséptica. En el comienzo aparecen la energía y los minerales. Después vienen el refinado, la fabricación avanzada, los semiconductores, los centros de datos y los modelos. Al final se sitúan las plataformas y aplicaciones que llegan a administraciones, empresas y personas usuarias.

La cadena de Pax Silica es, por tanto, una tecnología de ordenamiento. Al traducir el control geopolítico sobre un yacimiento en «resiliencia», la concentración de propiedad intelectual en «especialización», la subordinación regulatoria en «interoperabilidad» y el alineamiento frente a China en «confianza», no se limita a cambiar de vocabulario. Define qué conflictos pueden aparecer como políticos y cuáles quedan desplazados hacia la categoría de externalidad, riesgo operativo o necesidad logística. Los despojos de tierra, las crisis hídricas y la desigual distribución del valor se codifican en protocolos, indicadores y contratos.

La cadena de suministro no elimina la política. La reorganiza espacialmente, la inscribe en procedimientos técnicos y después la presenta como logística.

La cadena que estabiliza la jerarquía

La metáfora no solo oculta la jerarquía, sino que también puede estabilizarla.

No todos los eslabones poseen la misma capacidad de sustitución. Un territorio que suministra litio, cobre, níquel o energía compite con otros territorios que pueden ofrecer recursos semejantes. La apertura de un nuevo yacimiento, una innovación química o un cambio en los precios puede reducir su importancia.

Quien controla una plataforma, un modelo, una arquitectura de nube o un estándar técnico se encuentra en otra posición. Cada nueva institución que adopta ese sistema puede aumentar su centralidad. Los datos se adaptan a sus formatos, las plantillas laborales se forman en sus herramientas y los procesos productivos se reorganizan alrededor de su funcionamiento. Abandonarlo implica costes financieros, organizativos y políticos.

Mientras el recurso mineral puede ser sustituido por otro proveedor, la infraestructura digital tiende a producir una dependencia acumulativa.

Esa dependencia puede duplicarse cuando las plataformas utilizadas para cartografiar yacimientos, optimizar bombeos, coordinar transporte o administrar contratos alojan en nubes propietarias los datos operativos del territorio. El país proveedor ya no entrega únicamente materia y energía. También puede entregar telemetría, modelos geológicos, patrones logísticos y conocimiento sobre el funcionamiento de sus propias infraestructuras. Las interfaces, formatos y flujos de trabajo del proveedor convierten después ese conocimiento local en una arquitectura difícil de migrar. Pax Silica no obliga en su declaración a contratar una nube o una plataforma concreta, por lo que se trata de un riesgo analítico y no de un efecto demostrado. La preocupación es suficientemente real como para que el Reglamento europeo de Datos imponga obligaciones de portabilidad, interoperabilidad y cambio entre servicios de procesamiento con el propósito explícito de reducir el bloqueo tecnológico (Unión Europea, 2023).

Esta diferencia rompe la apariencia de una cadena formada por eslabones equivalentes. La sustituibilidad disminuye conforme se asciende desde la materia hacia la propiedad intelectual, el diseño y los estándares.

La declaración de Pax Silica promete acceso de los socios confiables a la pila completa. Pero acceder a una tecnología no equivale a controlarla. Utilizar un modelo no significa participar en su gobierno. Comprar chips no otorga capacidad para decidir a quién se venderá la siguiente generación. Alojar un centro de datos no confiere soberanía sobre el software que se ejecuta en él.

La complementariedad puede generar cooperación real. También puede convertir una división jerárquica del trabajo en una arquitectura más difícil de abandonar.

El consenso de la suma positiva

David Mosse ayuda a comprender cómo estas políticas mantienen su legitimidad sin necesidad de imaginar una conspiración perfectamente coordinada.

Según Mosse, el desarrollo necesita renovar constantemente su lenguaje moral. Cuando palabras como progreso, modernización o ayuda pierden credibilidad, aparecen nuevos paradigmas construidos alrededor de la participación, la colaboración, la ciudadanía, la democracia o el buen gobierno. El campo conserva una orientación persistentemente positiva hacia el futuro. Cada fracaso puede interpretarse como consecuencia de un diseño incompleto, una implementación deficiente o la necesidad de encontrar un marco mejor (Mosse, 2004).

Las políticas tampoco se limitan a dirigir las prácticas. Las instituciones y las personas participantes trabajan para mantener representaciones coherentes de lo que el proyecto es y de los beneficios que produce. Esa coherencia permite reunir intereses distintos, obtener financiación y preservar alianzas incluso cuando la realidad se aleja de las promesas iniciales.

El lenguaje de Pax Silica cumple esta función de articulación. «Suma positiva» evita la apariencia de una competencia donde una parte gana lo que otra pierde; «socios confiables» convierte una delimitación geopolítica en una cualidad moral; y «seguridad mutua» reúne en una misma expresión los intereses de una potencia tecnológica, un país minero, una economía manufacturera, un fondo soberano y un Estado que aspira a atraer centros de datos.

No es necesario que todos entiendan Pax Silica de la misma forma. Para Estados Unidos puede representar un instrumento de competencia tecnológica con China; para los Países Bajos, una forma de proteger el papel estratégico de su industria de semiconductores; para Filipinas, una oportunidad de atraer fabricación avanzada, infraestructuras y empleo; para Argentina y Chile, una vía para obtener inversiones, divisas, acceso a mercados y una posición negociadora dentro de la nueva economía tecnológica; y para los fondos soberanos del Golfo, un marco de seguridad que transforme energía y capital en capacidad de cómputo.

Estas motivaciones no son equivalentes, pero pueden convivir dentro de una declaración suficientemente amplia. La iniciativa reúne a sus participantes porque les permite reconocerse en una narrativa común sobre prosperidad, innovación y seguridad.

Querer entrar también es una forma de agencia

Un análisis crítico corre el riesgo de representar a los países del Sur Global como actores pasivos, engañados o simplemente sometidos. Esa lectura sería insuficiente. La etnografía del Estado obliga a observar que Argentina, Chile o Filipinas no actúan como bloques monolíticos, sino mediante burocracias fragmentadas, empresas públicas, gobiernos subnacionales, élites tecnocráticas, sectores exportadores y movimientos territoriales que compiten por definir el interés nacional.

Akhil Gupta mostró que «el Estado» se experimenta a través de oficinas, expedientes, mediaciones y prácticas burocráticas concretas, mientras James C. Scott explicó cómo la administración vuelve legibles territorios complejos mediante categorías simplificadoras. Desde esta perspectiva, la adhesión a Pax Silica no expresa una voluntad nacional única. Es el resultado provisional de coaliciones internas capaces de traducir las prioridades de la alianza al lenguaje de la inversión, el empleo, la productividad y la seguridad económica (Gupta, 2012; Scott, 1998).

Quienes ocupan posiciones tecnocráticas o dirigen sectores exportadores pueden actuar como intermediarios entre el capital global y el territorio. Para esos actores, incorporarse a una arquitectura desigual puede constituir un cálculo racional. Negociar desde dentro promete divisas, infraestructura y acceso a mercados en un mundo donde los estándares tecnológicos se fijarán con o sin su presencia. El beneficio inmediato no elimina la subordinación posible, pero ayuda a explicar por qué la iniciativa puede generar adhesión real y no solo obediencia.

La capacidad de negociación tampoco se distribuye de manera homogénea. Los países que aportan un gran mercado, financiación, tecnología o un cuello de botella difícil de sustituir pueden exigir condiciones más favorables que aquellos que compiten entre sí por atraer inversión extractiva con menos recursos de poder.

En Argentina, el Gobierno nacional y las provincias productoras promueven proyectos de litio mediante concesiones e incentivos como el RIGI, mientras organizaciones indígenas y ambientales cuestionan el consumo de agua, los impactos acumulativos y la forma de autorizar explotaciones en ecosistemas salinos. En Chile, la estrategia estatal encabezada por Codelco y su asociación con SQM ha avanzado junto a resistencias parlamentarias, litigios empresariales, evaluaciones regulatorias y consultas con comunidades indígenas del Salar de Atacama. La adhesión a una arquitectura internacional puede ser impulsada por élites administrativas, empresas estatales y sectores exportadores sin constituir por ello un consenso homogéneo en el interior del país (Reuters, 10 de julio de 2024; Reuters, 24 de abril de 2025).

La cadena intenta representar al Estado como un nodo unitario, pero la política reaparece en sus fracturas internas. Ministerios económicos, provincias, empresas públicas, autoridades ambientales, comunidades y movimientos territoriales no valoran del mismo modo la inversión, el agua, el empleo ni la conservación de los salares. El poder de Pax Silica consiste también en organizar un campo de posibilidades donde la integración ofrece beneficios concretos a ciertos sectores, mientras muchos de sus costes se desplazan hacia quienes rara vez participan en las cumbres de Washington.

La dominación contemporánea no siempre obliga a elegir. A menudo organiza las opciones disponibles.

Del sistema filosófico al sistema económico

La trayectoria de Jacob Helberg introduce otra dimensión. Antes de convertirse en subsecretario de Estado para asuntos económicos y principal arquitecto público de Pax Silica, Helberg fue asesor sénior de Alex Karp, director ejecutivo de Palantir. También cofundó el Hill and Valley Forum, un espacio donde se encuentran responsables políticos de Washington, capital de riesgo, empresas tecnológicas y actores vinculados a la defensa (Barron’s, 2025; Axios, 2026).

La trayectoria política de Helberg acompaña ese desplazamiento institucional. Barron’s reconstruye su paso desde las donaciones demócratas hasta el apoyo financiero a organizaciones republicanas, la campaña de Trump y, finalmente, su nombramiento. El artículo confirma además que, en 2021, Helberg rechazó expresamente la falsa afirmación de Trump de haber ganado las elecciones de 2020. Ese desacuerdo anterior permite medir la magnitud de su viraje, pero no debe confundirse con la causa que él mismo atribuyó después a su realineamiento: el rechazo a determinadas políticas demócratas y lo que describió como un giro antiisraelí y un aumento del antisemitismo en sectores de la izquierda tras el 7 de octubre de 2023 (Le Monde, 2026). Su recorrido no es idéntico al de Karp, pero ambos forman parte de un realineamiento más amplio de sectores de Silicon Valley hacia el nacionalismo tecnológico y la política de poder.

Esta continuidad no demuestra que Palantir haya diseñado Pax Silica en una sala cerrada ni que Karp dirija la política exterior estadounidense. La relación más significativa es la circulación de personas, conceptos y formas de entender el poder entre Silicon Valley, el aparato de seguridad y la política industrial.

El caso de Karp muestra cómo puede construirse una narrativa ética alrededor de una infraestructura controvertida.

Durante la primera etapa de Palantir, su formación en teoría social funcionó como una importante herramienta de legitimación. Presentaba el software de integración de datos como un «sistema filosófico» y describía los controles de privacidad incorporados al producto como un remedio hegeliano capaz de reconciliar seguridad pública y libertades civiles.

La contradicción no desaparecía, sino que se trasladaba al diseño.

Una tecnología destinada a cruzar grandes cantidades de información podía presentarse no como una amenaza a la privacidad, sino como el instrumento capaz de protegerla mejor que sus alternativas. Las salvaguardas incorporadas al código se convertían en argumento moral para extender el sistema.

Con el tiempo, el discurso de Karp se desplazó hacia un nacionalismo tecnológico explícito. Criticó a las empresas que se negaban a colaborar con el Pentágono, defendió la superioridad de Occidente por su capacidad para organizar la violencia y sostuvo que el poder duro del siglo XXI se construiría mediante software (elDiario.es, 2026).

Entre el remedio hegeliano de Karp y la suma positiva de Pax Silica existe una semejanza formal. Palantir afirmaba que podía ampliar la vigilancia y proteger la libertad al mismo tiempo, mientras Pax Silica sostiene que puede organizar dependencias asimétricas y convertirlas en soberanía compartida. En ambos casos, una contradicción política se presenta como una solución técnica superior.

El barniz ético no desaparece por completo, pero deja ver la armadura. El remedio hegeliano legitimaba la vigilancia incorporando la ética al software. El nacionalismo tecnológico legitima ahora la hegemonía incorporando la geopolítica a la infraestructura.

Ese desplazamiento prepara el paso desde la ética interna del producto hacia la clasificación moral del ecosistema. «Confiable» deja de referirse solamente a la seguridad o a la privacidad de una herramienta y comienza a designar qué empresas, proveedores, redes y Estados pueden permanecer dentro del perímetro tecnológico occidental.

Socios confiables y tecnologías autoritarias

La palabra «confiable» ocupa un lugar central en Pax Silica, pero su significado no es evidente.

No parece designar exclusivamente a democracias liberales con instituciones transparentes. La coalición incluye sistemas políticos distintos. La confiabilidad se refiere sobre todo al alineamiento estratégico, a la protección de tecnologías sensibles, a la seguridad de la inversión y a la voluntad de integrarse en un ecosistema definido frente a rivales geopolíticos.

Empíricamente, esa confianza se traduce en prácticas de seguridad de la inversión, cooperación para aplicar controles nacionales, protección de tecnologías e infraestructuras frente a accesos o influencias considerados indebidos, compromisos contra la sobrecapacidad y el dumping, selección de proveedores y despliegue de redes, cables y centros de datos calificados como confiables. También exige previsibilidad jurídica e interoperabilidad entre políticas nacionales. La declaración fundacional no publica, sin embargo, una rúbrica objetiva para puntuar a los socios, una auditoría independiente, un procedimiento explícito de suspensión ni la obligación de adoptar estándares concretos de ISO, IEC o NIST. Por ahora, «confianza» funciona más como una categoría político-administrativa negociada mediante controles nacionales, contratos y acuerdos de proyecto que como una certificación técnica universalmente verificable (Declaración de Pax Silica, 2025).

Esta ausencia no significa que los estándares técnicos carezcan de importancia. Significa que todavía no existe un pasaporte público único de pertenencia. La interoperabilidad, la procedencia de los equipos, el cumplimiento de controles de exportación y la capacidad de verificar la cadena materializan la confianza caso por caso, mientras la decisión final continúa dependiendo de autoridades y negociaciones políticas.

Esa definición produce una tensión importante. El campo político y empresarial del que procede Helberg está relacionado con tecnologías desplegadas en vigilancia migratoria, inteligencia militar, análisis policial y selección de objetivos. Palantir ha construido buena parte de su legitimidad defendiendo que estas herramientas protegen a las democracias occidentales, incluso cuando amplían capacidades estatales de control difíciles de supervisar públicamente (elDiario.es, 2026).

Pax Silica extiende esa tensión a escala internacional. La infraestructura se presenta como confiable porque se encuentra bajo la influencia de aliados y empresas occidentales. Pero la confianza no garantiza por sí misma transparencia, derechos laborales, protección ambiental ni rendición de cuentas democrática.

La categoría solo adquiere sentido al precisar para quién resulta confiable una infraestructura, frente a qué amenaza, bajo qué procedimientos y con qué posibilidad de impugnar las decisiones.

Una cadena puede resultar confiable para una corporación porque garantiza suministro y seguridad jurídica. Puede ser menos confiable para una comunidad cuyo acceso al agua depende de decisiones tomadas fuera del territorio. Puede ser confiable para una agencia de defensa y opaca para quienes no pueden conocer cómo se emplean sus datos.

La confianza es una relación política. Pax Silica tiende a presentarla como una propiedad técnica.

Europa dentro y fuera de su soberanía

La incorporación de la Unión Europea muestra que la división entre centro y periferia no puede dibujarse de manera simple.

Europa alberga capacidades indispensables. Los Países Bajos concentran, a través de ASML, una posición crítica en la fabricación de maquinaria litográfica. Alemania conserva una poderosa base industrial. La UE dispone de capacidad regulatoria, mercado y proyectos propios de soberanía tecnológica. La Ley Europea de Chips de 2023 fue diseñada precisamente para reforzar la resiliencia y las capacidades del ecosistema europeo de semiconductores (Unión Europea, 2023).

Al mismo tiempo, Europa depende en gran medida de plataformas, modelos y proveedores estadounidenses. Su adhesión a Pax Silica puede reforzar la resiliencia de las cadenas y otorgarle participación en la definición del nuevo orden. También puede aumentar su subordinación a las prioridades de seguridad y exportación de Washington. La Comisión Europea se incorporó formalmente en junio de 2026, mientras los Países Bajos se sumaron en medio de desacuerdos con Estados Unidos sobre los límites a las exportaciones de equipos de fabricación de chips hacia China (Reuters, 25 de junio de 2026).

El ministro neerlandés de Comercio expresó con claridad esta ambivalencia. Su Gobierno compartía el objetivo de impedir que tecnologías sensibles llegaran a destinos considerados peligrosos, pero rechazaba que la cooperación se transformara en una imposición estadounidense sobre decisiones de seguridad nacional o sobre la actividad de empresas neerlandesas (Reuters, 23 de junio de 2026).

La posición de los Países Bajos muestra que un territorio puede controlar un cuello de botella imprescindible y seguir sometido a presiones externas sobre la manera de utilizarlo.

Por eso resulta demasiado sencillo afirmar que Europa capituló definitivamente. Lo que aparece es una relación de dependencias cruzadas, pero desigualmente gobernadas.

Pax Silica ofrece a la UE seguridad y coordinación. La UE aporta mercado, tecnología y legitimidad internacional. La disputa consiste en quién conservará la última palabra cuando la seguridad estadounidense, la autonomía europea y los intereses comerciales no coincidan.

La complementariedad funciona mientras las prioridades permanecen alineadas. Cuando divergen, reaparece la jerarquía que la palabra había ocultado.

Una tercera vía de soberanía incompleta

La polarización entre Pax Silica y la Ruta de la Seda Digital no agota todas las posibilidades. Una infraestructura local-first puede combinar centros públicos de cómputo, modelos abiertos, alojamiento local, estándares interoperables, portabilidad de datos y adaptación a lenguas o necesidades nacionales. No equivale a una autarquía capaz de reproducir por sí sola toda la pila tecnológica, sino a conservar control operativo sobre las capas donde una institución sí puede decidir dónde se ejecuta el modelo, quién accede a los datos, cómo se audita el sistema y si es posible cambiar de proveedor.

América Latina cuenta ya con un experimento relevante. En febrero de 2026, Chile presentó Latam-GPT, un modelo abierto coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. El comunicado de lanzamiento de CENIA atribuye su construcción a más de cien profesionales y más de sesenta instituciones de quince países. El corpus reunió más de 300.000 millones de tokens, equivalentes según la institución a unos 230.000 millones de palabras; Associated Press describió el conjunto como más de ocho terabytes de datos. Estas cifras emplean unidades distintas, pero convergen en mostrar una operación regional de una escala inusual (CENIA, 10 de febrero de 2026; Associated Press, 10 de febrero de 2026).

El proyecto se concibió como infraestructura base para aplicaciones educativas, sanitarias, administrativas y productivas, no como un competidor comercial directo de ChatGPT o Gemini. También representa un intento de producir capacidad técnica y de incorporar variedades lingüísticas, memorias y contextos regionales desde el entrenamiento, en lugar de tratarlos como correcciones posteriores. Esa ambición lo convierte en una alternativa concreta al papel de simple consumidor tecnológico.

El caso muestra al mismo tiempo los límites de esa soberanía. La versión 1.0 utilizó una arquitectura Llama 3.1 de 70.000 millones de parámetros y servicios de Amazon Web Services para el entrenamiento. CENIA informó que AWS redujo ese proceso de veinticinco a nueve días. Associated Press señaló que versiones posteriores se entrenarían en el centro de supercómputo de la Universidad de Tarapacá, una infraestructura chilena concebida precisamente para reducir la dependencia de las nubes privadas. La autonomía regional se construye, por tanto, con capas propias y ajenas entrelazadas: datos, curaduría y gobernanza regionales, pero chips y marcos de software procedentes de cadenas globales (CENIA, 2026; Associated Press, 2026).

Argentina forma parte del corpus latinoamericano —Wired atribuyó al país unos 210.000 documentos—, pero en las fuentes públicas revisadas no aparece todavía un programa nacional de cómputo público o un modelo abierto de escala comparable. Chile sí ocupa una posición de coordinación regional y está desarrollando capacidad local de supercómputo. La asimetría dentro de la propia alternativa es significativa: un país puede aportar documentos, conocimiento cultural y personas investigadoras sin controlar en igual medida la infraestructura que convierte esos materiales en un modelo (Wired, 1 de septiembre de 2025).

Experiencias recientes en Ucrania y Portugal ofrecen comparaciones externas sobre control local de modelos para servicios públicos y lenguas nacionales, pero no sustituyen el problema latinoamericano (Reuters, 7 de julio de 2026; Reuters, 1 de julio de 2026). Los pesos abiertos tampoco garantizan soberanía si el cómputo, la energía, las herramientas de despliegue o el mantenimiento dependen de proveedores externos. La alternativa más realista consiste en construir autonomía por capas mediante infraestructura pública, código auditable, formatos portables, competencias locales y capacidad efectiva para abandonar un proveedor. Pax Silica arrincona esa vía cuando presenta la especialización dentro del bloque como la única forma racional de autonomía.

El conocimiento que declara ignorantes a los demás

Mark Hobart denominó «crecimiento de la ignorancia» al proceso mediante el cual la expansión del conocimiento experto aumenta también aquello que las instituciones consideran desconocido, atrasado o incapaz.

En los proyectos clásicos de desarrollo, el conocimiento local no era simplemente una información incompleta que pudiera añadirse a la planificación. Con frecuencia quedaba subordinado de antemano porque el problema y su solución habían sido definidos desde las categorías de quienes intervenían. La economía, la tecnología y la gestión ofrecían un idioma aparentemente neutral que ocultaba la relación entre conocimiento y poder. Para desarrollar a una población era necesario constituirla primero como subdesarrollada e ignorante (Hobart, 1993).

En la economía de la IA, la carencia adopta categorías nuevas: falta de talento, debilidad institucional, ausencia de trazabilidad, insuficiente madurez regulatoria, déficit de infraestructura o baja capacidad de innovación. Esas limitaciones pueden ser reales, pero las formas de medirlas y las instituciones autorizadas para corregirlas nunca son neutrales.

Un territorio puede poseer conocimientos complejos sobre sus ciclos hídricos, sus suelos, su biodiversidad y sus formas de propiedad colectiva y aparecer, sin embargo, en el mapa de una cadena tecnológica principalmente como reserva mineral, emplazamiento energético o superficie disponible para una zona industrial. Una comunidad puede conocer con enorme precisión los límites ecológicos de una cuenca y seguir siendo representada como un obstáculo para una inversión considerada estratégica.

Hobart permite comprender que esa descalificación no consiste únicamente en ignorar un saber que ya estaba allí. La intervención experta produce activamente la frontera entre conocimiento e ignorancia: convierte unas observaciones en evidencia técnica y otras en creencia, resistencia o falta de madurez. La declaración de insuficiencia moldea qué conocimientos entran en el expediente, qué autoridades pueden hablar y qué realidades quedan fuera del mapa.

Marisol de la Cadena ofrece un vocabulario andino más preciso para entender qué se pierde en esa operación. En Earth Beings, construido a partir de una década de conversaciones con Mariano y Nazario Turpo, dos runakuna del Cuzco, muestra que las relaciones con Ausangate desbordan la separación moderna entre naturaleza y cultura. Cuando esas relaciones entran en expedientes, tribunales o negociaciones estatales, deben traducirse a categorías reconocibles —tierra, ambiente, patrimonio o propiedad—. La traducción permite intervenir políticamente, pero también deja fuera aquello que no cabe en esas categorías: los seres-tierra, las obligaciones recíprocas y las relaciones que hacen del territorio algo distinto de un depósito de recursos. No es solo un desacuerdo sobre el conocimiento disponible, sino sobre qué entidades pueden comparecer como parte de la realidad política (De la Cadena, 2015).

El conocimiento local no tiene por qué ser literalmente destruido. Basta con volverlo políticamente inaudible y admitir como relevantes solo los saberes traducibles a disponibilidad, productividad, seguridad jurídica, trazabilidad o rendimiento. Pax Silica no declara que las poblaciones sean primitivas. Las declara insuficientemente preparadas para la economía que otros han definido.

El silicio tiene territorio

El mismo lenguaje de síntesis que Karp aplicó al software para reconciliar vigilancia y libertad debe someterse aquí a una prueba material. La «soberanía compartida» y la «suma positiva» de Pax Silica adquieren otro significado cuando se calcula cuánto vale cada tonelada, qué parte permanece en el territorio y quién asume los costes de extraerla.

La etnografía de De la Cadena no debe trasladarse sin más desde el Ausangate peruano a una comunidad kolla argentina. Sí ofrece una advertencia metodológica: antes de convertir un salar en una reserva, conviene observar qué relaciones quedan sin traducción. Esa advertencia adquiere escala humana en Tusaquillas, al norte de Argentina, donde una crónica de Associated Press muestra a Irene Leonor Flores de Callata, una mujer kolla de 68 años, guiando llamas y ovejas por el cauce seco de un río. En uno de los lugares más áridos del planeta, el agua dulce sostiene el pastoreo, la alimentación y la continuidad de la comunidad, mientras bajo los salares cercanos se concentra el litio requerido por la transición energética. La escena no ilustra una teoría desde fuera: muestra el punto exacto en que la categoría económica de «reserva» empieza a dejar relaciones vitales fuera del mapa (Associated Press, 13 de marzo de 2024).

El contraste no autoriza a atribuir una cosmología única a todas las comunidades kollas, pero sí muestra que el desacuerdo excede el cálculo de cuántos metros cúbicos de agua puede consumir una explotación. Para la arquitectura logística, el salar es una reserva de mineral crítico que debe movilizarse hacia la cadena de valor. Para las formas de vida descritas en la crónica, agua, animales, salares y continuidad comunitaria no son componentes separables de un inventario. El conflicto afecta a aquello que el territorio es y a las relaciones que permiten habitarlo, no solo a la distribución de una renta futura.

Las imágenes corporativas de la inteligencia artificial suelen mostrar nubes, redes y flujos luminosos, pero no existe IA sin una movilización enorme de materia. Hacen falta minerales, agua, energía, suelo, cables, puertos, fábricas, sistemas de refrigeración y centros de datos; también se producen residuos, calor, alteraciones territoriales y conflictos por los recursos.

La Agencia Internacional de la Energía resume esta materialidad de forma directa. No hay inteligencia artificial sin electricidad para centros de datos, y la expansión del cómputo plantea cuestiones de seguridad, asequibilidad, emisiones e infraestructura energética (IEA, 2025).

Gian Carlo Delgado Ramos propone estudiar estos procesos mediante el concepto de metabolismo socioeconómico. Toda economía se apropia de energía y materiales, los transforma, distribuye y consume, y genera residuos. La sofisticación tecnológica no elimina ese metabolismo. Puede intensificarlo y desplazar sus efectos hacia nuevas fronteras extractivas (Delgado Ramos, 2013).

La ecología política obliga a observar quién controla la apropiación de los recursos, qué transformaciones territoriales produce y cómo se distribuyen sus beneficios y costes. Delgado Ramos analiza la apropiación de tierras como adquisición de paquetes de activos naturales. El territorio queda reducido a su valor económico mientras se debilitan los procesos de consulta y se excluyen otras formas de relación con la tierra.

Argentina y Chile no se incorporan a Pax Silica únicamente como nombres en una declaración diplomática. Junto con Bolivia ocupan los vértices del llamado triángulo del litio. Argentina era en 2025 el cuarto proveedor mundial y aprobó bajo su régimen de incentivos RIGI un proyecto de Rio Tinto por 2.500 millones de dólares; Chile conservaba las mayores reservas explotables conocidas y era el segundo productor. Chile es, además, el mayor productor mundial de cobre, metal indispensable para redes eléctricas, centros de datos, vehículos y equipamiento militar. Ambos territorios poseen también un potencial excepcional de energía solar, eólica e hidrógeno renovable, especialmente en Atacama y Patagonia (Reuters, 20 de mayo de 2025; Reuters, 7 de abril de 2025; Reuters, 8 de julio de 2025; Pfennig et al., 2022).

Ambos países pueden utilizar esta posición para atraer capital, ampliar el refinado, fabricar materiales activos, producir baterías o desarrollar tecnología propia. También pueden quedar expuestos a una competencia entre territorios por exportar recursos con escaso procesamiento local. Su participación no determina de antemano que vayan a quedar reducidos a proveedores de materias primas, pero tampoco garantiza que ascenderán hacia las capas de mayor valor.

El contraste de precios ayuda a observar dónde se acumula el valor. No existe un «precio del litio» único. Cambia según se trate de mineral, concentrado, carbonato o hidróxido, según la pureza y según el mercado. Como referencia pública reciente, el contrato más negociado de carbonato de litio en la Bolsa de Futuros de Guangzhou cerró el 3 de marzo de 2026 en 150.860 yuanes por tonelada, aproximadamente 21.000 dólares al cambio indicativo, después de caer casi un 13 % en una sola sesión. El 1 de julio, Reuters señalaba que el carbonato todavía acumulaba un aumento cercano al triple respecto a mediados de 2025, muestra de una volatilidad que recae de manera directa sobre los territorios extractivos (Reuters, 3 de marzo de 2026; Reuters, 1 de julio de 2026).

Ese precio bursátil no equivale necesariamente al ingreso efectivo de las empresas productoras. Buena parte del litio se vende mediante contratos de largo plazo, fórmulas indexadas, descuentos por calidad, costes logísticos y condiciones de entrega que pueden separar el precio realizado de la cotización de referencia. La distancia entre ambos valores es especialmente importante al calcular regalías o rentas públicas.

Tres regímenes para capturar la renta del litio

Tampoco existe una cifra fiscal única y directamente comparable por tonelada. Argentina cobra principalmente regalías provinciales sobre el valor en boca de mina. Chile combina rentas de arrendamiento ligadas al precio, impuestos y participación empresarial del Estado. Bolivia opera mediante una compañía estatal que recibe ingresos por ventas y asume a la vez los costes de producción. Aun con esas diferencias, los datos públicos permiten establecer órdenes de magnitud.

Argentina. La Ley 24.196 limita las regalías provinciales ordinarias al 3 % del valor en boca de mina. Para proyectos que no habían iniciado la construcción de la explotación antes de la reforma de 2024, las provincias pueden elevar el máximo al 5 %. Si se aplicaran esos porcentajes de manera puramente aritmética al precio de referencia de 21.000 dólares por tonelada de carbonato de litio, el techo sería de unos 630 dólares por tonelada con una regalía del 3 % y de 1.050 dólares con una del 5 %. La recaudación efectiva suele ser menor porque la base no es el precio internacional bruto, sino el valor en boca de mina después de deducir transporte, tratamiento, comercialización, administración, fundición y refinado. Son pagos directos a las provincias. El Estado nacional también recauda impuestos, pero esa carga depende de beneficios, deducciones y régimen de cada proyecto y no puede expresarse como una cantidad fija por tonelada (Argentina, Ley 24.196, arts. 22 y 22 bis).

Chile. El Estado no aplica una regalía uniforme por tonelada de litio. CORFO arrienda derechos en el Salar de Atacama a SQM y Albemarle mediante contratos cuyas rentas varían con el precio, a las que se añaden impuestos, aportes territoriales y, desde la asociación con Codelco, participación estatal en los beneficios. Como indicación histórica, CORFO obtuvo 5,4 billones de pesos chilenos en ingresos adicionales por esos contratos durante 2022 y 2023. El USGS estimó para esos años una producción chilena de 38.000 y 44.000 toneladas de litio contenido, equivalentes en conjunto a unas 436.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. La división arroja un promedio aproximado de 12,4 millones de pesos chilenos, cerca de 14.400 dólares, por tonelada equivalente. No es una tarifa vigente ni una medida exacta de toda la recaudación. Es una estimación retrospectiva correspondiente al extraordinario pico de precios de 2022 y 2023, mezcla dos ejercicios contables y recoge rentas contractuales, no una regalía fija. Con precios más bajos, el ingreso por tonelada desciende. Los nuevos contratos continúan vinculando los pagos al precio del litio y añaden participación de Codelco, de modo que no puede calcularse una cifra actual exacta sin conocer el precio realizado y las cuentas de cada operación (El País, 2025; USGS, 2024; Reuters, 22 de septiembre de 2025).

Bolivia. El contraste es institucional. Yacimientos de Litio Bolivianos pertenece al Estado, por lo que no cobra una regalía a una empresa privada equivalente a las argentinas, sino que factura la producción y soporta sus costes. Reuters informó que en 2024 YLB ingresó 15,6 millones de dólares con una producción de unas 2.000 toneladas, lo que equivale a cerca de 7.800 dólares de ingreso bruto por tonelada reportada. Esa cifra no es beneficio neto ni transferencia al Tesoro. De ella deben descontarse costes operativos, inversión, depreciación, financiación y posibles pérdidas. La propiedad estatal del ingreso bruto no significa que el Estado capture toda la renta. Además, el Gobierno boliviano anunció en enero de 2026 una nueva ley específica para el litio, señal de que el régimen fiscal y contractual seguía abierto a revisión (Reuters, 21 de octubre de 2025; Reuters, 19 de enero de 2026).

A la fecha de cierre de este ensayo, Bolivia no formaba parte de los 24 participantes de Pax Silica. Su modelo ofrece una vía distinta, basada en propiedad estatal, baja escala productiva y una revisión todavía abierta de las condiciones para atraer capital y tecnología. La ausencia boliviana muestra que la adhesión a la coalición no es automática ni universal. También expone los límites de una estrategia que, pese a conservar formalmente el recurso dentro del Estado, todavía no ha logrado transformar sus enormes recursos en una industria de gran escala (Financial Times, 2026).

La comparación muestra tres formas distintas de relacionar territorio y renta. Argentina ofrece una regalía visible pero limitada y calculada sobre una base reducida. Chile ha capturado una porción mucho mayor durante periodos de precios altos mediante contratos progresivos y participación estatal, aunque con gran volatilidad y menor transparencia por tonelada. Bolivia conserva formalmente la producción dentro del Estado, pero su baja escala y sus costes impiden equiparar ingreso bruto con riqueza pública disponible. El porcentaje jurídico de propiedad importa, pero también importan la productividad, la capacidad tecnológica, los contratos de venta y la posibilidad de transformar el recurso antes de exportarlo.

En el extremo manufacturero, la encuesta de BloombergNEF situó en 2025 el precio medio mundial de los paquetes terminados de baterías de ion-litio en 108 dólares por kWh. Un paquete de 60 kWh representaba así unos 6.480 dólares antes de integrarse en el vehículo, mientras los paquetes para almacenamiento estacionario promediaban 70 dólares por kWh y los destinados a vehículos eléctricos, 99. La comparación no es una equivalencia física directa: una tonelada de carbonato alimenta múltiples baterías y cada paquete incorpora otros minerales, componentes electrónicos, ingeniería y trabajo. Precisamente por eso resulta reveladora. El valor no se concentra en el momento de extraer el mineral, sino que se acumula a través de la conversión química, los materiales catódicos, las celdas, los paquetes, los sistemas de gestión, la integración industrial, el software, la financiación y la marca (Maisch, 2025).

Los diferentes regímenes fiscales —regalías argentinas, rentas chilenas vinculadas al precio y propiedad estatal boliviana— no solo revelan distintas formas de capturar la renta. También expresan expectativas diferentes sobre el tipo de integración perseguido, desde una economía que se contenta con extraer hasta otra que intenta procesar, fabricar y conservar capacidad tecnológica dentro del territorio.

De esa elección depende que la incorporación se limite a exportar recursos o incluya refinado, fabricación, conocimiento científico, participación en la propiedad intelectual y capacidad para gobernar los sistemas. También determina quién asumirá los costes hídricos, energéticos y ambientales. Una batería, un chip y un modelo de IA pertenecen a una misma economía material, pero sus beneficios y daños no se distribuyen en el mismo territorio.

El silicio tiene cuerpo. También tiene geografía.

New Clark City y la soberanía negociada por contrato

New Clark City, en la provincia filipina de Tarlac, muestra qué ocurre cuando la cadena de suministro adquiere una forma territorial concreta.

En abril de 2026, Estados Unidos y Filipinas anunciaron un centro industrial de unas 4.000 acres, aproximadamente 1.620 hectáreas, dentro del Corredor Económico de Luzón. El proyecto debía servir como plataforma para fabricación aliada y reforzar cadenas de minerales críticos, semiconductores, electrónica e infraestructuras tecnológicas. En ese momento, las autoridades filipinas todavía debían evaluar la disponibilidad de terrenos y negociar los detalles del proyecto (Reuters, 17 de abril de 2026).

La formulación oficial parecía confirmar la lógica de Pax Silica. Una instalación comercial, emplazada en un territorio aliado, ofrecería a las empresas velocidad, escala, seguridad jurídica y acceso a una red industrial protegida.

Pero en mayo apareció una controversia que reveló la política oculta dentro de la logística.

La autoridad filipina BCDA afirmó que Estados Unidos había solicitado un régimen de inmunidad para su personal. Filipinas rechazó cualquier acuerdo especial y sostuvo que el proyecto quedaría sometido a la legislación filipina y sería tratado como un desarrollo empresarial ordinario (Philstar, 2026).

Helberg negó después que su propósito fuera obtener inmunidad diplomática y explicó que Washington buscaba certeza y previsibilidad para las inversiones. En cualquier caso, el marco definitivo seguía abierto y las partes disponían de un periodo de negociación para precisar las protecciones y actividades de la zona (Reuters, 21 de mayo de 2026).

La discusión no demuestra que Filipinas vaya a perder su soberanía ni que la zona funcione bajo derecho estadounidense. Muestra que la soberanía no se conserva o se entrega en un único gesto, sino que se negocia en parcelas, cláusulas y exenciones. Las cuestiones decisivas aparecen dentro del contrato: quién ejercerá jurisdicción, qué protección recibirán las empresas, qué actividades se permitirán, quién aprobará los planes, qué obligaciones ambientales y laborales se impondrán y qué ocurrirá si las prioridades del país anfitrión divergen de las de la alianza.

Aquí la aportación de Hannah Appel adquiere un trabajo empírico concreto. Su etnografía de la extracción muestra que los contratos, los estándares técnicos, los enclaves y los saberes empresariales no se limitan a regular una actividad económica ya existente. Fabrican el mundo jurídico en el que esa actividad puede aparecer como normal, lícita y eficiente. En New Clark City, la infraestructura no comienza cuando llega una máquina: empieza cuando una cláusula distribuye jurisdicción, riesgo, inmunidad y responsabilidad (Appel, 2019).

La opacidad no es aquí un problema secundario de comunicación. Forma parte del objeto de estudio. Cuanto más se presenta la zona como solución técnica, más necesario resulta preguntar qué decisiones políticas han sido trasladadas al interior de acuerdos todavía negociados.

New Clark City también muestra la agencia filipina. El Gobierno quiere inversión e industrialización, pero rechaza formalmente la extraterritorialidad. No acepta ni se opone a Pax Silica en bloque. Negocia las condiciones de su participación.

La tensión no se encuentra entre soberanía absoluta y sumisión total. Se encuentra en cada una de las condiciones que determinan quién gobernará la infraestructura.

Asegurar la oferta mientras se erosiona la sociedad

Pax Silica busca asegurar las condiciones materiales de la expansión de la inteligencia artificial. Protege minerales, energía, fabricación, rutas comerciales, chips, centros de datos y modelos.

Pero esa misma expansión puede desestabilizar las sociedades que deben sostenerla.

Carson Block ha formulado una hipótesis extrema. La automatización podría desplazar una parte significativa del trabajo cualificado, reducir las aportaciones a fondos de pensiones y provocar retiradas de capital que castigarían especialmente a las grandes compañías tecnológicas cuyas valoraciones dependen de los flujos pasivos.

Block estima que la IA podría reemplazar alrededor del 15 % del empleo estadounidense del conocimiento en un plazo de tres o cuatro años. El descenso de las aportaciones y el aumento de las retiradas obligarían a los fondos indexados a vender activos, afectando de forma desproporcionada a Nvidia, Microsoft, Amazon y otras empresas situadas en el centro de la economía de IA (Block, 2026).

No es un pronóstico consensuado. Es la tesis de una persona inversora especializada en posiciones bajistas y debe presentarse como tal.

Su valor para este ensayo no reside en aceptar sus cifras, sino en la contradicción que identifica: Pax Silica se organiza para asegurar la oferta de inteligencia artificial, mientras la propia inteligencia artificial puede erosionar la demanda social que sostiene esa oferta. Una economía puede disponer de chips, electricidad y centros de datos y, al mismo tiempo, reducir los ingresos de las personas que compran bienes, aportan a sistemas de pensiones y legitiman políticamente el crecimiento.

Block sostiene que estabilizar los mercados sería más sencillo que reorganizar una sociedad donde el crecimiento se hubiera desacoplado del empleo. El problema no sería solo financiero. Sería la ruptura del contrato social.

La contradicción puede formularse de manera directa. ¿Qué clase de paz garantiza una cadena tecnológica si la sociedad que la financia pierde los ingresos necesarios para participar en la economía que esa cadena produce?

Pax Silica asegura materiales y plataformas, pero no ofrece todavía una respuesta equivalente para el trabajo, la redistribución o la protección social. De nuevo, el riesgo sustituye a la riqueza y se distribuye de forma desigual: las empresas aseguran suministros, los Estados aseguran alianzas, los territorios extractivos asumen daños ambientales y las personas trabajadoras afrontan la posibilidad de desplazamiento.

La seguridad de la cadena puede convivir con la inseguridad de quienes viven alrededor de ella.

Una paz de posiciones asignadas

En 1949, Truman afirmó que producir más conduciría a la paz y la prosperidad. Su discurso transformó la ciencia, el capital y la tecnología en instrumentos de una misión mundial. También convirtió a millones de personas en habitantes de áreas subdesarrolladas, situadas detrás de un futuro que otros ya representaban.

Pax Silica no reproduce exactamente aquel proyecto. No promete que todos los países recorrerán la misma trayectoria hasta convertirse en sociedades industriales semejantes, sino un lugar dentro de una arquitectura segura. Ese cambio parece más modesto y más realista porque reconoce que ninguna economía puede controlar por sí sola todos los minerales, procesos, máquinas y conocimientos que hacen posible la inteligencia artificial. Sin embargo, la renuncia a la autosuficiencia no elimina la pregunta por la igualdad; puede volverla más urgente.

Una interdependencia solo es mutuamente soberana si todas las partes tienen alguna capacidad para negociar sus funciones, rechazar las condiciones, modificar las reglas y abandonar la arquitectura sin sufrir daños desproporcionados.

Pax Silica promete acceso, confianza y complementariedad, pero todavía no demuestra que distribuya de igual modo la sustituibilidad, el valor, el conocimiento y el poder de decisión. Quien aporta un mineral puede ser reemplazado por otro territorio, mientras quien controla el estándar que organiza la cadena se vuelve más indispensable con cada nueva adhesión.

Ahí se encuentra la diferencia entre participar en un orden y poder gobernarlo. En este nuevo orden, el poder no reside solamente en la posesión de territorio o de capacidad militar convencional, sino en la capacidad de diseñar, coordinar y controlar los flujos tecnológicos que hacen posible la vida económica y política contemporánea. Ese poder, sin embargo, se vuelve frágil cuando la infraestructura asegurada erosiona el empleo, la demanda y el contrato social del que depende su legitimidad.

La antropología del desarrollo no obliga a negar la utilidad de la cooperación, la inversión o la infraestructura. Tampoco exige interpretar cada iniciativa internacional como una conspiración coherente o cada adhesión del Sur Global como un acto de sumisión. Su advertencia es más precisa: cuando una política presenta una organización particular del mundo como necesidad técnica, conviene observar qué relaciones de poder quedan fuera del diagrama; cuando promete seguridad, qué riesgos desplaza y hacia quién; cuando habla de complementariedad, si las funciones pueden cambiar; cuando ofrece confianza, quién puede exigir responsabilidades; y cuando distribuye lugares dentro de una cadena, quién conserva la capacidad de rediseñarla.

Pax Silica no promete que todos los países lleguen al mismo futuro. Les ofrece una posición dentro de una arquitectura que ya imagina cómo será ese futuro y qué deberá aportar cada territorio para sostenerlo.

La cuestión decisiva no es solo quién puede entrar.

Es quién podrá cambiar de lugar una vez dentro.

Y quién tendrá autoridad para construir otra arquitectura cuando la paz del silicio deje de parecer una promesa compartida.

Referencias